La última piocha de O’Higgins

En el ambiente se respira un aire de absoluta incertidumbre respecto al resultado de la elección presidencial. Unos hacen cálculos desde la torrentosa corriente desatada en el pasado plebiscito constitucional y en la elección de constituyentes (donde arrasó la opción Apruebo y las candidaturas impugnadoras al status quo obtuvieron mayoría de asientos). Otros separan aguas presidenciales del resto de las votaciones ocurridas post revuelta social, recurriendo a la alta votación obtenida por la derecha en las anteriores presidenciales (apelando a ese híper presidencialismo psicológico de los chilenos). También están los que apuestan a que la gente, asustada por las posiciones de extremo, pida desenterrar la vieja mesa de Té Club de la Concertación. Lo cierto es que el ambiente de la calle ni siquiera da para sostener encuestas, pues los ciudadanos no explicitan sus preferencias y la mayoría se dice en duda o reflexión. Por lo mismo, es que los comandos y sus “expertos electorales”, para pronosticar posibles escenarios, han tenido que recurrir a la especulación de: cuánta gente saldrá a votar, la edad de la gente que lo hará y las características culturales de quienes marcarán su papeleta. En primera vuelta, ¿saldrá el Chile profundo o el Chile diverso? No cabe duda que se trata de la elección presidencial con mayor incertidumbre de la historia.

Pero donde no hay ni una pisca de incertidumbre es respecto al papel que el próximo gobierno deberá jugar en medio de la redacción de una nueva Constitución. Quien gane esta elección (de seguro en segunda vuelta) recibirá la banda presidencial de manos de Piñera el 11 de marzo de 2022 y cuatro meses después, el 4 de julio, la Convención tendrá que presentar su propuesta constitucional, que toda la ciudadanía votará en un plebiscito 60 días más tarde. La nueva Constitución no podrá poner término anticipado al periodo de autoridades electas por votación popular, salvo que estas ejerzan en instituciones que sean suprimidas o modificadas de manera sustancial.  Por ello es que el próximo gobierno debería ser catalogado como uno de transición, pues recibirá la banda sin tener claridad sobre si el sistema presidencial seguirá tal cual está o será reemplazado por otro. Ya lo dijo en una entrevista el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa: “Si la nueva Constitución establece un régimen transitorio que diga, por ejemplo, que un año después de la entrada en vigencia de la constituyente el gobierno llamará a elecciones, el gobierno tendrá que llamar a elecciones”.

Para algunos candidatos, como Gabriel Boric, el papel de Presidente de transición está asumido, algo que quedó en evidencia con sus declaraciones de hace unos meses: “Espero ser un Presidente que, cuando termine su mandato, tenga menos poder que cuando comenzó”. Cosa distinta ocurre con el candidato José Antonio Kast, quien fue uno de los rostros de la opción Rechazo y que públicamente ha manifestado no compartir diagnósticos y resoluciones de la Convención. Es válido sospechar que la Convención, por tratarse de un espacio donde se transpiran ideas y pasiones políticas, pudiera verse tentada a establecer definiciones a partir de quien resulte electo Presidente. Lo anterior puede sonar como un prejuicio o una falta de respeto hacia los miembros de esta institución, pero es evidente que un un proceso de reestructuración tan profundo como el actual difícilmente será puesto en riesgo por quienes aspiran a dejar su firma en la primera Constitución redactada en lógica democrática (es poco probable que la Convención no tome determinaciones respecto a un mandatario que amenaza su propia existencia).  

Esta será la última elección presidencial realizada desde el escenario teatral construido por la Constitución de 1980. Puede que se trate del último mandatario en recibir la híper presidencialista piocha de O’Higgins, y hasta ser el último elegido por voto popular (si es que cambiamos a un régimen parlamentario). Quien gane esta elección deberá someterse a nuevas reglas, y es posible que su periodo dure solamente un año. Por primera vez en nuestra historia el poder no estará ni en La Moneda ni en el Congreso.