¿Baterías de litio Made in Chile?

A propósito de la tristemente célebre y recientemente adjudicada licitación del litio, la cual ha sido con justa razón criticada por parte de la oposición (dados los variados problemas técnicos, estratégicos y legales que de ella se desprenden, entre otros múltiples argumentos desafortunados del gobierno para defender el proceso), se ha sostenido como argumento lateral de parte del ministro Jobet y otros personeros del gobierno que no tendría «ningún sentido económico» que Chile haga un esfuerzo por avanzar en la cadena de valor de las baterías de litio. Se ha argumentado para esto que el litio es menos del 10% del costo final de la batería y que como país estaríamos en total desventaja respecto a otros países potencialmente manofacturadores por estar lejos de los materiales y los centros de consumo. Así, sostienen ellos, no vale la pena seguir perdiendo terreno en una supuesta «carrera por exportar litio».

Si bien tiene sentido cuestionarse la conveniencia de impulsar programas de política pública de alto costo potencial en pos de un avance en la cadena de valor industrial de una tecnología específica, en este caso de baterías de litio, los (contra) argumentos presentados por el oficialismo son falaces, sobreideologizados y desalentadores para el país viniendo del líder de gobierno en temas de energía y minería porque implican la renuncia total a una mirada (y para qué decir estrategia) de desarrollo de largo plazo en esta área.

Observando a la empresa sueca Northvolt, una de las mayores productoras de baterías de litio en Europa, se constata que sus fábricas operan en países donde no se produce ni el 0% de las materias primas utilizadas en el proceso. En ese sentido, «tener sólo 10%» correspondiente al litio, si bien no es una ventaja comparativa decisiva, bajo ningún punto de vista es una desventaja, como se ha querido proponer. También se ha planteado que Chile está «lejos» del mercado de consumo de esta tecnología, pero no se menciona que el costo de transporte es una fracción mínima tanto para las materias primas como para las baterías. Se agrega que China tiene un costo de mano de obra tan bajo que es imposible competir, pero no se menciona que el costo de la mano de obra es menos del 5% del costo de una batería.

La aparente falta de ambición, justificada en tecnicismos cortoplacistas, es sin duda la consecuencia lógica de una ideología y un proyecto país en el cual la actividad del Estado, incluso en promoción tecnológica y creación de capacidades, se reduce al mínimo y el extractivismo rentista se potencia. En términos prácticos, las consecuencias de esta lógica para la economía del país en el largo plazo no necesitamos imaginarlas. Las hemos vivido a lo largo de la historia. 

Por su parte, la industria de manufactura de baterías requiere conocimiento tecnológico, capacidad industrial y una cadena de suministros estable y competitiva para acceder a los commodities requeridos. En Chile no tenemos ninguno de estos pilares, pero lo realmente preocupante es que no parece importarnos.

Por cierto que cualquier política pública de fomento industrial que se pretenda no puede ser del tipo 0/1. La manufactura de tecnología requiere conocimiento, una cadena de suministros sólida, un capital humano consolidado y un largo etcétera que no se construye de la noche a la mañana. Estas condiciones no están hoy en Chile para fabricar baterías, pero si no actuamos hoy en dar pasos tempranos en la cadena de valor, no lo estarán nunca. Se puede partir por avanzar en el procesamiento de las materias primas en este caso. Si así lo definiera el gobierno, tiene para esto la institucionalidad perfecta, Corfo, que a estas alturas desempeña una labor cuasi heroica por fomentar el desarrollo con un presupuesto discreto y maniatada por el principio de subsidiariedad del Estado.

Limitar el quehacer de la industria nacional del litio a vender carbonato o tener como máxima aspiración vender hidróxido de litio (en total ausencia de un plan estratégico para avanzar más allá en las próximas décadas) es miope y mala política pública. No se trata de hacer baterías mañana, sino de planear y localizar recursos provenientes de la extracción de materias primas para avanzar en capacidades tecnológicas y capital humano, desarrollar tecnología para reducir la huella de agua y de carbono en la extracción de litio de nuestros salares, repensar las posibilidades de la minería del cobalto, fomentar la creación de propiedad intelectual para el procesamiento de materiales activos y ensamblajes de módulos y packs para el mercado de latinoamericano y en dos décadas preguntarnos qué posibilidad tenemos de hacer tecnología ya en otra escala, quizás incluso baterías pero ya con el factor «reservas de litio» siendo irrelevante.

Si no invertimos en desarrollo tecnológico las rentas que le deja al país la explotación del litio y otros recursos naturales, sumaremos otra oportunidad perdida a una triste y larga lista en la historia de Chile. Para partir, repensemos la estrategia nacional de desarrollo industrial y las potenciales oportunidades que ofrece la minería del litio en un proceso abierto con los actores incumbentes y la sociedad en su conjunto.

No se trata de hacer sólo baterías, si no de avanzar en una estrategia y política de desarrollo tecnológico sustentable para Chile y para eso el litio y sus rentas son una excelente excusa y punto de partida.