Bien común y propiedad intelectual para el Chile del Siglo XXI

Para que la vida sea posible, todos entendemos que se necesita que concurran una infinidad de cosas. Y sabemos que independientemente del gobierno que nos rija, de la ideología o credo que profesemos, de la edad, sexo y género o del patrimonio y capital cultural que poseamos, todos necesitamos de la naturaleza, del aire, el agua, la tierra para ser cultivada, del lenguaje, las calles, las plazas, las ciencias, las artes y la cultura para seguir vivos.

Históricamente hemos dado por hecho que esos bienes no nos van a faltar, y que estos aseguran nuestro bienestar como humanidad. Sin embargo, sabemos que esta certeza hace tiempo que viene tambaleándose. A diario vemos como el agua escasea, el aire se contamina y el cambio climático provoca la muerte de especies y la degradación de nuestro entorno.  Y también vemos como el genoma humano se privatiza, las vacunas para el Covid 19 no llegan a todo el planeta por razones económicas, las ciudades se degradan, se hace negocio con los órganos humanos, la intimidad se transgrede y las artes y la cultura en buena parte se privatizan y son accesibles sólo para unos pocos con dinero. Y la memoria es sentenciada al olvido.

Desde luego estamos hablando de los bienes comunes, que son el sustento sobre el que fundamos la sociedad e  indispensables para construir comunidad y que forman parte de aquello que nos constituye como seres humanos e individuos culturales.  En su conjunto hablamos de bienes que son la mejor expresión de la abundancia. Garantizar la vitalidad de todos esos bienes siempre requirió mucha atención, cuidado y perspicacia.  El lenguaje, por ejemplo, no sólo es infinito en su desarrollo, sino que aumenta su valor cuanto más se emplea. En el caso del aire, es de todos si no está contaminado, si continúa siendo respirable y si todos podemos aún respirar algo similar. Y lo mismo puede decirse de las calles en nuestras ciudades, de la cultura visual y artística,  y de la salud médica física y psíquica. Todos los bienes mencionados se han convertido, y cada día lo serán más, en objetos mediáticos, artísticos, científicos o culturales, jurídicos, históricos, que son una y múltiples veces mirados, conformados, interpretados y movilizados por todos los medios conocidos, desde los gobiernos, los parlamentos, los mass media, hasta la ciudadanía, los sindicatos, movimientos sociales, Internet, el 5G y la web 2.0 con Facebook, Instagram, YouTube y twitter, como hemos visto en Chile durante el Estallido social, el Paro Nacional en Colombia de 2021 o en la Primavera árabe.

Los bienes comunes, que posibilitan el bien común -que es un principio estructural en lo que es la vida humana y las interrelaciones colectivas, y que ha sido definido por John Rawls como “ciertas condiciones generales que son de ventaja para todos”-,  entonces no son únicamente el símbolo que alimenta la aspiración a un mundo más justo, sino que  igualmente posibilitan una trama y traza de nodos donde debiera confluir lo mejor de nuestra sensibilidad y capacidad cognitiva, de la tecnología y las políticas públicas.  Porque hace falta muchísimo talento para garantizar un clima en donde podamos vivir, o para que las urbes sigan siendo el ámbito de la libertad, la esencia de la diversidad, el cuerpo de la afectividad.  Y el Internet, el 5G y la web sean el espacio de la creatividad y el lenguaje de las pluralidades, como por ejemplo de la plurinacionalidad en Chile. O para potenciar una naturaleza diversa y rica en donde podamos pervivir como especie humana junto a los demás seres vivos.

Todos los días nacen nuevos bienes comunes.  Por ejemplo las tecnologías libres (no necesariamente gratuitas en su totalidad) como los software libres como Linux, que permiten en muchos lugares del planeta,  a niños de diversos estratos sociales, aprender sobre el mundo y como mejorarlo. Pero también a diario algunos hacen cosas que no son respetuosas con el bien común al amenazar los bienes comunes que son de todos, en provecho propio.  Las compañías telefónicas contaminan el aire común de ondas electromagnéticas, laboratorios patentan terapias o semillas indígenas privatizando conocimientos ancestrales, o compañías se apropian de una canción tradicional o popular.  En casos extremos se ha llegado a privatizar el agua, como en Chile.

Y la degradación de los bienes comunes implica el debilitamiento de una comunidad y del sentido de la cooperación, por tanto la merma del bien común. Como vemos, la existencia de los bienes comunes no supone su distribución equitativa. Por el contrario, los bienes comunes, que para la mayoría de las personas son bienes compartidos, para una minoría son recursos de los cuales obtener beneficios. Debemos tener presente que siempre que se moviliza un recurso, se activa desde los poderes fácticos todo un sistema de coordinación de intercambios para descubrir sus bordes, hallar sus equivalencias y fijar un precio. Este es el modo como opera el mercado.  Pero los  bienes comunes no evocan los imaginarios de la exclusión, sino los de la cooperación y por ello, cuando irrumpe como mecanismo y sentido el procomún, que es una modo de producir y gestionar colaborativamente bienes comunes y recursos intangibles y tangibles que nos pertenecen a todos, y que por tal no son de nadie en particular, se regulan los intercambios de una manera distinta, a escala humana,  pues el procomún tiene éxito en la capacidad de atender y responder a las más disimiles necesidades de las comunidades, integrar lo individual y lo colectivo, lo económico y lo ético, salvaguardando el bien común.

La relación entre procomún y comunidad es estructural, al extremo de que no hay procomún sin comunidad, ni comunidad sin procomún, dándose que  este es un corpus que se apoya en comunidades estructuradas sobre la confianza. En ello el procomún nos vuelve a instalar en una visión humanista, en la que conquistan nueva legitimidad instancias que el modelo neoliberal ha dejado de lado, como la equidad, la transparencia, la diversidad, el acceso universal.

Las sociedades más justas, como las europeas, están cada vez más preparadas para corregir los ciclos de intercambio y las desproporciones propiciadas por el mercado, pues apelando a mecanismos propios del procomún, aplican fuerzas que compensan los desequilibrios generados por el mercado.  Lo anterior se puede apreciar en el financiamiento y desarrollo de las nuevas tecnologías de acceso abierto (AA), y de la Ciencia Abierta (Open Science), donde para la entrega de fondos públicos concursables de la Unión Europea, se exige que se establezcan claramente y se cumpla con los procedimientos de esta última para beneficiar a la comunidad científica, académica y a toda la sociedad.  Este tipo de políticas están permitiendo el crecimiento cualitativo en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).  Ello es así, porque como nos lo hizo ver la Premio Nobel de Economía Elinor Ostrom, el procomún es la matriz de la transparencia y de la reciprocidad y consecuencia de la articulación de la imaginación individual y colectiva, pues como todo conocimiento, objeto nuevo o instrumento conceptual, surge de conocimientos anteriores para estructurar su relación con la sociedad. Interesante es señalar la íntima vinculación entre procomún y las tecnologías libres y de acceso abierto al servicio del bien común.  En este contexto y de cara a una mayor democratización de los conocimientos y los bienes a nivel mundial, se hace necesario pensar en una armonización de los intereses privados y los públicos.  En este sentido, la Unión Europea desde hace un tiempo viene adecuando las leyes de propiedad intelectual a la nueva realidad del siglo XXI en beneficio de los creadores y la sociedad.

En lo que se refiere a la propiedad intelectual o de derechos de autor, las legislaciones decimonónicas como la chilena se han ido quedando atrás, pues mayoritariamente contemplan las obras materiales, mientras en los tiempos actuales de Internet y la Web 2.0, el 5G  y las apps, se producen cantidades crecientes de bienes inmateriales, donde se pone en cuestión la relación clásica entre «autor» y «obra», popularizándose obras efímeras y/o de autorías compartidas.  Además surgen obras asociadas al concepto mismo de «obra abierta», como ocurre en las artes visuales (ejemplo, Gustavo Romano) y la literatura (ejemplo, Wu Ming), en las que el espectador mismo empieza a jugar un papel en la autoría de las obras (ejemplo, Eva and Franco Mattes).

En cualquier caso, la gran superestructura de la propiedad intelectual a nivel mundial, no es sustancialmente una cuestión de protección de la autoría para beneficio de los autores, siendo lo poco rescatable de ellas la mantención de una cuestión perenne asociada al proceso creativo, como es el establecimiento de la relación inalienable entre el autor y su obra, que en términos jurídicos se denomina “derecho moral” -que  por otra parte, se encuentra salvaguardo en los derechos humanos-, pues la mayoría de los creadores nunca obtiene gananciales asociados a los derechos de autor como lo postulan las leyes a nivel internacional vinculadas a la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Por el contrario, la lucha contra la «piratería», eje de esas leyes, es en realidad la lucha por preservar, entre otros, los ingresos de la industria estadounidense del espectáculo que se afianza en los tratados de libre comercio, a través de la letra chica que llevan asociados.   Cuando, como ocurre con la producción nigeriana de películas (Nollywood es una de las mayores industrias de cine del mundo), la piratería se puede acabar haciendo que el original de la película que sale al mercado, se venda al mismo precio que la copia pirata. Interesante es destacar que la industria cinematográfica nigeriana da trabajo aproximadamente a un millón de personas, justo atrás de la agricultura en lo que concierne a la cantidad de empleados en el país.

Actualmente lo que está en liza son dos modelos diferentes de propiedad intelectual.  Por un lado el modelo de la industria del entretenimiento, basada e interesada en mantener la capacidad de excluir del disfrute completo de una obra, por medio de un modelo cerrado que la fragmenta en tantas instancias de uso como sea posible (difusión en cines, derechos de TV y cable, alquiler, venta en formato CD, DVD o apps, etc.).  Una industria que crea la escasez de producciones, para posibilitar la oportunidad de maximizar sus ingresos  económicos, estableciendo el pago de una tasa distinta por cada uno de sus usos y que beneficia a unos pocos que pueden pagar por sus productos, y a unos pocos que son parte de esa industria. Por el otro lado, está el modelo que concibe a la cultura como algo compartido, sustentado en el procomún, que respeta la autoría como el derecho a ser parte de un comunidad y beneficiarla al posibilitarle que se conozcan las obras y se disfruten mediante un pago justo por ellas, y por esto busca y propicia la máxima difusión posible, mediante la apertura (ejemplo, Wikipedia) y la creación de comunidades en torno a las obras, que contribuyan a su defensa y su expansión, pues este modelo se sustenta en el desarrollo de la cultura libre (ver: Lawrence Lessig), que busca beneficios a mediano y largo plazo para los creadores y la comunidad, para en definitiva el bien común.

Así, la propiedad intelectual como instrumento responde a un modelo ideológico fuertemente influenciado por la estrategia comercial, la cual se ha utilizado para criticar la cultura libre y el desarrollo del procomún y justificar el modelo privado.  Su  argumento podría resumirse en la afirmación de que «sin propiedad intelectual no se genera riqueza». Este argumento es claramente posible de ser desmontado con multitud de hechos.   Por ejemplo, prácticamente todo el corpus del canon occidental: lenguaje, ciencia, desarrollo de las artes, música, etc., fue creado en épocas en la que no existía el concepto de propiedad intelectual, la época anterior a Kant, filósofo a partir del cual se piensan y desarrollan los derechos de propiedad intelectual modernos.  De igual modo, los Request For Comments o RFC («Petición de comentarios»), que describen de forma abierta y colaborativa la actividad de los protocolos de comunicación que viabilizan el desarrollo de tecnologías como Internet, la Web 2.0, el 5 G, etc., no tienen derechos de propiedad intelectual por decisión de sus autores, quienes los liberaron, pasando los RFC al dominio público, creando una riqueza económica y cultural inconmensurable, pero que al estar fuera de la esfera del mercado y no poder privatizarse sus derechos de uso, sus beneficios no son considerados en el cálculo del PIB de ningún país del mundo.  Finalmente, hasta los restaurantes obtienen beneficios de saberes que han pasado a dominio público, como son las recetas de las empanadas, la cazuela y el pisco sour.

La propiedad intelectual es, por tanto, actualmente una cuestión de índole básicamente política, ideológica y económica.   Un proyecto que surge junto con el desarrollo del proyecto neoliberal del siglo XX, que crea instituciones privadas sobre las cuales pilota el poder económico internacional y que tienen la capacidad de imponer determinadas legislaciones a los distintos países (FMI, Banco Mundial, OMC).    En lo que se refiere a la ganancia de los creadores, tanto del ámbito popular, ancestral, del campo de las ciencias como de las artes, es escaso el número de personas que obtienen gananciales y que decir de grandes sumas de dinero por derechos de autor o de patentes, como se prueba en el caso español y chileno, donde sólo algunos artistas consagrados perciben dinero por derechos de reproducción de sus obras.

Actualmente la mayoría de los artistas visuales a nivel mundial inscriben sus obras mediante licencias libres como Creative Commons, que les permiten manejar mejor las decisiones respecto de la difusión y utilización de sus obras y la reproducción de las mismas.  Cabe agregar que para la mayoría de los artistas, mientras más difusión de sus obras consigan, más discusión y reconocimiento de ellas obtienen, lo que les puede otorgar reputación. Esta a su vez permite a un número importante de artistas –sobre todo en un ambiente donde prima como un valor el bien común- acrecentar la venta de sus obras, recibir invitaciones para dar conferencias o ser incluidos como profesores en universidades, acceder a fondos concursables tanto de organismos estatales como privados, etc.

Asimismo, la mayoría de los creadores promueven sus obras a través de software libres o plataformas online libres, como los blogs, YouTube, Instagram, plataformas como Academia.edu, etc., que ingenieros, amateurs, científicos, artistas, empresas y Estados han destinado para el bien común.

En este contexto, de cara al futuro y en plena efervescencia creadora de la nueva Constitución, a los Estados como el chileno les cabe mantener como inalienables los derechos morales de los creadores, y establecer una armonización entre los derechos de los creadores a percibir una adecuada compensación por sus obras, y el derecho que tiene la sociedad a poder acceder a los bienes artísticos, culturales y científicos de calidad.   Y para ello, establecer los derechos de autor desde una mirada propia del procomún permite crear espacios para la multiplicación de la creación y para potenciar los procesos de democratización de los sistemas de conocimientos, pues al alentar la diversidad de propuestas en su seno, y sus desarrollos a corto, mediano y largo plazo, se generan múltiples focos de creación que posibilitan el surgimiento de conocimientos de punta beneficiosos para la sociedad, y la generación de industrias culturales y centros de producción de conocimientos de todo tipo, que se tornan productivos y competitivos a nivel nacional e internacional y que bajo este perfil, propician el bien común.

Lynda Avendaño Santana

Dra. en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Es Investigadora de AGI de la U. de Barcelona; SUMA de la Universidad Complutense; y CIELA de la Universidad de Chile.