Un mejor futuro para las relaciones exteriores de Chile

América Latina está viviendo cambios políticos y crisis sociales que han reconfigurado el escenario del poder en la región, siendo las elecciones de Chile uno de los episodios que más ha resonado en el resto del mundo. Con el triunfo de la coalición Apruebo Dignidad, liderada por Gabriel Boric, por sobre la ultraderecha, se han generado diferentes tipos de especulaciones respecto de la dirección que tomará la brújula política en la región latinoamericana pues las directrices programáticas del próximo gobierno levantan las banderas de la lucha feminista, el ecologismo y la promoción de la democracia y los derechos humanos y, como tal, se espera que estas ideas sean el horizonte que permeé todas las políticas del nuevo gobierno, incluyendo la política exterior.

De ese modo, la designación de Antonia Urrejola como futura Canciller de la República, encargada de liderar la política exterior del país, demuestra la intención de responder a las expectativas respecto de la relación y desplante de Chile con la región y el mundo. En un contexto donde la imagen del país se ha visto afectada por una conducción negligente del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno. Pero, también, por una región fragmentada ideológicamente y donde los mecanismos de integración regional y diálogo multilateral se han visto paralizados e incluso erosionados hasta su extinción. Como sucedió con la reciente denuncia de Nicaragua a la OEA, ejecutada por la dictadura de Daniel Ortega, y el desmantelamiento de UNASUR en 2019, en favor de PROSUR, como proyecto de regionalismo de los países bajo gobiernos de derecha liderados por Chile y que, hasta el momento, no ha dado señales de convertirse en la plataforma de integración ni cooperación de la región.

Así, la trayectoria y experiencia de la próxima jefa de la diplomacia chilena comulga con las esperanzas y anhelos de la próxima administración. Su posición, como presidenta e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (desde 2018 hasta 2021), y su labor en la lucha contra la discriminación hacia las mujeres, en favor del reconocimiento y protección de los derechos de la infancia, los pueblos indígenas y las diversidades sexuales y de la promoción de la democracia y el Estado de derecho en la región, le otorgan las credenciales esperadas para representar y liderar las aspiraciones del gobierno en la acción exterior del país.

En ese sentido, las nuevas tendencias y desafíos de la política regional, como son la crisis climática y de derechos humanos, la recuperación postpandemia, la erosión democrática y el estancamiento del multilateralismo, deben convertirse en la hoja de ruta de la nueva Cancillería. Se presentan como oportunidades para configurar el liderazgo de Chile y promover iniciativas regionales que permitan enfrentar colectivamente estos problemas.

De ese modo, resulta esperanzador que quien lidere dichas acciones haga suyas las ideas de una política exterior feminista, ecológica y democrática. Que posicione al país como un referente regional en el abordaje de estos desafíos. A través de la implementación de la paridad y perspectiva de género en el quehacer diplomático y, al mismo tiempo, en la lucha de contra todo tipo de discriminación hacia las mujeres y la defensa de sus derechos, en el continente. Con la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, que permitirá profundizar la democracia y la participación en asuntos ambientales, y el fomento de iniciativas que posibiliten configurar una gobernanza regional ambiental, que genere las bases y garantías esenciales para la protección del medioambiente y de los océanos, que habilite la cooperación regional en ciencia y tecnología para avanzar conjuntamente en la mitigación y adaptación al cambio climático.

Sin embargo, para que estas aspiraciones puedan verse dibujadas en el escenario político de la región, se hace necesario que la política exterior persiga el fortalecimiento de los organismos y mecanismos regionales de protección y promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. De modo que faculten el abordaje, de manera coordinada y colectiva, de las graves crisis humanitarias que azotan a América Latina y que se ven acrecentadas por tales problemas, conduciendo las relaciones de Chile hacia un liderazgo político regional comprometido con los nuevos desafíos de la década.

Las esperanzas contenidas sobre el nuevo gobierno y la coherencia en la denominación de su futura canciller, con los lineamientos de la política exterior del programa, permiten vislumbrar en qué dirección será impulsada la brújula política de la región, desde esta delgada, larga, fragmentada e insular franja de tierra.