La sombra larga del Plan Cóndor

Ocho años le tomó a la investigadora italiana Francesca Lessa desentrañar y denunciar cómo las dictaduras sudamericanas coordinaron sus políticas represivas para secuestrar, torturar y asesinar a los/as opositores políticos/as y exiliados/as sin distingos ni piedad.

“Quiero decirles, compatriotas, que he visto sus caras recorriendo nuestro país (…) las de las familias que siguen buscando a sus detenidos desaparecidos, que no dejaremos de buscar”. Con dos frases, lanzadas desde el balcón de La Moneda esa noche del 11 de marzo, Gabriel Boric le devolvía la esperanza a cientos de familias que siguen esperando saber dónde están sus caídos.

“Fue muy potente. Es el primer presidente que se compromete tan abiertamente a acompañarnos en este camino”, subraya la chilena Laura Elgueta. “No sólo de denunciar sino de buscar. Porque eso es lo que necesitamos: no bajar los brazos y seguir buscándolos. Necesitamos saber dónde están y qué pasó con ellos. ¡La fuerza de esas palabras fue un alivio para mis hombros y para mi alma!”.

Su hermano Luis Enrique (Kiko) fue detenido el 27 de julio de 1976, en Buenos Aires. Era músico, tenía 23 años. Con él desaparecieron su pareja argentina Clara Haydee Fernández y su hermana Cecilia Fernández.

Los tres fueron secuestrados y hechos desaparecer en el marco del Plan Cóndor, una red siniestra tejida por ocho dictaduras latinoamericanas: Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú y Ecuador. Inaugurado en Santiago en noviembre de 1975, con el respaldo de la CIA, ejerció el terrorismo de Estado más brutal del siglo XX con la misión de exterminar a quienes eran considerados enemigos, subversivos peligrosos para la patria. Sin distingos porque el enemigo era uno solo.

La italiana Francesca Lessa, doctora en Relaciones Internacionales de la London School of Economics, investigadora y docente de Estudios Latinoamericanos y Desarrollo en la Universidad de Oxford, Inglaterra, es la autora de una de las investigaciones más exhaustivas sobre el tema. Además, su libro The Condor Trials (Los Juicios Cóndor) se publicará en Estados Unidos en mayo próximo (https://yalebooks.yale.edu/book/9780300254099/condor-trials).

El broche de oro de este trabajo monumental es un video titulado La Operación Cóndor al descubierto (disponible ya en YouTube, en inglés y español), que se da a conocer en vísperas del 46 aniversario del Golpe de Estado en Argentina, el 24 de marzo de 1976. A partir de entonces la barbarie se desató y la región se tiñó de sangre.

Ocho años le tomó a Lessa desentrañar y denunciar cómo las dictaduras sudamericanas coordinaron sus políticas represivas para secuestrar, torturar y asesinar a los/as opositores políticos/as y exiliados/as con plena impunidad, sin distingos ni piedad. Con notable perseverancia y porfía, recabó una enorme cantidad de material que, hasta entonces, había estado diseminado. Además, escarbó en los documentos de archivos latinoamericanos y de Estados Unidos y, no menos importante, hizo más de cien entrevistas con actores locales para incorporar sus voces. En dos oportunidades (2008 y 2014) intentó reunirse con victimarios en Uruguay, pero se negaron.

Poco a poco, armó dos bases de datos que contienen toda la información sistematizada. Una con los nombres de 805 víctimas de la llamada coordinación represiva, secuestradas entre agosto de 1969 y febrero de 1981. La otra, con los 45 juicios que se han efectuado en varios países, principalmente en el Cono Sur, pero también Italia y Estados Unidos.

Argentina, Uruguay y Chile fueron los miembros más activos. Su brazo operativo tenía su base en Buenos Aires. La complicidad entre los gobiernos militares fue absoluta y eficaz. Las policías secretas compartieron información y trasladaron a sus detenidos de un país a otro. El pacto de silencio entre los autores nunca se ha quebrantado y ninguno de ellos ha mostrado un asomo de arrepentimiento.

El periodo entre marzo de 1976 y diciembre de 1978 fue el más sangriento. El mayor número de víctimas (487) fueron secuestradas entonces. Según Francesca Lessa, la coordinación represiva fue “una herramienta mucho más amplia en el marco de la represión política. No se dedicaba sólo al secuestro de militantes de los grupos armados, sino que, una vez que esa coordinación fue activada, se usó para reprimir cualquier tipo de oposición a las dictaduras. En particular, para silenciar la voz de oposición de partidos y agrupaciones políticas que operaban en el exilio”.

Argentina fue el país donde se cometieron el 69% de los delitos de toda la coordinación represiva. El estudio de la base de datos revela que los miembros de organizaciones políticas fueron los más perseguidos, alcanzando al 40%. La coordinación represiva abarcó también a los grupos armados, que corresponde al 36% del total.

Entre otros datos, la investigación revela que, entre marzo y diciembre de 1976, se registraron 249 víctimas. La mayoría eran de nacionalidad uruguaya (48%), argentina (24%) y chilena (14%). Según ese mismo estudio, 115 eran chilenos, 384 uruguayos, 191 argentinos, 40 paraguayos, 33 brasileños, 17 bolivianos, 13 peruanos.

Mi hermana María Cecilia y su marido el médico Guillermo Tamburini fueron secuestrados de su departamento de calle Córdoba 3386, en Buenos Aires, en la madrugada del 16 de julio de 1976. Ella, socióloga, tenía 27 años; él, 32. Sus cuerpos no han sido encontrados.

El 27 de mayo de 2016, al cierre del juicio Plan Cóndor en Buenos Aires, Humberto José Román Lobaiza y Felipe Jorge Alespeiti –ambos del Ejército argentino– fueron los únicos dos imputados en el secuestro y desaparición de mi hermana. El primero fue condenado a 18 años de presidio y el segundo a 12. Alespeiti fue juzgado en el año 2009 por 107 secuestros y desapariciones. Murió en julio de 2019, mudo y senil. Ambos ya cumplían arresto domiciliario por otros crímenes de lesa humanidad.

El juicio en Argentina, que se centró en 109 víctimas de Cóndor de seis países, terminó con quince sentencias de prisión, incluida la del ex presidente de la Junta Militar Reynaldo Bignone, de 87 años. Otros siete acusados murieron durante los tres años del juicio.

“Probablemente no todos los responsables se enfrentarán a la justicia. Muchos de ellos ya han muerto, por lo que han conseguido una especie de ´impunidad biológica’, –aclara Lessa–. Pero muchos otros sí lo harán. En Argentina, más de mil personas han sido condenadas. Eso señala un cambio en las prácticas y un rechazo claro a la impunidad del pasado”.

Mucho de lo que hoy se conoce del Plan Cóndor se ha reconstruido en Roma, Buenos Aires, y en docenas de casos judiciales, grandes y pequeños, en otros países. Otra evidencia proviene de los documentos de Inteligencia de Estados Unidos que fueron desclasificados por orden de Barack Obama. En 2019, Estados Unidos completó la entrega de 47 mil páginas a Argentina. “Los documentos muestran cuánto sabían los gobiernos de Estados Unidos y Europa sobre lo que estaba sucediendo en Sudamérica y lo poco que les importaba”, advierte Lessa.

Pese a las décadas transcurridas, el dolor aún me rompe el alma y el insomnio me acecha con frecuencia. La herida sangra y no cierra. Ni por decreto ni con indulto. No cierra con un punto final ni con el olvido. Paradojalmente, esa herida nos une, en ella nos reconocemos. María Cecilia tenía una curiosidad insaciable. Imagino que las primeras palabras que aprendió fueron “¿por qué?”. Probablemente también fueron sus últimas.

(Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=GA44sszBetY&t=320s)