Educación superior: ¿fragmentación o colaboración?

El rector Ennio Vivaldi, de destacada trayectoria liderando la principal universidad del país, ha señalado en El Mercurio que el proceso constituyente, y yo le agregaría la voluntad del gobierno, se encamina en educación a “reconstruir el ámbito de lo público y la idea del bien común”. Tal propósito es ampliamente compartido por las comunidades educativas de la educación superior.

Las universidades convivieron en armonía desde el siglo antepasado y todas han hecho un significativo aporte en la formación de varias generaciones y a una gran contribución al progreso del país. De hecho, vale la pena recordar que la Universidad de Chile (1842) extendida en todo el territorio nacional convivió por décadas con las universidades Católica (1888), de Concepción (1919), Técnico Santa María (1926), Católica de Valparaíso (1928, ex jesuita), Austral (1954), Católica del Norte (1956), en un espíritu de colaboración y sentido patriótico de bien común. La educación técnico profesional tuvo una brillante trayectoria con la creación (en el Barrio Yungay) de la Escuela de Artes y Oficios en 1849, luego Universidad Técnica del Estado (fundada en 1947), hasta su conversión obligada en Universidad de Santiago.

Los años de dictadura significaron un evidente menoscabo del sistema de educación superior, particularmente con la fragmentación de las grandes universidades, perdiendo éstas, en parte, su sentido nacional; en tanto su forzada “regionalización” les privó de sus mayores capacidades de aporte decisivo al proyecto nacional. Desde esa realidad se ha pasado a ser, de unas pocas instituciones, con 150.000 estudiantes en 1973, a un complejo y diverso sistema de educación superior compuesto hoy por más de 150 instituciones, con 1.250.000 estudiantes.

La realidad del sistema de la educación superior en Chile constata en la actualidad la existencia de una valiosa diversidad de proyectos reflejada en 60 universidades, 43 institutos profesionales y 46 centros de formación técnica, desplegados en todas las regiones del país, y con claro sentido público en su misión sean originarias de iniciativa estatal o de la sociedad civil.

La pregunta que surge es ¿vamos a continuar por el camino de la fragmentación y la competencia o vamos a convocar a todos sus actores, tras un Proyecto País inclusivo, diverso y colaborativo? Por eso desconcierta la opinión del rector Vivaldi en cuanto a insistir en la contraposición de las instituciones por su origen, temporalidad o sostenedor. ¿Acaso no es de toda conveniencia-país que todas las instituciones se sientan convocadas a co-construir Proyecto País en educación y, bajo normas regulatorias no discriminatorias, converjan en propósitos de bien común y compromisos colaborativos con el Estado en su misión de garantizar educación pública, gratuita y de calidad?

El Consejo de Rectores de los institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados (Vertebral) está comprometido en aportar activamente en tal propósito de bien común. Y por ello se acogió con entusiasmo la convocatoria que el nuevo ministro de Educación, profesor Marco Antonio Ávila, nos realizara en reciente reunión, a colaborar en la configuración renovada de un sistema de educación superior convergente con el proyecto país.

Desde luego, no es posible entender la educación, quien sea que la provea, sin tener un claro sentido público y de compromiso irrestricto con el bien común; sería “contra natura”, es decir, contraria al sentido de formar mejores personas para un mejor país, que es el propósito central de cualquiera institución noble.

El camino a transitar, qué duda cabe, es la reconfiguración del sistema de educación superior, torciendo la tendencia a la fragmentación y la exacerbada competencia, que sea inclusivo, diverso y colaborativo, que promueva la libertad, la democracia y el bienestar de los pueblos, hoy con especial atención a una convivencia libre de violencias como factor clave en la formación de las nuevas generaciones.

Si bien en la práctica el Estado se ha constituido como sostenedor de todas las instituciones, sea vía gratuidad o becas y créditos, ciertamente las instituciones de origen estatal pueden jugar un papel sistémico singular, pero ello no puede ser a costa de una política que, en definitiva, discrimine a las y los estudiantes y se afecten sus derechos y dignidad porque estudian en tal o cual institución.