Radicalismo y Constituyente

La prensa y la política hoy se preguntan cuál será la posición política de las fuerzas de centroizquierda frente al nuevo texto constitucional que saldrá desde la Convención. Inquietud que adquiere mayor relevancia por tener dichas fuerzas, y en especial el radicalismo, una mermada participación en dicho órgano.

Algunos personeros radicales ya han emitido opinión al respecto, suscribiendo cartas junto a los “Amarillos” y tantos otros siendo parte de las coordinaciones del Apruebo en los territorios. Sin embargo, el Partido Radical no ha dado una respuesta institucional, aún.

Ante todo, cabe señalar que el Partido Radical de Chile es una fuerza del Apruebo desde su fundación en 1863, cuando en la ciudad de Copiapó sesiona la primera Asamblea, conformada, entre otros, por miembros del Club de la Reforma y de la facción pipiola “la Asamblea Constituyente”, tales como Manuel Antonio Matta y Pedro León Gallo, todos quienes aspiraban a abandonar la Constitución portaliana de 1833, impuesta a sangre tal como la actual, y lograr un nuevo pacto social mediante la deliberación colectiva y democrática.

Sin embargo, el aspirar a una Constitución que abrigue a la gran mayoría de los chilenos, y que sea fruto de un cuerpo colegiado de representantes elegidos democráticamente, no libera al radicalismo de analizar el resultado en su mérito. Mucho menos si se declara racionalista y máxime si su voz y voto en dicho órgano se expresó en un único constituyente que siempre mantuvo su independencia de la colectividad.

Hasta el momento, lo que sabemos los radicales es que el texto constitucional actual (Constitución de 1980) cuenta con casi un 80% de Rechazo por la ciudadanía y, asimismo, empiezan a aparecer sondeos de opinión pública que expresan que el apoyo al nuevo texto en desarrollo podría no ser mayoritario. Si dichas encuestas realmente reflejan el sentir de la ciudadanía (cuestión que podría ser efectiva atendida la multiplicidad de los estudios y la evidencia de que las mediciones más certeras son aquellas en que la opción del elector es binaria) entonces nos enfrentamos a dos malas alternativas. Sin embargo, ese escenario cambia totalmente el sentido del plebiscito de salida, sobre todo para el radicalismo. 

Por qué, se preguntará usted. Ello, porque la elección de septiembre ya no versará sobre cuál texto constitucional es la casa de todos, ya que es altamente probable que ninguna de las dos lo sea. Por tanto, lo central del balotaje es determinar cuál será el punto de partida para llegar a esa cosa común e inclusiva, a la que necesariamente deberá llegarse mediante reformas formuladas, tramitadas y concordadas por los poderes constituidos.

Desde esa perspectiva, los radicales deberán preguntarse si es mejor rechazar y pedir reformas o aprobar e intentar modificaciones al nuevo texto.

Considerando ese dilema, la cuestión se simplifica para las fuerzas de la centroizquierda, no porque ellas puedan suponer que es más sencillo comenzar desde el nuevo texto, cuya virtud de origen es que es fruto de una deliberación colectiva y democrática, sino porque tiene perfecto conocimiento que la derecha política ya cedió todo aquello que podía y quería ceder de la Constitución de 1980, lo que se cristalizó en las reformas de 2005, pero que aun así obtuvo casi el 80% de Rechazo. Las reformas de 2005 son el fruto de varios años de negociación con una derecha que dejó en claro que no moverán un músculo para avanzar hacia un Estado protector, tal como aspira el radicalismo.

La centroizquierda sabe que las posibilidades de que la derecha se siga aproximando a un Estado social y democrático de derecho son ínfimas o nulas. No lo quisieron antes, no lo plantearon durante este proceso constituyente y mucho menos lo van a querer en el futuro. 

En ese orden de ideas, para los personeros de la centroizquierda, aun cuando el nuevo proyecto de Constitución sea cuestionable en algunos aspectos específicos, es tácticamente más conveniente llamar a aprobar e intentar modificar la nueva Carta Fundamental que esperar que la derecha sea empática con las demandas sociales, cuando ya ha expresado hasta el cansancio que nada más se va a cambiar. Por lo demás, otra razón de peso es que el proceso de reforma del nuevo texto se avizora menos exigente que la existente en la actual Constitución, por lo que lograr acuerdos debería ser muchísimo más sencillo.

En lo sucesivo, el radicalismo debe concordar qué aspectos específicos le gustaría modificar, para avanzar en una agenda política coherente y consistente, con su historia, con su ideario, el contexto político y con la firme decisión tomada al inicio de este proceso constituyente de aprobar y permitir que la ciudadanía se dé a sí misma una nueva Carta Fundamental.