La Convención, un fructífero diálogo intercultural

El miércoles 4 de mayo la Convención Constitucional cumplió diez meses de trabajo. Desde su origen, ha sido un espacio de diálogo político con una diversidad inédita en nuestro país. Muchos representamos a quienes nunca habían tenido voz en la discusión pública ni presencia relevante en los medios de comunicación. Esa multiplicidad de voces y de miradas ha sido vista por algunos como un lugar caótico e inconducente. Sin embargo, en los convencionales ha primado la intención mayoritaria de escucharnos, entendernos y llegar a acuerdos. Y el resultado lo demuestra: más de 250 normas han pasado al borrador de la nueva Constitución, con un promedio de aprobación de 79%. Estamos respondiendo al anhelo de participación ciudadana que le dio origen y consolidando regulaciones para propiciar espacios de democracia directa.

Los pueblos indígenas hemos participado de este proceso con ímpetu y esperanza. Y hemos logrado que 39 normas que nos involucran hayan recibido amplios apoyos en el pleno de la Convención. El más reciente, la aprobación del artículo 21 que establece el derecho de los pueblos indígenas a las tierras, los territorios y los recursos, y a la restitución como mecanismo preferente de reparación. La Convención dio así reconocimiento constitucional a derechos que ya estaban consagrados en tratados y convenios internacionales.

En una jornada emocionante, tras meses de intensas negociaciones, y con un amplio apoyo, aprobamos esta norma de consenso, que se suma a los principios de plurinacionalidad, de buen vivir, de identidad e integridad cultural: el reconocimiento del genocidio indígena; los derechos lingüísticos, a la autoidentificación, a las autonomías territoriales, a la restitución y repatriación del patrimonio cultural, sobre los conocimientos ancestrales, a permanecer y trashumar por el territorio. De ser aprobada la nueva Constitución, significarán un mejoramiento significativo en las condiciones de vida de nuestras comunidades.

Algunos han señalado que existiría una sobrerrepresentación de nuestras demandas. Pero si consideramos que somos 17 los representantes indígenas, y se requieren 104 votos para permitir que una norma pase al borrador de la nueva Constitución, ¿no constituyen esas 39 normas aprobadas la prueba irrefutable de que se puede construir unidad en la diversidad, de que es posible vislumbrar un horizonte común como país? ¿No demuestra que las demandas de los pueblos indígenas pueden convocar a la gran mayoría de los chilenos? ¿No suman un porcentaje menor respecto del total de normas aprobadas, por las que los escaños reservados hemos trabajado con el mismo compromiso, empeñados en su aprobación?

Las personas pertenecientes a pueblos indígenas no estamos por sobre los otros ciudadanos de Chile. Sólo se nos está reconociendo el ejercicio colectivo de la cultura de nuestros pueblos. Antes, nuestras reivindicaciones pasaban desapercibidas, no estaban presentes, eran invisibilizadas. La Convención generó un espacio político donde posicionarlas. Pero no estamos escribiendo una “Constitución indigenista”: estamos construyendo, entre todos, un fructífero diálogo intercultural.

El principio de buen vivir reconoce y promueve la relación de interdependencia, reciprocidad, complementariedad y equilibrio armónico entre las personas y la naturaleza, porque entiende que en la validación de las diferencias construimos una comunidad más sólida, solidaria y amable. Eso es lo que queremos para Chile.

Quedan sólo dos semanas de esta etapa de deliberación, antes de que la Comisión de Armonización reciba el borrador de la nueva Constitución. Confío en que estarán marcadas por diálogos abiertos y constructivos, ajenos a toda forma de racismo o colonialismo, en los que primarán el respeto y la voluntad de construir un mejor país.