El derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura 

La energía no es sólo la electricidad; la usamos diariamente para cocinar, calefaccionar la casa y calentar el agua de la ducha.  ¿Le ha pasado en invierno que por ‘vacas flacas’ no puede calentar su casa?, ¿o que la parafina, el gas o la leña están tan caros que prefiere irse a acostar temprano bien abrigado y con un guatero? ¿Que toma duchas más cortas para ahorrar gas? Si su respuesta es sí, le cuento que no es la única persona en Chile en esta situación. De acuerdo a un estudio de la Red de Pobreza Energética, en el año 2017 un 17% de la población en Chile dejaba de usar energía porque su presupuesto familiar no alcanzaba, ¡imagínense cómo esto cambió con la pandemia! Hoy sabemos que los precios de la energía han aumentado (más de un 50% para algunos combustibles), por lo que es probable que más hogares se encuentren en esta situación, especialmente cuando bajan las temperaturas en invierno.

Entonces, ¿por qué hoy hablamos sobre el derecho a un mínimo vital de energía? Porque necesitamos un mínimo de energía para nuestra subsistencia: la energía en el hogar nos permite cocinar para alimentarnos, encender la luz para estudiar, contar con agua caliente para bañar a nuestros hijas e hijos, mantener condiciones saludables de temperatura en nuestras viviendas en invierno y verano, evitando enfermedades.

Toda persona debería tener derecho a un mínimo vital de energía asequible (¡pagable!) y segura (sin arriesgar nuestra salud). La falta de energía también limita nuestras posibilidades de comunicarnos e informarnos, herramientas claves para potenciar nuestra democracia. ¿No fue fundamental la energía para enfrentar la pandemia, permitir el teletrabajo y la teleeducación? Todos estos usos de la energía nos permiten satisfacer nuestras necesidades a través de ‘servicios energéticos’. Necesitamos asegurar un mínimo vital de energía como una base para la vida digna de toda la población. 

Si nos vamos a otras partes del mundo, en la Unión Europea, por ejemplo, existe una norma que establece los “servicios energéticos como fundamentales para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos y garantizar un estándar de vida digno y la salud de las personas”. En otras palabras, entienden que la energía es clave para resguardar la calidad de vida de sus ciudadanos. En España y Francia se garantiza que las personas necesitan tener un mínimo vital de energía o que el acceso a la energía no debe generar una carga excesiva sobre los recursos económicos de un hogar. Esto promueve e impulsa la existencia de políticas públicas que protejan a las personas ante las alzas y cortes de suministro de electricidad y combustibles.

Vámonos a ejemplos concretos. En Cataluña la gran mayoría de sus ciudadanas y ciudadanos utilizan la electricidad y el gas para la calefacción. En 2013, a través de una política pública local, se prohibió a las compañías ‘cortar’ la luz y el gas a las familias con vulnerabilidad económica durante los meses de invierno, dando facilidades para pagar sólo una parte del total de la cuenta. ¿Y el resto de la deuda? Las familias pueden pagarla en los meses de verano, asegurando de esta forma que a nadie le falte energía y pase frío en invierno. En Bélgica, desde el año 2001 existe el “Fondo de Electricidad y Gas” para apoyar a las familias vulnerables. Lo interesante es que, gracias a la suma de sus políticas públicas de ahorro energético, dicho fondo ha ido disminuyendo a lo largo de los años, apoyando a 52,184 familias en 2008 y a 28,895 familias (casi la mitad) en 2015.

Por todo lo anterior, las y los constituyentes deberían aprobar el mínimo vital de energía asequible y segura como un derecho. El Estado debe garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio (que todas y todos podamos acceder independiente de nuestra situación económica, nuestro género, nuestra pertenencia étnica o el lugar del país donde vivamos) a un mínimo vital de energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades energéticas sin arriesgar su salud, favoreciendo además la participación ciudadana y democrática en nuestro país.