Día del Medio Ambiente: 30 años de retraso

Hoy se conmemora el Día Internacional del Medio Ambiente; y una vez más este año el panorama no es auspicioso. Con excepción del incremento en la preocupación ciudadana, de un mayor compromiso público de los científicos y del llamado del secretario general de la ONU a las naciones a realizar acciones climáticas concretas, no hay mucho que celebrar.

La extinción masiva de especies animales y vegetales continúa, la degradación de las fuentes de agua y del ciclo hidrológico se ha intensificado y los países aún no comprometen la reducción de emisiones de CO2 requeridas para impedir que la temperatura se incremente por sobre los 1,5 °C. Peor aún: ello en el contexto de que hace una década las naciones renunciaron a revertir el calentamiento global que firmaron hace justo 30 años, en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, en junio 1992.

Ante la crisis climática y ecológica, los hechos muestran que las emisiones siguen aumentando, que los ecosistemas del Amazonas ya no funcionan como el pulmón planetario capturador de CO2 (hoy sus emisiones superan las capturas); y que la mezquindad de los compromisos de reducción de emisiones nos arriesga a un aumento de temperatura entre 3 y 4 grados grados para fin de siglo. En consecuencia, nuestra vulnerabilidad es cada vez más severa.

La única novedad a partir de la COP26 en Glasgow, es que hoy existen nuevas promesas de acción de actores no estatales como Net-Zero y Race to Zero; nada vinculante, por cierto. Preocupa también el diagnóstico de percepciones dado a conocer la semana pasada  por el Foro Económico Mundial (WEF), cuyos miembros manejan la economía global, que recién, después  de 30 años de  vigencia de la Convención sobre Cambio Climático, identifican la destrucción de la biósfera y el retraso en la acción  climática como “riesgos severos” para la economía mundial; no obstante el Panel Científico de la Convención (IPCC) y el Informe Stern, entre otros, lo vienen fundamentando por más de una década.

La positiva declaración de los ministros de Energía y Medioambiente del G-7 (grupo de países más ricos), a fines de mayo, también expresa compromisos, pero sin plan de acción, lo cual no asegura resultados.

En el caso de Chile, aunque en los últimos meses se avanzó en una Ley de Cambio Climático, se promulgó una buena reforma al Código de Aguas, y el borrador de la nueva Constitución contiene avances significativos para la protección del medioambiente, la naturaleza, su restauración y los derechos socio-ambientales. Lo concreto es que no hay un plan para enfrentar la grave crisis hídrica que sufre 2/3 del territorio, la transición energética está en paréntesis por la baja de caudales y el retraso en la descarbonización por razones de seguridad de suministro eléctrico y subsidio a los combustibles fósiles por fundamentos sociales.

Si nuestro país quiere resolver los déficit económicos, sociales y ambientales, en un contexto de crisis climática y ecológica, tendrá que alinear los programas y metas de reactivación económica con las demandas sociales y ambientales territoriales y avanzar hacia una gobernanza más horizontal y descentralizada. El borrador de la nueva Constitución aporta un marco estructural muy favorable para que ello sea posible.