El primer paso de un Nuevo Pacto Fiscal para Chile

No hay plazo que no se cumpla. El viernes pasado finalmente pudimos conocer la propuesta de nuevo pacto fiscal elaborada por el gobierno de Gabriel Boric y que se presentará prontamente al Parlamento para su deliberación. Si bien aún no conocemos el detalle del texto del proyecto de ley, la entrega de sus objetivos, fundamentos y elementos constitutivos permite iniciar el debate en torno a esta propuesta.

Un primer aspecto a destacar refiere al proceso de diseño utilizado, que por primera vez en nuestra historia incluyó un proceso de consulta previo, abierto a todos los actores políticos, económicos, sociales y sindicales interesados en el tema. Este sólo hecho constituye una importante señal respecto a que el debate tributario y de gasto fiscal dejó de ser un patrimonio exclusivo de técnicos y especialistas.

En este sentido, tanto el proceso de diseño como el contenido mismo de la propuesta permiten señalar que efectivamente se busca establecer un pacto fiscal y tributario de mediano y largo plazo, que permita volver a otorgar estabilidad a la normativa tributaria en torno a una serie de principios estructurantes. ¿Cuánto, cómo y de quiénes recaudar?, constituyen elementos centrales del debate sobre la institucionalidad democrática, y que a la luz de los estándares actuales necesariamente deben ser realizados de cara a toda la ciudadanía y no a través de “cocinas” a puertas cerradas.

Respecto a la pregunta sobre cuánto recaudar, la propuesta se plantea una meta ambiciosa, pero aterrizada para el contexto internacional, aumentando la recaudación en poco más de 4 puntos, para situarse por sobre 24% del Producto Interno Bruto. De esta manera, Chile reduciría en un tercio de la brecha actualmente existente respecto a los países OCDE cuya recaudación promedio se sitúa en torno al 34% del PIB, representando un avance importante, y sin mermar la competitividad de Chile respecto a los demás países de la región.

Respecto a la pregunta sobre de quiénes recaudar, más allá de los múltiples componentes e instrumentos contenidos en la propuesta, se busca redistribuir la actual carga tributaria haciéndola más justa y progresiva, manteniendo sin alteración la tributación del 97% de los contribuyentes e incrementando la recaudación proveniente del 3% de contribuyentes con mayores ingresos, grandes empresas, gran minería y las rentas del capital, además de la limitación y focalización de exenciones o beneficios tributarios.

Por último, respecto a la pregunta sobre cómo recaudar, la propuesta incluye una serie de elementos tendientes a minimizar efectos secundarios sobre la economía del país, las Pymes y los sectores medios y vulnerables, facilitando el cumplimiento tributario y reduciendo sus costos asociados, e incrementando la objetividad y las facultades de las instituciones fiscalizadoras en el combate de la evasión y elusión, indistintamente el tipo y tamaño del contribuyente.

En relación a los impactos económicos de la propuesta (aspecto de vital importancia considerando el delicado momento que vive el país producto del estallido social y la pandemia Covid), estos más bien debieran incentivar el crecimiento e inversión, producto de la focalización de incentivos en torno a la inversión en I+D, industria manufacturera nacional, pronto pago de proveedores y la formalización de nuevas empresas, siendo especialmente atractivo el crédito IVA para nuevas microempresas, la tasa de postergación de pago de impuestos y la nueva tasa de desarrollo, que debiera concretar el compromiso autoimpuesto por el gobierno de incrementar la participación de la Investigación y Desarrollo hasta un 1% del PIB.

En torno a los impactos en sectores medios y vulnerables, estos serían prácticamente nulos debido a la no inclusión de nuevos o mayores impuestos al consumo y la posibilidad de reducir de la base imponible los gastos por concepto de arriendos y cuidados personales de menores de 2 años y personas en situación de alta dependencia, beneficios que superaran con creces los posibles mayores costos producto del cobro de impuesto a los arriendos y servicios profesionales.

Por último, en relación a la objetividad y capacidad de las instituciones fiscalizadoras, el contenido de la propuesta básicamente apunta a simplificar el cumplimiento tributario e implementar estándares internacionales en materia de combate de la evasión y elusión tributaria y, más específicamente, a las estrategias de erosión de la base imponible (BEPS) y uso de los mal llamados “paraísos fiscales”, que sumados a la mayores facultades del Servicio de Impuestos Internos, la nueva figura de denunciante anónimo tributario y la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, permitirán reducir de modo significativo los espacios de opacidad, elusión y evasión que actualmente posee nuestro sistema tributario.

En lo sustantivo, podemos aseverar que estamos frente a una propuesta que cumple con altos estándares de participación y calidad técnica, y que si bien no resuelve todos los problemas de nuestro sistema tributario, avanza de forma significativa en materia de capacidad de recaudación, progresividad, transparencia, justicia y simplicidad del sistema tributario, así como en materia de objetividad, eficiencia y efectividad de los organismos fiscalizadores en el combate de la evasión y elusión tributaria.

Esperemos que los distintos actores políticos, sociales y económicos reaccionen de modo favorable a esta propuesta y podamos contar prontamente con un nuevo pacto fiscal para el desarrollo de Chile y sus habitantes. Al menos el silencio y ponderación observado en las redes sociales durante estos últimos días, reflejan que existe una posibilidad cierta para este acuerdo tan urgente y necesario.