Una (nueva) Constitución para la empatía

Empatía, según la definición que aporta la RAE, es la “capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos”. Si miramos una construcción más colectiva, Wikipedia dice de la empatía que “es la capacidad que tiene una persona de percibir los pensamientos y las emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Por eso es vital para la vida social”. Podemos decir que empatía es un término que alude, primero, a la capacidad de mirar el mundo con los ojos de otro ser. Refiere a la habilidad de situarse en los zapatos de otra persona para intentar explicarse el mundo, ya no tanto desde lo que uno ve en otras personas, sino justamente desde cómo esas personas ven al mundo. Implica un acto de soltar, de aceptar, de comprender y abrirse a apreciar algo que no necesariamente me representa.

El discurso de lo oficial en Chile, tradicionalmente, no ha sabido nunca ser empático. Más que ponerse en el lugar de otras miradas y personas, ha sido un lenguaje de autoritarismo, de acomodo a la norma que define un modo de ver las cosas, una regulación estricta para casos de diverso origen y naturaleza y un llamado a la sanción, penal inclusive, como amenaza velada para quienes han buscado caminos diferentes. El juego de la democracia es siempre un juego de poder, de querer dominar a un espectro de personas o un territorio. En ese juego, como país no hemos sido, hasta aquí al menos, paladines de la participación y la promoción de la diversidad. Basta recordar la sentencia que dicta el escudo nacional que, más allá del proceso constituyente que estamos viviendo, seguirá rigiendo simbólicamente como un resumen de lo que le decimos al mundo y a nosotros mismos como lema: “Por la razón o la fuerza”. Esto es, o entiendes lo que te digo o te forzaré a entender. Pocas cosas parecen más distantes de la empatía que nuestra avasalladora frase nacional.

Sin embargo, cuando queremos encontrar valores que nos definan, la población chilena suele decir que, como un sello de nuestra sociedad, somos un país solidario, quizá amparada en la experiencia de múltiples tragedias naturales y de cruzadas como la Teletón o los antiguos “Chile ayuda a Chile”.

No cabe duda que nuestra historia es parte de lo que somos. Está ahí para aprender de ella, pero también para darnos cuenta qué es lo que podemos mejorar. Los cambios siempre promueven fantasmas, arraigos, apegos. “¿Cómo vamos a hacer esto, si nadie nunca antes lo hizo?”, como otra cara del “Esto se hace así, porque siempre se ha hecho así”, pareciera ser también parte de nuestra cultura nacional.

Una nueva Constitución, un nuevo Pacto Social

Cuando hablamos de una nueva Constitución, el problema se multiplica y agranda, por mucho. Exactamente por 19.120.000 posibilidades, que son las personas que habitan nuestro país. Poner a toda esa gente de acuerdo en torno a lo que nos parece fundamental, un adecuado resumen de lo que quiero que exprese mi país, es una tarea, de entrada, imposible. Por ello que un texto constitucional nunca tendrá la posibilidad de dejar satisfecha a toda la población y habrá que rescatar qué valores son los fundamentales que queremos ver expresados en un texto que será el marco último donde se inspire toda la legislación que sostiene nuestra manera de regular la vida común.

Esa dispersión de miradas debe intentar promover un acercamiento e, idealmente, eliminar las contradicciones. Pero habrá materias donde la contradicción no podrá ser superada y entonces deberemos mirar hacia las realidades diversas y buscar lo que haga sentido mayoritario, con criterio amplio y de cara a la mayor cantidad de personas en nuestro país. Evidentemente, sin destruir a quien piensa diferente o anular su posición.

Y en eso, el nuevo texto constitucional que se propone da pasos gigantes en el camino a permitir, de forma inédita en nuestra historia, la existencia de diferentes formas de mirar la vida y que pueden ser reconocidas y protegidas por el Estado. El reconocimiento a las diversidades, a los pueblos originarios, a la naturaleza, a la sociedad misma como titular de derechos, importa un reparto del poder que en los textos constitucionales anteriores respondía sólo a una única mirada dominante, tradicionalmente masculina, patriarcal y conservadora.

Se ha dicho que esta Constitución disgrega o desarticula el país. Eso no es cierto, y la evidencia mundial muestra muchos Estados que conviven con reconocimientos y grados de autonomía a distintos sectores de su población.

Se ha dicho también que no habrá más una justicia que ordene y proteja de buena manera a los habitantes de nuestro país; entonces no tendremos quien nos proteja frente a las injusticias. Tampoco es cierto, ya que será la Corte Suprema quien seguirá estando a la cabeza de todo el ordenamiento jurídico nacional y habrá un Consejo de la Justicia que, justamente, ayudará en despejar los nombramientos de jueces haciendo más compleja la intromisión e influencia de miradas políticas en aquellas selecciones.

Se ha dicho también que se permite el aborto sin causal y que no podría ser limitada la prerrogativa de una mujer, hasta el momento previo al parto, inclusive. Esa interpretación tampoco opera así y basta leer la actual Constitución que nos rige para darnos cuenta que, en su redacción, esa interpretación afiebrada también podría ser sostenida. Y no vemos ninguna situación donde ese argumento tenga cabida para apoyar un aborto en una gestación en fase terminal. La situación actual no dista mucho de lo que dice el nuevo texto, sólo que ahora está redactado en clave feminista y con un explícito mandato al legislador para que ordene esa discusión legal considerando el derecho de la mujer a su autodeterminación legal y reproductiva.

Se ha dicho también que nos van a expropiar, pensiones, terrenos, derechos, riquezas, sin pagar y sin procedimientos legales. Nada de eso se afirma en el nuevo texto y, al revés, muchas veces resulta que el proyecto propone mejores y más eficaces garantías que las que hoy se tienen, como el caso del pago efectivo antes de la toma de posesión de un terreno que si ha sido expropiado. Ya hubieran querido eso quienes tuvieron que dejar propiedades para la construcción de un acueducto o una carretera y tuvieron que discutir legalmente por años contra el Estado sin percibir sus legítimos montos indemnizatorios a cambio.

Hay mucha información que acusa al nuevo texto como desconocedor de nuestra historia y como un mal texto, pero sin entrar a profundizar en cuáles son las cosas que serían tan horripilantes o escandalosas. Sin duda estamos en un periodo de mucho miedo, noticias falsas y campañas del terror frente a los cambios que pueden venir. Será fundamental que nos volquemos a leer realmente el texto y sepamos qué dice exactamente, qué propone y qué marco de convivencia se levanta desde ahí.

Estamos en presencia de un texto que permite el respeto mutuo, las miradas diversas y diálogos francos sobre el poder y su reparto. Este momento puede ser, por fin, una manera democrática para salir de las polaridades falsas que por tantos años han determinado nuestros debates públicos.

Hay un aprendizaje extendido ahí al frente para aceptar lo que no es mi realidad ni me afecta, pero que sí afecta o interesa a otras personas que nunca han estado consideradas en la mesa del poder.

Esa empatía institucional por fin puede salir a la luz y ser consagrada como un pilar real de nuestra sociedad futura.  ¿Por qué no aprobaríamos aquello?