Plurinacionalidad y convivencia solidaria

Es impactante reconocer prejuicios propios de intereses plutocráticos en barrios populares donde se expresan temores instalados por los medios aprovechando la ignorancia respecto a la nueva Constitución (NC) y específicamente respecto al significado de plurinacionalidad. Se repiten juicios como los emitidos por el senador Manuel José Ossandón: “Los chilenos que no son de pueblos originarios son de segunda clase”. Daniel Matamala describe en su reciente columna “Los mapuches millonarios” (https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-daniel-matamala-mapuches-millonarios/BD3WFW7GNJFING5ZKNMTHMLVTE/) las expresiones desproporcionadas de los privilegios que se quieren esconder tras falacias como la descrita. Se instalan cuñas que esconden intereses conservadores de un sistema injusto para desinformar a quienes el sistema educativo ha marginado de los necesarios conocimientos de educación cívica y, en este caso, sobre la historia del sojuzgamiento a los pueblos originarios.

La visita del Papa a Canadá para pedir perdón por la asimilación forzada de los pueblos originarios no remueve las conciencias conservadoras en Chile. El conservadurismo nacional no considera necesario pedir perdón ni menos revertir por la vía constitucional el despojo de tierras, la violación a sus derechos, los brutales intentos de asimilación. Por el contrario, defienden estos procesos porque son parte de la historia forjada por ellos y es parte intrínseca de su identidad.

En la nueva Constitución no sólo se repara la brutal invasión de territorios en la segunda mitad del siglo XIX, sino también la historia que se extiende a través del siglo pasado y que aún tiene su expresión en el Chile actual: se dispersan comunidades, se impone la aculturación con un claro objetivo nacional de instalar una economía de mercado e individualista donde existe una cultura comunitaria. En la discusión actual es conveniente revisar esa historia para comprender por qué tiene tanta relevancia la plurinacionalidad en Chile.

Es recomendable leer la Crónica militar de la conquista y Pacificación de la Araucanía desde 1859 hasta su completa incorporación al territorio nacional (Leandro Navarro, 2013). Además de describir las brutales expediciones militares en contra del pueblo mapuche, llena de atrocidades que generaciones de actuales élites quieren olvidar, se usó la estrategia de dividir al pueblo, por ejemplo, a través de regalías, donaciones de tierras fuera de su comunidad, dando protección a aquellos caciques que derrotados se subordinaban al poder militar. Todo esto, pasando a llevar sus tradiciones. Así se expresa, por ejemplo, en la fundación de Lumaco que describe el libro citado (en su página 191): “Para asegurarse tranquilidad y sosiego para la nueva población que se fundaba, (se) trató de juntar al mayor número de Caciques (…) se les expresó el motivo de la ocupación militar y las ventajas que traería a todos los indios amigos (…)” como la instalación “de una escuela para educar a sus hijos” y así “mejorar su condición con traje decente y buen desarrollo”.  Así los quiere hoy la élite, como parte de nuestro folklore nacional, subordinados y asimilados como una clase social desarticulada de sus comunidades vestidos y comportados casi como chilenos, bueno, chilenos de clase baja.

Esta estrategia siguió en el siglo XX. Alejandro Lipschutz, en Perfil de Indoamérica de nuestro tiempo (1968), nos describe ahora otro tipo de invasión, la legal y cultural. Se refiere a un tiempo no lejano, que expresa un destino impuesto a los pueblos originarios y que hoy perciben las nuevas generaciones de mapuches y chilenos al presenciar la historia de sus abuelos. Lipschutz nos habla de “las tentativas legislativas de ‘liquidar’ la comunidad indígena”. En el año 1942 se instaló un “sistema de división de las comunidades con título de merced, que importa una brusca modificación de las costumbres y tradiciones de los indígenas, ha sido naturalmente resistido por ellos y ha dado origen a que se opongan a la división de sus reducciones, agudizándose, así, ese clima de desconfianza, en que, por naturaleza vive el indígena”.  Esto me recuerda una experiencia personal en Alto Bío-Bío. Almorzando en casa de una familia mapuche-pewenche, consulto al señor mayor de todos sobre su apellido. Me relata que su apellido inicial se perdió en 1947. Funcionarios del Registro Civil censaban a las comunidades preguntando a que se dedicaban en sus terrenos. Según la respuesta se les asignaba un apellido. De ahí surgieron apellidos en la población mapuche como “Gallina”. Esta experiencia coincide con lo descrito en “Adaptaciones y acomodos en los primeros años de las comunidades pewenche del Alto Bío Bío (1900-1930)”, en Cuadernos de Historia N° 41, 2014: “A principios de siglo XX, las leyes de la civilización obligaron a los pewenche a nacionalizarse ciudadanos chilenos, para lo cual se les exigió a los indígenas dos nombres y dos apellidos e inscribirse en el Registro Civil de la comuna correspondiente”.

El despojo, la aculturación es aún hoy sentida, sufrida y estudiada planteándonos la necesidad de revertir la historia del poder sobre los pueblos originarios y sus tierras, considerando que una convivencia en paz se logra con una integración equitativa y solidaria entre diferentes naciones en “un territorio único e indivisible”, como lo entiende la nueva Constitución (Art. 3). La propuesta constitucional asume la responsabilidad y define al país de acuerdo con demandas de este siglo, como uno “conformado por entidades territoriales autónomas y territorios especiales en un marco de equidad y solidaridad preservando la unidad e integridad del Estado” (Art. 7). Para ello, la nueva Constitución asigna responsabilidades nacionales: “El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución” (Art. 79). La propuesta constitucional no privilegia a una nación sobre otra, ya que las autonomías indígenas se realizarán “en coordinación con las demás entidades territoriales” (Art. 234) donde “el Estado reconoce y promueve el diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones  de los pueblos y naciones que conviven en el país, con dignidad y respeto recíproco (…) superando las asimetrías existentes en el acceso, la distribución y el ejercicio del poder, así como en todos los ámbitos de la vida en sociedad” (Art. 11).

La nueva Constitución nos acerca al fin de las asimetrías del poder dominante por siglos en contra de los pueblos originarios. Es necesario informarlo fehacientemente, asumir la responsabilidad que nos demanda la paz que requiere el país. Para ello, debemos lograr un voto informado, donde la ciudadanía se decide conscientemente por un reemplazo constitucional que da garantías de convivencia entre los pueblos, supera confrontaciones de siglos y crea un fundamento de convivencia solidaria entre las naciones que habitan Chile.