Un triple pacto para un triple impacto

Enfrentamos momentos de gran incertidumbre. En materia política se trabajan en las reformas de pensiones, reforma tributaria, y a principios de septiembre debemos escoger entre si aceptamos o rechazamos una nueva Constitución.

En materia económica, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en junio el índice de precios al consumidor tuvo una variación de 0,9%, acumulando 7,1% durante el 2022 y un alza de 12,5% en los últimos 12 meses; mientras que la Tasa de Política Monetaria (TPM) se sitúa en 9,75 y el Banco Central estima un crecimiento económico entre 1,5% y 2,5% para el 2022. Sin duda, el fenómeno conocido como estanflación (alta inflación con bajo crecimiento) preocupa a las autoridades, más aún si el conflicto exterior entre Rusia y Ucrania continúa, pues ha traído consecuencias en las cadenas de distribución a nivel global impactando principalmente en el precio de la energía, las materias primas y los alimentos (Informe IPOM, junio 2022).

En las últimas semanas, la discusión sobre la nueva Constitución se ha enfocado en sí es más factible reformar rechazando o reformar aprobando. Ambas opciones contribuyen con algún grado de incertidumbre -una más que la otra, por cierto-. No obstante, tienen en similitud la misma pregunta: ¿reformar qué? Mientras no se discuta qué aspectos del borrador deben ser revisados, entonces, una nueva Constitución y su eventual implementación se verían retrasados y provocaría efectos negativos en la sociedad.

Por otro lado, tenemos pendiente una reforma de pensiones que, aunque existe un amplio acuerdo que no se puede seguir esperando, los temas controversiales siguen sin resolverse. Cabe recordar que, a principios de la revuelta social, las bajas pensiones eran el principal tema de preocupación de los chilenos y chilenas; hoy en día siguen estando entre los temas más relevantes y de mayor preocupación ciudadana.

Por su parte, la reforma tributaria propuesta por el gobierno pretende recaudar un 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB), cuyos recursos se destinarían a financiar derechos sociales como, por ejemplo: aumentar la pensión garantizada universal a $ 250.000, financiar la reforma a la salud, financiar la emergencia habitacional y fortalecer el sistema nacional de cuidados, entre otros. Materias estrechamente relacionadas con la propuesta de la nueva Constitución. Los principales argumentos para respaldar esta reforma son: (i) Chile se encuentra entre los países OCDE con una de las más bajas cargas tributarias respecto al PIB de acuerdo con el informe Tax Policy Reviews 2022, el cual dice que la carga tributaria de Chile es de 20,7% en 2019, por debajo de la carga tributaria mediana que corresponde a un 34,7%; (ii) la estructura tributaria chilena se concentra más en impuestos indirectos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y menos en impuestos directos como el impuesto a la renta; y (iii) se necesita mayor recaudación para financiar programas y derechos sociales con mayor equidad y justicia distributiva.

La pregunta que se hacen algunos políticos, técnicos y académicos, es si este es un buen momento para efectuar estos profundos cambios, pues dicen que la mezcla entre incertidumbre y escenario económico no son favorables. Pero, ¿cuándo sí lo es? Pues anteriormente, en reiteradas ocasiones, hemos escuchado “no es el momento”.

En octubre de 2019 se produjo un quiebre en la cohesión social y en la confianza en las instituciones. Ciertamente, esta fractura que detonó el 18 de octubre de 2019 fue el cúmulo de grandes tensiones que se venían arrastrando por años. Reconstruir el tejido social es requisito indispensable para volver a confiar los unos en los otros, pues la confianza es uno de los principales motivos sobre los cuales se construye la legitimidad y la sostenibilidad del sistema político (OCDE, s.f.); además, la confianza en las instituciones reduce la incertidumbre pues proporciona una estructura estable. Asimismo, el capital social, de acuerdo con Robert Putnam, facilita la cooperación y la coordinación en beneficio mutuo. Las sociedades se vuelven más comprometidas, genera compromiso cívico, y se valora más la solidaridad, la integridad y la participación (Putnam, 1993).

Sin embargo, la desconfianza y la mentira se han instalado como base de nuestras relaciones. Un ejemplo de esto es que mientras ,la gran mayoría miente en su Ficha de Protección Social para obtener algún pequeñísimo beneficio del Estado -que de no tenerlo estaría peor que antes-, otros, la minoría -principalmente personas con altos ingresos- mienten en sus declaraciones de renta o buscan artimañas para evadir/eludir impuestos con tal de aumentar sus ganancias. En definitiva, unos mienten por avaricia y otros -la gran mayoría- mienten por algo de dignidad.

De acuerdo con el Proyecto de Ley de Reforma Tributaria que presentó el gobierno del presidente Gabriel Boric, la evasión y elusión representan entre el 4,4% y el 7,5% del PIB. Por otro lado, la desigualdad -medida por el índice 10/40-, que muestra la relación entre el ingreso recibido por el 10% de hogares de mayores ingresos y el correspondiente al 40% de hogares con menores ingresos, alcanzó un índice de 2,5; es decir, el 10% obtiene 2,5 veces más de ingresos que el 40% de los hogares con menores ingresos, conforme a la Encuesta Casen 2017. Esto es aún mayor si se considera el factor inflación que ha hecho que la pobreza haya aumentado en el último tiempo, según lo dicho por la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega.

Los datos de evasión/elusión y de desigualdad dan cuenta de una falta de justicia tributaria que tenga como principios la justicia distributiva y la progresividad. Tal injusticia provoca un sentimiento de abuso en la ciudadanía, de deslegitimidad de nuestro de sistema tributario, de desconfianza en las instituciones, y no contribuye a nuestra cohesión social. En este sentido, un royalty a las grandes mineras y un impuesto al patrimonio van en el camino correcto.

En el actual escenario, ¿se deben ignorar o aplazar las demandas de justicia y dignidad en favor del crecimiento económico? La respuesta es no. Porque existe complementariedad entre los activos intangibles y los tangibles, así pues, la inversión en capital social es un requisito previo que funciona a través y con los Estados y con los mercados, no en lugar de ellos (Putnam, 1993). A la vez, se deben generar recursos de crecimiento y usar esos recursos para expandir y mejorar los servicios públicos (Sen, 2002).

En definitiva, este es el mejor momento para acordar un triple pacto: social (nueva Constitución), fiscal (Reforma Tributaria) y previsional (reforma al sistema de pensiones). Las crisis nos obligan a ponernos de acuerdo, y nos invitan a cooperar.

Si esperamos a que pase la tormenta para ponernos de acuerdo, después no habrá tormenta que atender ni motivo para colaborar. Por lo tanto, hoy es el mejor momento posible para empujar reformas estructurales desde las personas, las organizaciones sociales, las comunidades y los partidos políticos. De manera colectiva, con participación ciudadana, y con un gran compromiso cívico y democrático.