Opinión

El proyecto constitucional y las fronteras: otra razón para aprobar

Por: Haroldo Dilla Alfonso | Publicado: 03.08.2022
El proyecto constitucional y las fronteras: otra razón para aprobar | Patricio Banda/Aton Chile
Los avances en la nueva Constitución deben ser un punto de arrancada para revalidar y dar su personalidad institucional propia a estas realidades en las que viven cientos de miles de compatriotas. Es una invitación para crear un régimen fronterizo, con leyes de desarrollo propias (en lugar de la vetusta concepción de “zonas extremas” que hoy prima) y adecuación de otras leyes.

Estoy convencido de que el proyecto constitucional debe ser aprobado. Es superior a todo lo que ha existido antes, pero también una buena pieza legislativa en aspectos claves como son, por ejemplo, los derechos de la gente y la estructura democrática y descentralizada que debe tener el Estado Chileno. La nueva Constitución se permite una mirada a lo regional que nunca antes existió, y que obviamente no existe entre quienes abogan sencillamente por el Rechazo.

Un indicador de esta mirada positiva –y una de las razones por la que creo que esta Constitución es un paso de avance histórico– es haber incluido en su articulado, por primera vez en la historia nacional, un tratamiento de las fronteras más allá de la visión cerrada nacionalista que la percibe como límite binacional.

Hace mucho tiempo que las fronteras no son simplemente eso, sino lugares de contactos e intercambios, que garantizan la vida de sus habitantes y enriquecen sus cotidianidades con signos de convivencia intercultural. Por eso no son simplemente límites con garitas y funcionarios celosos, sino comunidades que viven la frontera: comercian, usan servicios jugando con los precios, comparten tradiciones y medioambiente o simplemente se divierten. Es la nueva realidad de las fronteras que la legalidad chilena ha obviado. Las situaciones de fronteras se enriquecen con estas visiones transfronterizas, que cruzan los límites y abrigan interacciones renovadoras.

En nuestra geografía existen focos transfronterizos urbanos de mucho dinamismo –pensemos en Arica/Tacna o Punta Arenas/Río Gallegos– u otras zonas donde las historias ancestrales recuperan sus espacios sobre límites fragmentadores de las realidades culturales de los pueblos originarios, como son los casos de los mundos aimaras y mapuche. En ningún caso he conocido que estos contactos hayan actuado como lesiones a la jurisdicción nacional, más allá de lo que esa jurisdicción ha estado dispuesta a permitir para favorecer las sinergias mutuamente beneficiosas.  En cambio, he conocido de múltiples beneficios.

La nueva Constitución toma nota de esta situación de forma explícita en dos artículos. En su Artículo 14, se propone facilitar el intercambio transfronterizo en zonas habitadas por pueblos originarios. En su Artículo 199, autoriza a los gobiernos comunales a relacionase con sus homólogos de los países vecinos para “establecer programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la conservación del medioambiente, según los términos que establezca esta Constitución y la ley”. Son dos gotas de agua en un mar de 388 artículos, pero digamos que son dos puertas abiertas para seguir pensando y legislando sobre el tema.

Debo anotar que, cuando la sociedad chilena apruebe esta Constitución –estoy seguro que así será– habrá dado un paso histórico muy importante en el tema que nos compete aquí, pero sólo habremos logrado colocarnos a un nivel modesto en el plano internacional. No sólo respecto a Europa –con su proyecto de integración postnacionalista– sino respecto a la misma América Latina. En nuestro continente la mayor parte de los países han conseguido avanzar hacia legislaciones e institucionalidades notablemente avanzadas, en particular allí donde han existido proyectos integracionistas que, como la Comunidad Andina de Naciones, han enfatizado a las zonas de fronteras como objetivos de desarrollo.

Por ello, los avances en la nueva Constitución deben ser un punto de arrancada para revalidar y dar su personalidad institucional propia a estas realidades en las que viven (y de las que viven) cientos de miles de compatriotas. Digamos que es una invitación para crear un régimen fronterizo, con leyes de desarrollo propias (en lugar de la tan vetusta concepción de “zonas extremas” que hoy prima), adecuación de otras leyes, por ejemplo, lo relacionado con el subsistema municipal, y modificar las organizaciones que han acompañado estos procesos, como es el caso de la Dirección de Fronteras y Límites (DIFROL), cuya alta calidad profesional nunca ha sido compensada con atribuciones de acuerdo con su título. Es una invitación para avanzar.

Haroldo Dilla Alfonso
Director del Instituto de Estudios Internacionales (INTE) de la Universidad Arturo Prat.