La transparencia de Leturia y la decadencia de una institución

Cuando se diseñó el Consejo para la Transparencia (CPLT) se lo pensó como una institución autónoma en tanto condición básica y estructurante para el correcto ejercicio de su función, que no es otra que amparar a la ciudadanía frente a eventuales abusos del Estado y los gobiernos en lo que respecta al acceso a la información pública, garantía esta última, a su vez, de la posibilidad de ejercer control ciudadano más efectivo sobre las autoridades en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, el CPLT tal vez haya sido una de las nuevas instituciones públicas de nuestra democracia, anclada en un paradigma de ejercicio de derechos que hoy, con el debate constitucional, parece emerger con mayor nitidez.

El señor Francisco Leturia, con sus últimas acciones de connotación pública, ha roto definitivamente esta condición básica de la institución que le toca presidir, tanto con sus descuidados juicios sobre otras instituciones (por ejemplo, la polémica con la Comisión Chilena de Derechos Humanos), como con su casi nula neutralidad en cuanto a temas de la contingencia política nacional. Todo ello escenificado casi compulsivamente en el uso de sus redes sociales personales y su baja capacidad de entender el rol que debe cumplir como máximo representante institucional de la transparencia en Chile. Y no es menor el efecto que esto puede tener. El resguardo de dicha autonomía debería ser garantía de credibilidad frente a los ciudadanos.

¿Por qué un ciudadano habría que creerle a una autoridad que lo debe proteger imparcialmente frente al gobierno, si con sus opiniones previas parece tomar partido frente a las acciones de ese mismo gobierno? ¿Por qué creerle a esa autoridad que realmente me protegerá frente a otra autoridad, si ha manifestado públicamente una opción que favorece a una opinión particular y que eventualmente podría coincidir con la opinión de la autoridad de la que me debe defender?

Pierre Rosanvallon, en su libro ya clásico a estas alturas, La legitimidad democrática, muestra cómo funciona y se institucionaliza lo que llama “la legitimidad de imparcialidad”, una de cuyas principales características es la responsabilidad de las autoridades que tienen mandato de imparcialidad de no manifestar compromiso con algún interés que pudiese cuestionar su actuar institucional. A partir de ello, el autor francés afirma que la imparcialidad es una cualidad precaria, que es necesario poner a prueba y cuidar permanentemente. Parece evidente que el señor Leturia con su interés por opinar públicamente de muy diversos temas y su particular forma de entender la transparencia no ha logrado habitar dichas condiciones marcadas por la sobriedad, la neutralidad y la autonomía, poniendo en riesgo la función propia de la institución que le toca presidir, y con ello, perdiendo la oportunidad de contribuir desde su rol, a la creación de legitimidad para nuestra democracia.

Las causas de por qué el CPLT ha llegado a este tipo de dificultades pueden ser múltiples, pero sin duda que la binominalización de este organismo ha terminado por debilitar una institución que pudo representar, o que en algún momento representó, una organización de futuro y anclada en valores de renovación democrática. Lamentablemente, el binominalismo en la forma de designación de sus máximas autoridades, tan propia a los últimos 30 años de nuestra democracia, terminó por anclarla en el ciclo que paulatinamente se cierra.

Sin embargo, el momento político actual, que tiene como fecha crucial el 4 de septiembre, puede ofrecer una nueva oportunidad para esta institución tan vapuleada últimamente por sus propias autoridades (cabe recordar el caso de el ex presidente Marcelo Drago).

El texto propuesto de nueva Constitución ofrece el rango de autonomía constitucional al Consejo para la Transparencia, lo que no sólo afectará sus funciones respecto a la posibilidad de fiscalizar a los tres poderes del Estado, sino que también debería modificar el mecanismo de designación de sus máximas autoridades y fortalecer sus funciones, agregando, valga la paradoja, mayor transparencia y participación a este proceso y dotando de exclusividad de funciones a sus Consejeros, desincentivando así la ocurrencia de los bochornos a los cuales ha sometido el señor Leturia a una institución destinada a defender derechos ciudadanos de vital importancia para la salud de nuestra democracia.