Una insoportable pérdida de poder

Ratificar y poner en marcha la nueva Constitución chilena implicará concretar una inédita transferencia de poder, un arrebato histórico, desde las élites políticas, empresariales y tecnócratas, que monopolizan la toma de decisiones en Chile, hacia el pueblo multicultural y diverso, educado en escuelas y colegios públicos, que constituye la inmensa mayoría del país y siempre visto por aquella desde una perspectiva clasista y excluyente.

El arrebato se concreta en una ampliación de la democracia, con las gentes resolviendo en plebiscito aquello que el Parlamento deja a medias, con la iniciativa popular de ley y la democracia directa, con el fortalecimiento del regionalismo, con las paridades de género en las instituciones, con el reconocimiento de las diversidades étnicas y del sincretismo cultural, con la obligatoriedad estatal de concretar derechos sociales que ahora son fuente de negociados, democratizando y racionalizando el usufructo de los recursos del país, como el acceso al agua, etc. Todo muy distinto a lo que fueron hasta ahora las formas de hacer política e institucionalidad, centralistas, patriarcales y mercantilizadas.

Todo ello explica el por qué el 1%, acumulador del 50% de la riqueza nacional, está sulfurado y no se resigna a la democratización que implica perder significativas cuotas de poder a manos del “rotaje”, del “perraje”, de los “indios” y de los “alienígenas”, como menosprecian a los distintos a ellos.

Están tan indignados y escandalizados, que en su manía de descarrilar el tren del Chile que surge no vacilan en mentir descaradamente acerca del contenido constitucional, en agitar el racismo ignorante hacia los mapuche, diaguitas y otras etnias, en sembrar miedo e incertidumbres desinformando, todo pagado con sus donaciones millonarias y desde sus medios de comunicación, históricamente faltos de ética, defensores de la dictadura, justificando sus crímenes y ocultando las violaciones a los derechos humanos.

La élite acusa partisanismo, revancha y odio, cuando esas han sido sus prácticas históricas; no debe olvidarse que recurrieron a la masacre indígena, obrera, campesina y al golpismo para imponerse. Está escrito que desde el siglo XIX, y hasta el estallido social de 2019, las calles, campos, pampas, estepas patagónicas y poblaciones obreras del país, están teñidas de la sangre de los humildes que se alzaron por justicia y por dignidad. 

La estigmatización que han hecho de la Convención Constitucional, de sus integrantes y del texto producido (cuyas normas fueron aprobadas en promedio por el 80% del total de los 154 constituyentes), tiene que ver con la obsesión de impedir el parto de un país distinto que los desplaza de su supremasismo ilustrado. Y de no resignarse a constatar cómo esa gente extraña y lejana emergió para materializar la voz de las comunidades discriminadas y sacrificadas medioambientalmente, de los pueblos primeros víctimas del genocidio y suprimidos en las versiones oficiales redactadas por los colonizadores; de las mujeres y las diversidades empoderadas señalando a violadores y abusadores.

La Constitución propuesta es la contracara exacta de aquello de lo cual los chilenos modestos quieren escapar: el país neoliberal extractivista construido a mansalva por el dictador y sus civiles serviles, tristemente maquillado en las décadas que le siguieron, aquel donde la proclamada suprema libertad depende de cuánto dinero tienes para adquirirla; donde el libre mercado consiste en aplastar a la competencia y acabar con los pequeños; donde los multimillonarios que se coluden para joder a la gente con el precio del papel higiénico, de la carne de pollo, de los medicamentos y del gas licuado, apenas reciben unas multas paupérrimas; o donde los que burlan las leyes tributarias se regocijan con ridículas clases de ética; o donde el Presidente especulador financiero, que envía su plata a paraísos tributarios para pagar menos impuestos en Chile, le declara la guerra a sus compatriotas cuando se revelan y los denuncia como agentes de una conspiración foránea.

Ahora, en su empeño por impedir su pérdida de poder, prometen reformas y se declaran partidarios del Estado social y democrático de derechos, pero basta revisar los últimos 40 años para verificar cómo las élites conservadoras y la derecha política se opusieron a todo cambio o lo dilataron al máximo, incluso de aquello decimonónico que prevalecía.

De partida, en 1988 quisieron que la dictadura sanguinaria se prolongara por 8 años más e hicieron campaña por ello. En 1990 incumplieron terminar con los senadores designados, que continuaron hasta 2006, cuando ya no les servían para mantener mayorías artificiales. En 1993 boicotearon durante cinco años establecer la igualdad legal de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, algo que cambió apenas en 1998. En 2004 votaron contra la ley que estableció el divorcio. En 2014 se opusieron a la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En 2018 estuvieron en contra de la ley de aborto por tres causales y congelaron en el Legislativo la propuesta constitucional que envió la ex presidenta Bachelet, redactada a partir de un proceso de consulta popular. En 2020 estuvieron en contra de declarar el agua como bien de uso público. Esa es la derecha que no da el rostro en la franja del Rechazo, pero que todos los días lo promueve a diestra y siniestra.

¿Entonces por qué creerles su desesperada promesa de “rechazar para reformar”, cuando la evidencia prueba lo contrario?

En nuestro país, que es también el de ellos, está a punto de ocurrir algo extraordinario, una inédita profundización de la democracia que empoderará a las personas “de a pie” a protagonizar la construcción de un futuro colectivo, cuya característica principal ojalá sea la igualdad de oportunidades sustentada en educación de calidad.

Nada podría ser peor que ello se frustre. Las causales del estallido social y la energía que lo impulsaron hasta arrinconar al establishment y arrancarle el proceso constituyente siguen ahí latentes e irresueltas. El único avance desde entonces es la expectativa de un país distinto, socialmente inclusivo, reflejado en la Constitución propuesta. Más que a los cambios, si a algo deberían temerle los conservadores es a seguir jugando con la esperanza de las personas y a que aquellos no se concreten.