Desaparición Forzada de personas: no basta con la memoria

Cuando, en 2006, la Presidenta Michelle Bachelet estableció el 30 de agosto como el Día de las Victimas de Desaparición Forzada, la cifra de 1.210 personas detenidas desaparecidas en Chile, durante la dictadura militar, se mantenía firme. Como un pesado número que nos recuerda la deuda del Estado con esas familias, quienes todavía buscan incansablemente. En efecto, en 2010, cuando la institución de este día fue ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, sólo 3 víctimas habían sido encontradas desde el retorno a la democracia. Y, en 2015, los hijos de Arturo Villegas, desaparecido el 18 de septiembre de 1973, recibieron los restos de su padre, que fueron encontrados en una tumba del cementerio de Penco, 45 años después.

En poco más de un año vamos a conmemorar medio siglo desde la tragedia iniciada el 11 de septiembre de 1973. Espero que la conmemoración remueva las conciencias de quienes aún mantienen los pactos de silencio. El homenaje más poderoso que podemos rendir a las víctimas sería que el Estado utilice de manera decidida sus recursos e instituciones para saldar la deuda de reparación y justicia que Chile tiene con estas familias. La obligación no solamente es un imperativo moral, sino que se funda también en los tratados internacionales suscritos por Chile.

En el estado actual de las cosas, si todo permanece igual, corremos el serio riesgo de que se instale una “impunidad biológica”, que en la práctica significa la muerte de las madres, padres, hermanos y parejas de los desaparecidos y las desaparecidas que esperan justicia y reparación.

En democracia, se ha podido acreditar la desaparición forzada de tres personas. Al día de hoy, no sabemos dónde están José Huenante, Hugo Arispe y José Vergara. Desgraciadamente, no estamos libres de prácticas institucionales que puedan conducir a la desaparición forzada de personas.

Vivimos tiempos en que la memoria se relativiza peligrosamente. Hace pocos días fue vandalizado el memorial del Estadio Nacional. Cada tanto escuchamos discursos exaltados en medio de la contienda electoral, que llaman a repetir la purga de militantes de izquierda o alocuciones amplificadas por los medios que llaman a eliminar “lacras” de narcotraficantes o delincuentes, desde la tribuna del Poder Legislativo. Lamentablemente, estas expresiones no son marginales, en la medida que demuestran que el consenso transversal, al menos en las fuerzas políticas, que se enarboló en el pasado sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos, se quebró gravemente. Una prueba de ello son los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019.

La memoria es frágil, y es nuestro deber promover e instituir que los derechos humanos sean parte de los planes educacionales en colegios y otros establecimientos, como las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Un gran avance en este sentido es el que contiene la propuesta de la nueva Constitución. El Artículo 22 establece que “Toda persona víctima de desaparición forzada tiene derecho a ser buscada. El Estado garantizará el ejercicio de este derecho, disponiendo de todos los medios necesarios”.  Paralelamente, el Artículo 24 de la propuesta tiene incisos que se hacen cargo de lo que está pendiente respecto de las violaciones a los derechos humanos en dictadura y la garantía de no repetición. El texto que se vota este domingo establece el derecho de la comunidad al esclarecimiento de la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad, el derecho de las víctimas a una reparación integral, y el deber del Estado de preservar la memoria. Todas buenas razones para votar Apruebo.