De la privatización hacia la democracia de las aguas

Después de más de 10 años luchando por el agua, hemos logrado plasmar con mucho esfuerzo un cambio en su modelo de gestión en la nueva propuesta constitucional. La desprivatización de las aguas junto con su administración, la consagración del derecho humano y el establecimiento de prioridades de uso, entre otros, fueron transformaciones indispensables que se lograron después de un año de trabajo en la Convención Constitucional, en pos de contrarrestar los efectos de la crisis hídrica.

La gestión del agua representa uno de los cambios más drásticos en relación al modelo de funcionamiento vigente. En el articulado 19, N° 24, de la actual Constitución se consagra el modelo privado de las aguas, donde se estipula la disposición de los particulares sobre los Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA). En la nueva propuesta, desaparece la propiedad privada del agua, para transformarse en Autorizaciones de Uso de Aguas (AUA). Este cambio en la naturaleza jurídica tiene un impacto en la administración, sistemas de asignación y regulación.

A nivel nacional, estimaciones conservadoras apuntan que un 72% del agua consuntiva es de uso agrícola, mientras apenas un 12% es para consumo humano (https://dga.mop.gob.cl/DGADocumentos/Decretos_vigentes.jpg). Los efectos de estas acciones sobre el uso y priorización del agua son conocidas en nuestro país, especialmente en sectores rurales donde el agua se destina principalmente para la agroindustria mientras las comunidades no tienen acceso, como es el ejemplo de la provincia de Petorca en la Región de Valparaíso. Esto es efecto del modelo de privatización que permite que algunos lucren con la posesión de grandes volúmenes de agua, en contraste con el precario acceso al agua para las comunidades.

Actualmente, los grandes propietarios de las aguas son quienes deciden el futuro de los usos en las cuencas hidrográficas, siendo el mercado el medio más relevante de asignación. Para terminar con esto, las autorizaciones de uso reemplazarán a los derechos de aprovechamiento, donde los actuales derechos de titulares seguirán siendo reconocidos y tendrán resguardo constitucional. En la práctica, se asignará una cantidad de agua determinada respecto de la disponibilidad efectiva de las aguas para usos específicos.

De esta forma, las AUA serán reguladas a través de una institucionalidad que será integrada, descentralizada y planificada con las competencias de dicha materia: la Agencia Nacional de Agua (ANA). Por otro lado, se complementará con una gobernanza hídrica participativa, democrática y solidaria, instalándose los Consejos de Cuencas. Estos serán espacios de gestión democráticos y deliberantes, con una unidad administrativa mínima basada en la cuenca. Tendrán al menos la concurrencia de los titulares de las AUA, las entidades territoriales (gobiernos locales y regionales), y organizaciones de la sociedad civil, pero también podrán componerse por pequeños agricultores, Comités de Agua Potable Rural, Juntas de Vigilancia, Comunidades Indígenas, organizaciones socioambientales, entre muchos otros/as.

No puede seguir ocurriendo que un actor tenga el control absoluto de las decisiones en torno a una cuenca.

En el actual modelo, a la hora de tomar determinaciones respecto del uso/repartición del agua en las Juntas de Vigilancias, las decisiones son tomadas por los grandes propietarios del poder hídrico. No es casual que mientras más derechos de aguas tiene un actor, más poder decisivo es su capacidad de influencia en los sistemas de asignación de las aguas.

A pesar de que aún hay mucho que se definirá por ley, lo cierto es que, para una implementación vinculante de la democracia de las aguas, la participación activa de las comunidades será decisiva para distribuir el poder en las cuencas.

De esta forma, la propuesta de la nueva Constitución permite el bien común al tener una perspectiva colectiva, ya que invita a que todos/as puedan hacerse partícipes de acuerdos amplios para definir el destino de los usos de las aguas y de la cantidad otorgada, en diálogo con la ANA que velará por que funcionen los Consejos.

A los actuales grandes propietarios, usuarios de aguas y todos los involucrados, los posiciona en un nuevo escenario fortaleciendo el diálogo democrático, la retroalimentación pública de los sistemas y la autonomía de los territorios. Esto último se traduce en un fortalecimiento institucional, un mayor acceso a los conocimientos y las tecnologías, todos aspectos claves para abordar la actual mega sequía.

Cambia un modelo privado de agua por un nuevo modelo de justicia hídrica que protege la vida de las personas, comunidades y territorios, donde el agua no será de propiedad de un usuario sino un bien común natural inapropiable.