Una Constitución para los desafíos del futuro

Una Constitución es un contrato social que pone de acuerdo a una sociedad en principios y normas básicas de convivencia. Deviene de un contexto histórico, habitualmente una crisis política, y trata de resolver las grandes interrogantes del momento. Si la Constitución del 80 fue el esfuerzo de la dictadura por institucionalizar el Estado Subsidiario y cooptar la democracia para evitar el surgimiento de otro gobierno como el de la Unidad Popular, la nueva Constitución viene a dar respuesta a dos grandes anhelos expresados en decenas de movilizaciones sociales: garantizar derechos sociales universales (educación, salud, pensiones y vivienda) y la inclusión de grupos habitualmente marginados de la política y los puestos de poder (mujeres, disidencias sexuales, pueblos originarios, personas en situación de discapacidad y un largo etcétera). Ambas tareas, a mi juicio, bien logradas.

De forma adicional a la tarea encomendada (dar respuesta a las urgencias del presente), la propuesta de nueva Constitución propone un nuevo contrato social en problemas hoy visibles, pero que aún no son urgentes para las grandes mayorías: el avance de nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial y el cambio climático. Es esperanzador ver que, como sociedad, nos hemos logrado poner de acuerdo en problemas tan relevantes antes de que se conviertan en emergencias insostenibles.

Inteligencia Artificial y automatización

El último análisis de Future of Jobs Forecast muestra que hasta el 34% de los trabajos están en riesgo de aquí al año 2040. Tareas de mediana complejidad, rutinarias, son más propensas a perderse. Estos trabajos corresponden al 38% de la fuerza de trabajo alemana, 34% de la francesa y 31% de la inglesa. ¿Y en Chile? Aunque no existen estimaciones, al tener una economía basada en la exportación de recursos naturales, estamos en una situación más propensa para que este porcentaje sea aún mayor.

Para estar preparados, la propuesta de nueva Constitución está “impregnada de ciencia” e investigación, como la caracterizo la Revista Nature, fundamentales para el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y creatividad (menos automatizable). Se garantiza el aprendizaje y diversidad de saberes en el Sistema Nacional de Educación (artículos 35 y 36), el derecho a beneficiarse del progreso científico (artículo 61) y el fomento a la investigación, en particular para apoyar el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de nuestro país (artículos 96 y 97).

Sobre las tecnologías de la información, herramientas vitales de los próximos cambios en la producción, se garantiza el derecho a la conectividad digital (artículo 86) y a la educación digital y tecnológica (artículo 90). Además, se fomentan las energías renovables de bajo impacto ambiental (artículo 59) y la generación de valor agregado en la minería (artículo 147), elementos claves que nos permiten desarrollar nuevas industrias, más complejas, que generen mayor rentabilidad, menor impacto ambiental, mayor redistribución de la riqueza y que, por su naturaleza, son menos reemplazables.

Complementario a lo anterior, pero no menos importante, ante el avance de la Inteligencia Artificial, los datos personales que alimentan estos algoritmos serán cada vez más valiosos. La nueva Constitución garantiza el derecho a la privacidad (artículo 70), protección de sus datos personales (artículo 87) y la protección de la seguridad informática (artículo 88).

Cambio climático

Como humanidad, el desafío más grande que tenemos para evitar una crisis de efectos inimaginables es el cambio climático. La meta no es sencilla: debemos llegar a cero emisiones netas de gases contaminantes de aquí al 2050, partiendo por reducir el 45% al 2030. De seguir el camino que llevamos, las consecuencias son inimaginables: alrededor del 40% de la población mundial está en riesgo de perder sus hogares por el aumento del nivel del mar, hasta el 30% de la producción de comida está en riesgo por la erosión, a temperaturas más extremas más y mayores desastres naturales (actualmente, el 90% de los desastres están relacionados con el cambio climático) y, sin duda, un conjunto de nuevos conflictos sociales producto de los desplazamientos masivos y recursos cada vez más escasos.

En la propuesta de nueva Constitución se realza la importancia de la protección del medioambiente y la mitigación de los efectos del cambio climático: se aborda de manera transversal en todo el texto y se le dedica un incluye de forma capítulo entero (III) a esta materia.

En el texto, se consagra que la naturaleza es sujeta de derechos (artículo 127, inciso 1), el Estado tiene la obligación de prevenir y mitigar los riesgos de la crisis climática (artículo 129), proteger la biodiversidad (artículo 130), estimular la educación e investigación en esta materia (artículo 127, inciso 2), garantizar la regeneración, mantención y restauración de los ecosistemas (artículo 103), acceso a la justicia ambiental (artículo 108) y asegurar la integridad de humedales, bosques nativos, suelos (artículo 136) y ecosistemas marinos y costeros (artículo 139).

Para el cumplimiento de estas obligaciones constitucionales, se crea la Defensoría de la Naturaleza. Institución autónoma y descentralizada (artículo 148), la cual deberá fiscalizar a los órganos del Estado, realizar recomendaciones en materias de su competencia, tramitar vulneraciones a los derechos ambientales y promover la educación ambiental (artículo 149).

Una de las consecuencias más notorias en nuestro país del cambio climático es la crisis hídrica. Hasta la fecha, parte de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo, y toda la región de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, el Maule y el Ñuble tienen un déficit hídrico mayor al 30%. El racionamiento de agua para el consumo humano ya es realidad para varias comunas y pronto lo va a ser para grandes ciudades. La magnitud de los efectos en la agricultura aún no está clara.

La nueva Constitución garantiza que el agua, en sus distintas formas, es un bien común inapropiable (artículo 134), del cual siempre prevalecerá el derecho al consumo humano (artículos 57 y 140), en particular del agua potable (artículo 141). Además, se propone una nueva gobernanza de los recursos hídricos basada en el bien común. Para esto, se crea la Agencia Nacional del Agua para velar por su uso razonable mediante una Política Nacional Hídrica (artículo 142), que funcionara de forma participativa y descentralizada (artículo 143), y se fija su carácter autónomo (artículo 144) al igual que el Banco Central.

Una Constitución que nos da esperanza

Es por esto que más 1.000 ingenieras e ingenieros y 1.200 investigadores firmaron cartas apoyando la nueva Constitución: “Una nueva visión y orientación para el desarrollo de nuestro país”. Lo mismo hicieron 250 académicos y representantes de organizaciones ambientales de todo el mundo: “La primera Constitución en el mundo en reconocer la crisis climática y ecológica”.

Esta propuesta de nueva Constitución nos permite ilusionarnos porque, como sociedad, somos capaces de ponernos de acuerdo en problemas fundamentales para nuestra especie, antes que sea tarde. El avance de la Inteligencia Artificial y el cambio climático son problemas que ya no podremos esquivar. Esta es una Constitución para los desafíos del futuro.

Rafik Mas’ad,  Ingeniero civil informático. Vocero de Ingenieras e Ingenieros por el Apruebo y miembro de la Dirección Nacional de Convergencia Social.