“Si la tocan a Cristina, ¡qué quilombo se va a armar!”

En la noche del jueves pasado, 1 de septiembre, la Argentina vivió uno de sus momentos políticos más tensos desde la vuelta a la democracia: un atentado contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK), la actual Vicepresidenta de la Nación. La escena duró apenas algunos segundos, los necesarios para empujar el país a un estado liminal de catástrofe.

Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 años y de origen brasileño, se coló entre los y las seguidoras de CFK que la esperaban para mostrarle su apoyo en la entrada de su residencia (en el barrio porteño de Recoleta) y, sorteando a la escolta de la Policía Federal, se posicionó en el cordón más cercano a la Vicepresidenta. Cuando Cristina se acercó para saludar, el hombre sacó una pistola Bersa (modelo Lusber 84), calibre 32, le apuntó a la cabeza y tiró del gatillo.

Lo que sucedió en un par de segundos extrapola lo misterioso. En los videos de la escena se escucha el golpe del percutor; el arma estaba cargada con cinco balas, y apta para disparar. Y, no obstante, no salió el tiro. Pareciera que, por los nervios, el agresor olvidó lo que se llama “pasar la bala” (no terminó de tirar completamente hacia atrás el percutor del arma, impidiendo que la primera bala se posicionara correctamente en la recámara). Si hubiera logrado tirar del gatillo una segunda vez, la bala hubiera salido. Por un golpe de la suerte y de la fortuna, las personas alrededor se lo impidieron (sólo después llegó la policía), Cristina atinó a protegerse y bajar la cabeza, aunque sin saber a ciencia cierta qué pasaba (ella misma explicitó que sólo lo supo momentos después).

Eran las 10 y media de la noche del jueves cuando me enteré de estos sucesos por la televisión: inmediatamente, todos los canales empezaron a transmitir en directo desde la residencia de CFK. El país entró en un estado de estupor. La polarización política, la naturalización de los discursos del odio habían conducido a un callejón sin salida. Y pareciera que “la mano de Dios”, una vez más, favoreció a la Argentina, frenando la bala, impidiéndole alcanzar a Cristina. “Si la hubieran matado, se iniciaría una guerra civil”, repite la gente en la calle, en las entrevistas a distintos medios. La afirmación parece desmesurada, pero no lo es.

En todo el mes de agosto, pero especialmente desde su última semana, la polarización política alcanzó niveles acuciantes. Uno de los detonantes de este proceso fue el enorme despliegue mediático de las acusaciones del fiscal Diego Luciani en el marco de la “Causa Vialidad”.

Luciani busca responsabilizar a CFK por hechos de corrupción en las obras públicas comandadas por uno de los ex funcionarios durante su ejercicio como Presidenta. Los alegatos del fiscal, ampliamente difundidos en las redes sociales, se arrastraron por nueve días: sólo la primera intervención duró ocho horas y media. El país acompañó la causa con curiosidad y agobio. Las grandes corporaciones de telecomunicaciones y diarios argentinos, abiertamente opositores del gobierno peronista, iniciaron una clara campaña para promover la culpabilización de CFK. Horas y más horas de comentarios en diversos canales de televisión; páginas y más páginas de diarios sentenciando a la vicepresidenta.

El 22 de agosto, en los alegatos finales, Luciani solicitó al juez 12 años de prisión para Cristina y su inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Tras escuchar las más de 60 horas de alegatos del fiscal, sentí un déjà vu desagradable que me barrió el cuerpo con una sensación de urgencia. El goteo potente del lawfare articulado entre los sectores judiciales, las élites alineadas a la derecha (y la extrema derecha) del arco político y los medios de comunicación hegemónicos repetían una fórmula que se está volviendo reiterativa en Sudamérica.

Entre 2016 y 2019, acompañé muy de cerca el desenlace de las 23 causas que le imputaron a Luis Inácio Lula da Silva (líder del Partido de los Trabajadores, PT) en mi país de origen, en el marco de la Operación Lava a Jato que, de “acción ejemplar de la justicia”, pasará a la historia como una de las mayores agresiones a la democracia brasileña. Los alegatos del fiscal Deltan Dallagnol en contra de Lula pasaron a los anales también, pero por su carácter absurdo. Es imposible olvidar el momento icónico cuando el fiscal presentó un PowerPoint graficando las supuestas vinculaciones del ex Presidente con delitos de corrupción (ajenos a la causa, además), sin preocuparse de entregar cualquier prueba jurídicamente cualificada.

El juez de la causa, Sergio Moro, aceptó estas presentaciones como suficientes y decretó la culpabilidad de Lula afirmando que “no tenía pruebas, pero tenía convicciones”. El hecho alteró terminantemente el proceso electoral de 2018, favoreciendo la victoria de Jair Bolsonaro. Lula era el primer colocado en las encuestas: su inhabilitación electoral empujó el país a un gobierno de extrema derecha con resultados catastróficos en los últimos tres años.

Este mismo juez se convirtió luego, después de las elecciones, en ministro de Justicia de Bolsonaro, naturalizando la perversión del sistema judicial. Efectivamente, se trataba de un golpe político-mediático con intenciones electorales. “¿A quién le importa la separación de los poderes?”, decían públicamente los apoyadores de Bolsonaro. Los grandes medios de telecomunicación y prensa brasileños, que fueron los vehículos primordiales de una virulenta campaña anti-Lula, también son reconocidos hoy como grandes responsables de alimentar la naturalización del odio y de la violencia política. En 2019 acompañé con estupor la revelación de que el fiscal Dallagnol y el juez Moro habían sostenido conversaciones durante todo el desarrollo de la causa: que el segundo le daba instrucciones al primero sobre qué decir para culpabilizar a Lula. También en Bolivia, en 2019, el mismo sector empleó estos mismos mecanismos, la concertación mediática, judicial, pero acrecidos de la intervención militar para impedir la reelección de Evo Morales.

A estas alturas, ya nadie debiera tener dudas de que no se trata de eventos aislados. La búsqueda por inhabilitar a Cristina a un año de las elecciones presidenciales argentinas, la construcción de discursos del odio alimentados mediáticamente por grandes corporaciones y la corrupción del sistema judicial son la nueva cara de la intervención geopolítica en América Latina.

Ahora bien, que a nadie se le ocurra interpretar que estoy haciendo un alegato en favor de la corrupción. Esa sería una conclusión absurda (además de muy útil al modus operandi del mismo lawfare que busco denunciar). Todos y cada uno de los delitos deben juzgados conforme las reglas jurídicas pactadas en las cartas magnas de los países. La justicia debe sostener su institucionalidad, su transparencia, su procedimentalidad democrática. Pero lo ocurrido en Brasil, en Bolivia y ahora en Argentina no es esto. Hoy sabemos que Lula fue encarcelado sin pruebas; que las elecciones de Bolivia fueron intervenidas ilegal y violentamente.

La manera como se está conduciendo el caso de Cristina repite estos exabruptos. El ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe (y profesor de Derecho Penal), Dr. Daniel Erbetta, fue una de las pocas voces de la justicia argentina que se animó a decirlo públicamente.

Según Erbetta, la “Causa Vialidad” tiene al menos cinco irregularidades que hacen de ella un “ejemplo pedagógico” de cómo no debe ser una causa, y de cómo no deben comportarse jueces y fiscales. Primero: se saltó el principio de inocencia: se viene alegando que es la propia imputada la que debe probar su inocencia (la ley pregona que todas las personas son inocentes hasta que la justicia pruebe lo contrario). Segundo: el problema de admisibilidad de la prueba: el juez ha aceptado pruebas que fueron incorporadas en momentos inadecuados, sin correcto conocimiento de las partes implicadas y sin la verificación de su validez, veracidad y pertinencia. Tercero: la cuestión de la imparcialidad del juzgador: juez y fiscal son miembros de un mismo equipo de fútbol amateur. Además, han frecuentado los torneos de este deporte organizados por el ex presidente Mauricio Macri en una de sus propiedades; diversas fotos prueban estos vínculos. Macri es el principal opositor político de Cristina y su partido es uno de los grandes beneficiarios de su inhabilitación. Esto afecta claramente el principio de independencia e imparcialidad de quienes actúan en la causa. Cuarto: los alegatos no pueden ser leídos: deben constituir una expresión oral, prescindiendo del guion escrito. En sus varias jornadas de exposición, Luciani se mostró claramente guionado; todo su alegato fue leído. En quinto lugar, el juez le negó a Cristina su derecho de respuesta, impidiéndola defenderse de las acusaciones. Se trata, por lo tanto, de una causa plagada de irregularidades jurídicas.

El 23 de agosto, día posterior a que el fiscal terminara su alegato, Cristina decidió que expondría sus argumentos públicamente, en un discurso trasmitido por redes sociales. Explicando estas irregularidades y otras más, convocó a una defensa de la democracia articulando palabras que calaron profundamente en la opinión pública: “No vienen por mí, vienen por ustedes”. La situación causó una conmoción nacional y no solamente de parte de los partidarios de Cristina. El Frente de Todos, el gran arco peronista que ejerce actualmente el gobierno nacional, está integrado por fuerzas políticas muy heterogéneas. No todas apoyan a CFK, pero todas salieron a respaldarla. Esto desató una profusión de convocatorias en todo el país el sábado 27 de agosto.

Este mismo día, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comandado por Horacio Larreta (del PRO, partido de Mauricio Macri) ordenó que sus fuerzas de seguridad circundaran la residencia de Cristina con vallas, para impedir que la gente se acercara. La estrategia surtió el efecto contrario: miles de manifestantes se presentaron y terminaron recibiendo una cruda represión: gas lacrimógeno, carros hidrantes tirando agua a presión, gas pimienta (técnicas represivas profusamente empleadas en Chile, pero inusuales en Buenos Aires).

Las escenas filmadas este día muestran la clara intención de las fuerzas de seguridad porteñas de instigar la reacción violenta (agredían a los y las manifestantes verbal y físicamente). Hubo heridos/as, la valla se terminó derrumbando. Desde entonces, se hacen vigilias multitudinarias en la casa de CFK por las noches para mostrarle apoyo. Al salir y entrar de su casa, Cristina saludaba a la gente con la cercanía que la caracteriza (y que dificulta bastante el trabajo de sus escoltas). Fue en uno de estos momentos que sucedió la escena del tiro fallido. Estupor, miedo, angustia. El país paró. Un par de horas después, el presidente Alberto Fernández se pronunció en cadena nacional repudiando al atentado, decretando feriado para el 2 de septiembre y convocando la gente a manifestarse en favor de la democracia, en contra de los discursos del odio y en defensa de CFK.

El viernes pasado, ya a las 10 de la mañana empezaron a llegar los primeros grupos a las inmediaciones de la Plaza de Mayo (en el centro porteño, donde se localiza el palacio de gobierno, la Casa Rosada). Diversas fuerzas políticas, organismos de defensa de los derechos humanos, ciudadanos/as de a pie. Familias enteras con niños/as, padres, madres, abuelos/as. Una manifestación pacífica, multitudinaria. Entre los varios cánticos entonados, uno se hizo viral: “Si la tocan a Cristina, ¡qué quilombo se va a armar!”. Lo escuché repetido por diversas bocas, en diferentes columnas y fuera de ellas también. Una chica, concediendo una entrevista televisiva en plena Plaza de Mayo, le decía al periodista: “Tengo 39 años, nací en democracia. Nunca pensé que tendría que salir a la calle para defender la democracia”.

Su frase condensa lúcidamente los significados de este momento histórico. Podría ser usada en Brasil en 2018, en Bolivia en 2019. Pensé instantáneamente en toda la campaña mediática de la franja del Rechazo en Chile este último tiempo. En todas las mentiras, en la disposición de romper con consensos mínimos del diálogo democrático y arrojar la sociedad civil a una guerra de todos/as contra todos/as. Es el momento preciso de tomar consciencia del papel histórico de las fuerzas democráticas; de oponernos contundentemente a la naturalización de la violencia política en Sudamérica.