Los desafíos de un Ministerio Público que funcione para las víctimas

En un momento en que graves problemas afectan a la seguridad pública –tales como el aumento del crimen organizado y los ataques cibernéticos en contra de importantes instituciones del Estado–, el Ministerio Público se enfrenta a una seria crisis de legitimidad. Cualquiera sea el origen de esta crisis –desde la sobrecarga laboral en el control y la gestión, la falta de herramientas, recursos o políticas públicas–, no puede desconocerse que se trata de una de las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía.

Resulta urgente recuperar la confianza que los ciudadanos han perdido en el Ministerio Público y la elección de un nuevo Fiscal Nacional es una oportunidad para ello.

Es por este motivo que he tomado la decisión de postular al cargo de Fiscal Nacional bajo el convencimiento de que se requiere una intervención externa firme y decidida.

Debe reenfocarse el trabajo del Ministerio Público en la atención a las víctimas. La percepción ciudadana resulta a ese respecto extremadamente crítica: seguimos siendo testigos de cómo un importante número de víctimas se enteran por carta del archivo de sus antecedentes, sin siquiera haber tenido conocimiento detallado de la investigación. Situaciones de esta índole suponen una inevitable brecha de confianza y colaboran a la erosión de las expectativas ciudadanas, dañando la imagen y, en definitiva, el trabajo mismo del Ministerio Público, así como de todo el sistema de justicia penal.

Es urgente recuperar esa legitimidad. Para ello el Ministerio Público debe retomar y potenciar, sin reticencias de ninguna índole, el cometido de proteger a las víctimas, poniéndolas en el centro de su quehacer, por lo demás emanado de mandato constitucional y legal. Resulta pertinente, entonces, reexaminar cómo se han gestionado los recursos humanos y económicos con los que ya se cuentan, en especial tomando en consideración los recientes aumentos de dotación y presupuesto.

Mejorar el trabajo de las y los fiscales pasa necesariamente por elevar el estándar de la gestión de la Fiscalía a nivel nacional, pero también por una mayor y constante preparación y perfeccionamiento. Se ha normalizado que los fiscales recién nombrados “aprendan haciendo”, con el margen de error que ello conlleva, y el impacto que aquello puede tener en la prestación del servicio de cara a la comunidad. En tal sentido, la idea de una verdadera Academia del Ministerio Público que dé formación no solo a los fiscales, sino a los demás organismos vinculados con la persecución penal, como policías y peritos, permitiría propender a una investigación de mayor calidad. Esta eficiencia sin duda iría de la mano con mayor y mejor atención a las víctimas.

La labor del Ministerio Público se debe al país y a la ciudadanía, y cualquier opacidad en su actuar resulta insostenible en tiempos que exigen cada vez más transparencia y auditabilidad, suponiendo la adecuada medición de estos hitos un aspecto indispensable de la necesaria apertura a la ciudadanía de la labor de la Fiscalía, a fin de recuperar la menguada legitimidad de esta importante institución.

La rendición de cuentas de parte de los fiscales respecto de la tramitación de las causas que se les asignen es indispensable. En la medida que se les debe dotar de mayores recursos, se debe instaurar también una cultura de accountability y control efectivo de sus actuaciones: se debe atacar directamente la alta tasa de investigaciones archivadas, cambiando paradigmas en este aspecto, exigiendo la realización de indagaciones mínimas por categoría de delitos. El archivo debe ser la última herramienta, y por ningún motivo la primera.

También resulta importante enfatizar la función de Fiscal Nacional, posicionándolo como el primer fiscal del país, dedicado a la persecución criminal, y estando disponible cuando se configuren los requisitos excepcionales exigidos por la ley, para asumir personalmente investigaciones.

De esta manera el Ministerio Público logrará generar una cultura de liderazgo efectivo, la cual se ciña a la ejecución de una política criminal que posea objetivos claros, mecanismos específicos para su logro y verificadores que hagan posible establecer su nivel de avance.

Se debe trabajar con urgencia en estos cometidos, pues recuperar la confianza en el Ministerio Público impactará positivamente a su vez en la percepción ciudadana en el trabajo de todo el sistema de justicia.