Procesos participativos y nueva Constitución: ¿Qué hemos aprendido?

A pesar de que es algo todavía relativamente nuevo, los procesos participativos en el ámbito de políticas públicas vienen ocurriendo hace ya unos 20 años en Chile. ¿Qué hemos aprendido? ¿Podemos hacer algunas observaciones que sean útiles para este proceso constitucional? ¿Qué podemos decir del proceso constituyente que ya vivimos y, especialmente, del nuevo proceso que deberá ocurrir prontamente?

Ya nadie, o muy pocos seguramente, cuestionan la necesidad de contar con procesos participativos en el caso de decisiones complejas de políticas, planes, programas e incluso proyectos. Si observamos los procesos participativos que han ocurrido en Chile, y también en el extranjero, especialmente en el ámbito del medioambiente y de la energía, podemos ver tres características que surgen como fundamentales para su efectivo funcionamiento: estos procesos deben ser relevantes, creíbles y legítimos.

La relevancia tiene que ver con el nivel de conexión y sintonía con las prioridades ciudadanas. Las prioridades que han surgido desde el estallido social (salud, educación y pensiones, entre otras), así como las esenciales a una Constitución, deberían abordarse y garantizar así la relevancia.

La credibilidad está relacionada con la calidad y rigor en el uso, el análisis y la integración de la información. Preguntas relevantes aquí son, entre otras: qué fuentes de información se utilizan, quiénes son escuchados, quiénes no, quiénes dirigen el proceso, y quiénes participan activamente. La manera en que se resuelvan estas preguntas incidirá directamente en la credibilidad del proceso.

La legitimidad se relaciona con el cumplimiento de estándares de un debido proceso, uno percibido como justo y, en definitiva, apela a la aspiración de que los participantes sientan que pueden influir efectivamente en el proceso. Aquí es la calidad del diseño y la implementación del proceso participativo lo que influirá significativamente en la percepción de legitimidad del mismo; aspectos como la transparencia, la neutralidad y la eficiencia son importantes.

Sin duda estas tres características están entretejidas y la apreciación de ellas está determinada por nuestras percepciones. En general, como en diversas materias sociales, no se trata de elementos cuantificables ni fácilmente objetivables. Lo que para una persona puede ser relevante, legítimo o creíble puede no serlo para otra. Esto –el peso de nuestras percepciones– sin duda agrega dificultad y hace más necesario aun la participación de distintas personas y sectores en el proceso participativo.

La primera pregunta que podríamos hacernos es hasta qué punto percibimos el proceso de la Convención Constituyente como relevante, creíble y legítimo. Si bien podemos estar muy en sintonía con los resultados logrados, podríamos todavía percibir que el proceso no cumplió plenamente con estas tres características. De hecho, los resultados del plebiscito hacen pensar que el proceso tuvo debilidades en estas tres características.

Por otra parte, y quizás más importante hoy, es interesante reflexionar sobre cómo podría ser el nuevo proceso que seguirá ahora, de manera de apuntar a una percepción mayoritaria de relevancia, credibilidad y legitimidad.

Antes de abordar esta pregunta es necesario reflexionar sobre otro aprendizaje que nos dejan los procesos participativos ocurridos hasta ahora: en situaciones complejas donde existen temas valóricos y actores diversos con altos niveles de asimetría (ambos son el caso en este proceso de elaborar una nueva Constitución), debemos diseñar un proceso que integre y aproveche lo mejor de cada actor, de cada sector. Esto puede redundar en un proceso algo complejo, de diversas “capas” o “momentos”, y con participación de distintos actores o sectores en cada uno de ellos. Con esto en mente, podríamos considerar los tres sectores preponderantes en nuestra sociedad: el político o estatal; el privado o económico; y la sociedad civil o el actor sociocultural. Cada sector tiene sus características y hace sus aportes a la sociedad.

Resumido de manera muy simple: el sector político debería velar por la equidad y la justicia; el privado o económico es un motor de actividad para satisfacer nuestras necesidades y debiera actuar desde la fraternidad (la preocupación por satisfacer apropiadamente las necesidades del otro); y el social-cultural cumple múltiples funciones asociadas a nuestro desarrollo en la educación, la salud, el cuidado de nuestro medio ambiente, etc., y requiere de libertad para su mejor accionar.

Entonces, ¿por qué no hacer un nuevo proceso constituyente que integre los aportes de cada sector de una manera regulada y, a la vez, fluida?

Podríamos, por ejemplo, representar a la sociedad civil a través de un consejo ciudadano aleatorio, con representación geográfica. Este consejo puede revisar la propuesta de nueva Constitución existente y acordar ajustes que estime necesarios para hacerla más relevante, creíble y legítima. El sector privado o económico podría constituirse en un consejo económico, similar al ciudadano, concebido a través de un proceso que asegure representación de todos los subsectores relevantes, bajo criterios acordados mayoritariamente: desde grandes empresas hasta las medianas, pequeñas y micro, e incluyendo a consumidores y otros actores relevantes. Este sector, de la misma manera, podría revisar y acordar sus propias observaciones a la propuesta de nueva Constitución e incluir nuevas propuestas. Por último, el sector político podría expresarse a través de instituciones existentes del Poder Legislativo (la Cámara y el Senado) y judicial, articulado en un consejo político, y así revisar las propuestas de los consejos ciudadano y económico, zanjar diferencias (mediante criterios de equidad y justicia), y viabilizarlas en una nueva propuesta Constitucional que cuente con el debido rigor en lo técnico y legal.

Por último, también hemos aprendido de los procesos participativos de políticas públicas que no existen recetas universales; cada situación es distinta y amerita un enfoque particular. Lo descrito en esta breve columna es solo un ejemplo de cómo se podría abordar este nuevo proceso. Más allá del camino específico que se tome, es importante reflexionar sobre cómo garantizamos un proceso que sea percibido como aceptable (relevante, creíble y legítimo), y que redunde en resultados razonables para una mayoría.