A propósito del nombramiento del Conservador de Hipotecas de Santiago

Se ha producido entre los partidarios del gobierno, y otros adláteres, un conjunto de críticas, cuestionamientos y ultimátums por el nombramiento del nuevo Conservador de Hipotecas de Santiago, proceso que está regulado y a cargo del Poder Judicial, y que culmina con una terna para la resolución del Ejecutivo.

En este proceso no tiene ninguna participación el Poder Legislativo, como sucede con los ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional; además, estas criticas son dirigidas por personeros del oficialismo hacia su propio gobierno y, en particular, a la ministra de Justicia. Estos críticos de centroizquierda olvidan el sabio adagio de uno de sus más importantes líderes, quien señaló acertadamente “dejemos que las instituciones funcionen”.

Porque uno se pregunta a qué título partidarios del gobierno cuestionan a su propio gobierno, sabiendo que este proceso está perfectamente regulado, con exámenes, entrevistas, informes de comportamiento y de conocimientos, entre otros, y donde se presentaron —según la información disponible— 82 postulantes; sólo después de ese largo itinerario de búsqueda, recién la Corte de Apelaciones procedió a confeccionar la terna respectiva. El Ministerio de Justicia, sólo a partir de que los postulantes sorteen todas las vallas y la Corte confeccione la terna, la presenta al Presidente para su resolución; y en este caso, el Presidente escogió al candidato que estaba en el primer lugar de la terna. La ministra respetó, y se sujetó estrictamente, el proceso de postulación a cargo del Poder Judicial, y el Presidente escogió al postulante que salió primero.

¿Dónde está el problema? Difícil saberlo. Lo cierto es que los impugnadores desprestigian gratuitamente al Poder Judicial, y al propio Presidente de la República, cuando alegan e imputan conductas que superaron todas las pruebas e investigaciones del largo proceso de postulación. Y lo más increíble fue el caso de las funcionarias embarazadas, las cuales, en una actitud que las ennoblece, salieron a desmentir a los dirigentes oficialistas, que por razones que desconocemos, alentaron esta campaña de desprestigio.

Le hace mal a la política —y, por supuesto, a su gobierno— que se inmiscuyan en temas sobre los cuales no tienen competencia, afectando el normal funcionamiento de las instituciones, y sembrando dudas infundadas.