Estado chileno y sus deudas con el comercio justo

Hoy en Chile, unas cincuenta organizaciones y empresas representan directamente el comercio justo certificado. Asimismo, podemos ver un sector asociativo y cooperativo recobrando relevancia, a través de emprendimientos familiares que buscan agregar valor a sus productos y, a través de nuevos circuitos de comercialización que permitan reducir las desigualdades y aumentar las oportunidades para diversificar fuentes de ingresos; especialmente en un contexto de post pandemia.

En el programa de gobierno que llevó la coalición Apruebo Dignidad a ganar la presidencia, además, se menciona concretamente la voluntad de fortalecer programas que promuevan el comercio justo y los circuitos cortos alimentarios, así como la elaboración a pequeña escala de productos alimentarios, con el fin de promover la agregación de valor, promoviendo el uso de técnicas tradicionales como innovadoras.

En este enunciado, el comercio justo está estrechamente ligado a los circuitos cortos y la agregación de valor, dos de los grandes desafíos que este movimiento global está viviendo, tanto en el Norte como en el Sur del mundo.

A pesar de que el comercio justo nació, en la segunda posguerra, con un enfoque claramente Sur-Norte, donde artesanos y pequeños productores agrícolas del sur lograban participar de forma directa, transparente y sostenible en las cadenas de suministro globales de varios productos, hoy estamos viendo el surgir y desarrollarse de varias iniciativas locales y nacionales que rescatan la experiencia, de más de siete décadas, del movimiento a nivel internacional, para adaptarla a la realidad de sus territorios.

La necesidad de contar con un abanico de productos sostenibles cada vez más amplio y los desafíos representados por las primeras políticas públicas para el sector, se juntan hoy dando vida a una interesante oportunidad para profundizar el rol del Estado y del sector privado chileno en la promoción del comercio justo también a nivel nacional, aprendiendo de otras experiencias de la región, como la ecuatoriana o la brasileña, donde se construyeron marcos normativos y políticas públicas para fomentarlo.

En Chile, en 2015, la consultora ProQualitas desarrolló el estudio “Identificación y Caracterización del Sector Comercio Justo y Consumo Responsable”, solicitado por el Ministerio de Economía. En los cuatro grupos focales organizados durante el estudio, las políticas públicas, en particular de compras públicas, fueron consideradas como una de las principales estrategias para el fomento del sector.

Hoy, a través del proyecto europeo “Apoyo al desarrollo del comercio justo y sostenible entre la UE y Chile”, se llevó a cabo la caracterización actualizada del sector en Chile.

El estudio se enfoca en las relaciones comerciales con la Unión Europea; sin embargo, no pierde de vista la actual coyuntura sociopolítica nacional y la oportunidad de construir concretamente una política pública o estrategia nacional para el sector, a partir de una coordinación intersectorial que involucre activamente a las instituciones públicas y a las organizaciones y empresas de comercio justo.

Esta coordinación, ampliada a todos los ministerios clave para el sector podrá nutrirse de la experiencia que ya ha tenido la Mesa de Comercio Justo promovida por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y CORFO, que lleva un tiempo fomentándolo desde la transversalización de género.

Hoy la sociedad chilena está más abierta a recorrer desafíos que tengan como norte la reducción de las desigualdades, la cooperación económica y la sostenibilidad social, ambiental e intergeneracional, especialmente en un escenario de cambios climáticos, escasez hídrica y futuro cambio constitucional.

Un panorama sin duda desafiante para el movimiento del comercio justo en Chile que, sin embargo, vive las estancadas oportunidades comerciales internacionales (especialmente en el rubro de las artesanías), los efectos del cambio climático y el desafío del relevo generacional en las zonas rurales.

Frente a estos retos y la posible construcción de una política pública para el sector, la renovación de los liderazgos y una articulación nacional más inclusiva, representativa y solidaria entre todos los actores productivos del país, son algunos de los puntos de partida esenciales para incidir en el escenario político e incluso en lo comercial.