¿Por qué ser candidato a Fiscal Nacional?

Me ha sorprendido que sólo seamos 17 candidatos, entre hombres y mujeres. Pensé que seríamos muchos más. Imagino que los demás compartirán conmigo los deseos de servir y colaborar genuinamente en la construcción de un mejor país.

Soy un abogado que ha trabajado casi toda su vida como independiente y cuya obsesión en la vida ha sido siempre actuar de manera justa. La justicia es lo que mueve mi existencia. Y me pareció que podía compartir públicamente esa motivación central y ofrecer, con auténtica humildad, mis capacidades y fortalezas para dirigir al Ministerio Público en una nueva etapa. Soy simplemente un ciudadano más que aspira a ayudar en su comunidad, gracias a sus talentos y a pesar de sus defectos, pero convencido de que puede aportar algo nuevo y positivo en una institución clave del país.

El correcto funcionamiento de las instituciones que integran el sistema de justicia es absolutamente fundamental para la paz social y el desarrollo de nuestra democracia. Si los ciudadanos perciben no sólo la existencia de injusticias estructurales asociadas a la distribución de las cargas y beneficios, sino incluso a la forma en que los tribunales resuelven los conflictos, es muy probable que ello amenace seriamente la adhesión a todas las instituciones que conforman nuestra democracia, pues la ausencia de credibilidad en el sistema de justicia es el foco inicial de un escepticismo generalizado hacia las restantes instituciones de la República.

Cada organismo del Estado debe hacerse cargo de sus propios problemas de credibilidad ante la ciudadanía. Prácticamente ningún poder del Estado escapa a la escasa confianza que las personas demuestran hacia ellos. Y el Ministerio Público no es la excepción. En una encuesta del Centro de Estudios Públicos, llevada a cabo entre el 12 y el 23 de abril de 2021, el Ministerio Público sólo concitaba confianza del 11% de los encuestados (La Tercera, 29 de abril de 2021, https://www.latercera.com/politica/noticia/encuesta-cep-pdi-lidera-confianza-en-instituciones/Y57QQCMKWFGKDNBFRB4VD4QK6A/). Es probable que la confianza hacia el Ministerio Público no haya aumentado significativamente desde entonces.

De este modo, me parece, uno de los primeros desafíos que enfrentará el nuevo liderazgo de esta institución será recuperar la confianza ciudadana. Es una tarea extremadamente difícil. Supone, desde luego, intentar descubrir las causas de la desconfianza y, tras ello, realizar esfuerzos inteligentes para actuar sobre ellas.

Desde mi punto de vista, uno de los factores cruciales para que la ciudadanía confíe en el Ministerio Público es que lo valore como un organismo completamente ajeno a los poderes del Estado. Tan ajeno que sea capaz de perseguir los delitos que en el seno de cada uno de ellos puedan cometerse. Si la sensación es que el Ministerio Público actuará de modo distinto frente a los que tienen poder, avalando sanciones menores o alentando salidas alternativas que la ciudadanía reprocha, entonces lo verán como un organismo más del Estado y de las élites del país, capaz de perseguir implacablemente sólo a los más modestos y a quienes son pobres y carecen de contactos.

Es imposible confiar en un Ministerio Público de ese tipo. De una u otra forma, la o el nuevo fiscal deben vivir en un mundo distinto, alejado al máximo de los halagos y las redes de la política y de los grandes grupos económicos, pues la vida y la integridad física del más pequeño y modesto chileno debe tener exactamente el mismo valor que las del más connotado funcionario público o el más relevante empresario. La ciudadanía sólo comenzará a creer en el Ministerio Público si este demuestra, con hechos concretos, que tiene a todos los chilenos y chilenas en la misma estima.

Establecido lo anterior, se requerirá una capacidad de gestión notable para enfrentar una delincuencia creciente. Deben implementarse estrategias que permitan un combate eficiente y eficaz del crimen organizado, de la violencia de género, del abuso sexual infantil, de los delitos económicos de alto impacto, del tráfico de drogas y armas, etc. Pero el desafío es hacerlo usando tecnología e inteligencia, no reclamando una disminución de las garantías del debido proceso ni exigiendo un debilitamiento de los estándares probatorios. Y, por sobre todo, el desafío será mejorar esta gestión asegurando siempre que quienes colaboran en esa labor, que son las policías, actúen con un respeto absoluto e intransable por los derechos humanos.

La derrota de la delincuencia –o, con más realismo, la disminución sustancial de ella– obviamente no pasa sólo por el Ministerio Público, pues sabemos que se trata de un fenómeno cuyas causas son variadas y en el que, entre otras, la pobreza y la desigualdad juegan un papel decisivo.

El Ministerio Público no está encargado de las políticas públicas de un país para avanzar hacia una sociedad de mayor igualdad y oportunidades, pero sí nuestros políticos, movimientos sociales y partidos. Deben ser parte de la solución. Las personas suelen quejarse de que las penas que se imponen a los transgresores de la ley penal son suaves, inconsistentes e incapaces de persuadir sobre la inconveniencia de delinquir. Allí, son los jueces y los legisladores los llamados a intervenir si es que esas críticas se justifican, pues también debemos estar atentos a los embates del populismo penal que tan bien delinea en sus libros, entre otros, el autor argentino Eugenio Raúl Zaffaroni.

Se escuchan amargas quejas acerca de la falta de respeto a las autoridades, de la ausencia de empatía entre las personas, de la agresividad como estándar habitual del comportamiento. Aquí es donde todos y todas somos intervinientes, entregando a nuestros niños y niñas modelos de comportamientos con control de impulsos y que se caractericen por ver a los demás con bondad.

En suma, ¿hay alguno de nosotros que pueda restarse de esta cruzada para disminuir la delincuencia? ¿Tiene sentido culparnos unos a otros por el aumento de la delincuencia en lugar de unirnos y enfrentarla como una comunidad? El nuevo Ministerio Público debe ser un actor clave que también colabore en la reflexión y la cohesión social y en la de todas las instituciones del Estado para responder al desafío planteado. Trabajo eficiente, serio, reflexivo, ponderado y mancomunado. Esa es la fórmula.

Ahora bien, si consideramos que en todo el país hay algo menos de 800 fiscales, y que en el primer semestre del año 2022 ingresaron casi 680.000 causas, podrá usted imaginar que las promesas de enfrentar todos los delitos, investigar cada uno de ellos concienzudamente, obtener todas las pruebas necesarias y llevarlos a juicio para obtener condenas, no pasaría de ser un ejercicio retórico rayano en la mentira consciente.

Como primera cuestión, necesariamente hay entre esas denuncias y querellas un porcentaje que no tienen fundamentos atendibles. No todo querellante o denunciante es una verdadera víctima; en ocasiones lo es el denunciado o querellado, pues las imputaciones falsas son delitos también. Pero, sobre todo, aun rebajando esa cantidad de denuncias, las cifras son inabordables, a menos que el Estado enfrente integralmente el problema y se busquen soluciones globales en las que todos participemos desde nuestros propios espacios.

Por cierto, esto en modo alguno exonera al Ministerio Público de realizar su máximo esfuerzo en la persecución de delitos, pero deberá ser capaz de comunicar a la opinión pública que es imposible enfrentar semejante número de causas penales por sí solo. La política comunicacional del Ministerio Público en este punto debe ser franca, abierta y eficiente, no tanto por evitar que se le culpe injustamente por no derrotar un fenómeno de magnitud monstruosa que resulta inmune a los esfuerzos de 800 fiscales, por motivados y dedicados que sean, sino con miras a ayudar a entender que el llamado “combate a la delincuencia”, si quiere ser exitoso, supone mucho más que un poco más de fiscales, construir más cárceles o exacerbar las penas; supone, ante todo, un espíritu de unión mucho más generoso que el de la rencilla pequeña entre quienes buscan culpar a los demás del estado de las cosas y tratarse a sí mismos con indulgencia.

Finalmente, será necesario contar con un hombre o una mujer capaz de liderar el Ministerio Público desde la profunda convicción de estar al mando de una institución cuyos fiscales tratan con personas que enfrentan momentos dolorosos en sus vidas. Víctimas de delitos terribles, o imputados que fueron acusados falsamente, pueden sufrir intensamente en caso de una investigación indolente o de otra sesgada que olvide el principio de objetividad.

Los ciudadanos deben percibir al Ministerio Público como una organización comprometida exclusivamente con la verdad y la justicia, de modo que sólo sea temida por quienes verdaderamente ataquen y lesionen injustamente los derechos de otros. Un nuevo fiscal, hombre o mujer, debe ser capaz de transmitir que lo suyo es sólo la justicia y que lo es porque simplemente busca mitigar el sufrimiento humano evitable de quienes deben acudir al sistema de justicia penal. ¿Un ente “persecutor”? Por supuesto. Pero, en rigor, persecutor no de personas ni de condenas a ultranza, sino de la verdad y la justicia, sea que ella condene o absuelva.

En suma, se necesita un nuevo Ministerio Público imparcial, enamorado de la justicia, la verdad y la equidad y que sea capaz de tratar con humanidad a todos los que deban interactuar con él, pues la humanidad más profunda es parte de la justicia más cabal. Y se necesita un fiscal o una fiscal que destile esa humanidad y que sea un servidor público y no sólo una autoridad.

Chile necesita con urgencia comenzar a recuperar sus instituciones. Quizás este sea un buen comienzo.