Quiebra de constructoras: gobiernos regionales y empresas

En días recientes hemos sido testigos de la quiebra de la emblemática constructora CVV, así como de otras, como Constructora Internacional y B+V. La aguda reorganización a que han estado sometidas empresas del sector tiene denominadores comunes: el aumento de precios y el corte de stock de materiales; los sobrecostos asumidos en la época de la pandemia; y los retrasos en los pagos de empresas del Estado.

En recientes declaraciones, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, insinuó que las razones de la quiebra de CVV se debieron a la “burocracia de los mandantes públicos, en especial del Ministerio de Obras Públicas (MOP), para gestionar pagos”. Errázuriz asumió que los problemas “vienen del gobierno pasado”, aludiendo al periodo de Sebastián Piñera en La Moneda, añadiendo: “y la verdad, tengo que ser muy sincero, que se tomó el peso en este gobierno de la situación”, agregando que fue en esta administración que “se empezó a trabajar (para) acelerar” (https://www.infinita.cl/entrevistas/2022/10/25/antonio-errazuriz-construccion-mop-claro-vicuna-valenzuela.html).

A lo que se refería el presidente de la CChC es a que el actual gobierno, en distintas reuniones, conversaciones, presentaciones de la realidad del sector y teniendo como objetivo base la protección del empleo, se ha volcado a buscar soluciones económicas que permitan a las constructoras de nuestro país poder sortear las profundas dificultades que ha dejado la pandemia, agravadas hoy por la situación inflacionaria mundial, quiebres de stock y la guerra de Ucrania y Rusia.

En esa línea, el gobierno ha señalado que está en vías de llegar a acuerdos con empresas constructoras que ejecutan proyectos para el MOP. El origen de la compleja situación actual que afecta a muchas constructoras del país se resume en las siguientes dimensiones:

• El alza de precios de los materiales se empieza a profundizar en el mes de agosto de 2020. La falta de stock de materiales generó un estado de conmoción tal que los encargados de adquisiciones de las empresas constructoras se transformaron en captadores y recopiladores de oportunidades de disponibilidad de estos, a precios claramente especulativos y muy altos de los insumos más básicos, tales como hierro, madera, clavos, entre otros. Ni hablar de los productos importados, que claramente se vieron atacados agresivamente por el alza de los precios de los fletes, y la frecuencia de estos.
• Un aspecto que nadie ha insinuado como parte del impacto de la pandemia, excepto en cierta medida una filial de Codelco, es que la continuidad de la obras se vio forzada a la implementación de extremas medidas sanitarias, desde el equipamiento, tales como relojes de temperatura, insumos de desinfección como alcohol gel de cierta especificación, PCR rápidos, insumos para desinfección de superficies, mascarillas para los trabajadores de hasta tres al día, sistema de mantención y tratamiento de estas implementaciones, preparación de infraestructura para que trabajadores tuviesen un almuerzo o servicio seguro (separaciones física, divisiones, ventilación, aforos) y, en el caso de tener faenas con campamento, todas las instalaciones debieron duplicarse para cumplir con los aforos sanitarios.
• Para que los trabajadores no tuvieran dificultades en los traslados a sus obras y retorno a casa, las constructoras tuvieron que adoptar movilización privada. Por otro lado, en ciertas regiones del país, en obras que quedan fuera del radio urbano, y ante la imposibilidad de regresar a su ciudad sin el agravante posterior de no poder salir al trabajo, muchas constructoras tuvieron que arrendar alojamientos o cabañas extras para que sus trabajadores permanecieran en la localidad en donde tenían sus obras. En ese sentido, los efectos en la productividad y avances de obras se vieron fuertemente afectados puesto que, ante un caso positivo, la cuadrilla o grupo de trabajo debían hacer cuarentenas preventivas, dejando las faenas prácticamente sin trabajadores.
• A lo anterior, se suma que muchas constructoras tuvieron que seguir pagando las imposiciones de los trabajadores que quedaron contratados y a los cuales no pudo despedir y que además no podían concurrir a sus faenas por las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno. O sea, un escenario de continuar cancelando ciertos haberes, con nula producción y cobro de parte de las empresas constructoras.
• El estímulo del gobierno de la época (de Sebastián Piñera) de «quédate en casa», a través de los bonos IFE, generó que las faenas de construcción debieran generar un incremento significativo de las remuneraciones.
• Por último, la oferta internacional se vio fuertemente contraída, agregando a eso la fuerte alza de los fletes marítimos en la región. Además, muchos contratos de las empresas constructoras son en pesos no reajustables, lo que no permite por ningún lado contrarrestar los efectos de las alzas de estos dos últimos años.

En este panorama, puede resultar de toda lógica que muchas empresas constructoras estén viviendo hoy los efectos del año 2020. Constructoras que generan sus contratos con empresas del Estado y con el mundo privado, es decir, con el MOP, Ministerio de Vivienda (MINVU) o Gobiernos Regionales, que mandatan sus proyectos a unidades técnicas como la Dirección de Obras Hidráulicas, municipios, empresas sanitarias, entre otros.

Se debería entender también que muchas de estas empresas, dada las garantías de fiel cumplimiento que mantienen con sus mandantes, han debido incurrir en mayores costos y pérdidas patrimoniales, a fin de terminar el proyecto encomendado con la misma calidad. Esto es: los mandantes no han dejado de recibir los proyectos terminados y, en otros casos, como los nombrados al inicio de esta columna, han debido dejar abandonados o inconclusos.

Es por ello que hoy se escuchan voces de muchas empresas constructoras que indican que sólo se mencionan los acuerdos que el gobierno sostendría con empresas que trabajan directamente para el Ministerio de Obras Públicas, dejando en el papel, o al menos en una mención, aquellos proyectos mandatados por los Gobiernos Regionales y por las empresas privadas como inmobiliarias.

En este escenario, es fundamental mencionar a los Gobiernos Regionales del país, que son fuente de mucha inversión pública de relevancia para el país, y que también han visto a las empresas constructoras en serio riesgo de quiebras y dificultades financieras, que llevarán probablemente a la quiebra de algunas de dichas empresas, como también y por condiciones financieras a tener menos oferentes en sus licitaciones públicas mandatadas a entes públicos o privados.

Es tiempo de conocer la forma efectiva en que los Gobiernos Regionales enfrentarán esta problemática. Entendemos que deberían ser las mismas reglas que el gobierno pudiese adoptar para las empresas constructoras que trabajan para el MOP, ya que la crítica situación es la misma en ambos casos.