Personas con discapacidad y acceso a la educación superior

Según cifras del Ministerio de Educación, entre 2011 y 2020 la matrícula en las carreras de pedagogías disminuyó en un 39%. Y se proyecta un déficit de profesores/as para el año 2030, según datos de Elige Educar. Esta situación, que por cierto responde a una serie de factores de carácter social, político e histórico, tiene que ver con la poca valoración hacia las pedagogías, las condiciones laborales para las profesoras y profesoras y un sistema de educación pública que nos ha quedado grande.

Lo anterior nos desafía a preguntarnos ¿por qué? Y, en la búsqueda de esa respuesta, las instituciones formadoras de futuros/as profesores/as tienen el rol de reencantar a las y los jóvenes que se sienten llamados/as a ser pedagogos/as y entregarles todas las herramientas que necesiten para tomar esa decisión: información accesible, disposición a responder preguntas, vivencias, instancias participativas donde se pueda conversar sobre la realidad de los educadores y lo que como universidad les podemos entregar. Surge entonces la necesidad de abrir las puertas a quienes compartan el sueño de transformar desde la educación. Pero ¿realmente todos y todas pueden elegir este camino?

En este sentido, los/as estudiantes con discapacidad muchas veces ven limitadas sus posibilidades por barreras en el acceso a la educación superior. Según el segundo estudio de la discapacidad en Chile (ENDISC II, 2015), en nuestro país solo el 9,1% de las personas en situación de discapacidad alcanza este nivel educativo. Cifras que pueden impactar en la inserción laboral posterior, donde hasta 2021 solo el 42,8% participa en el mercado laboral buscando empleo o trabajando.

Frente a este escenario, hay medidas que permiten remediar esta brecha educativa, como la posibilidad de ingresos especiales que tienen algunas instituciones de educación superior, como la UMCE, para recibir a estudiantes con discapacidad visual y/o auditiva en las carreras de Educación Diferencial. Lo que se hizo fue repensar el proceso de admisión para contribuir a que la selección universitaria para estudiantes con discapacidad esté ajustado a su realidad educativa y sea lo más inclusivo posible desde el reconocimiento de sus derechos.

Este mecanismo comprende pruebas y evaluaciones de habilidades cognitivas y de comunicación, una entrevista con las académicas del departamento acompañadas de un psicólogo y una carta de intención. Todo lo anterior enmarcado en una política de inclusión establecida en 2019 y que se fundamenta en un modelo educativo donde se asume un enfoque de inclusión que contempla una formación que pretende hacer del sujeto un ser comprometido con una sociedad democrática, inclusiva, justa y solidaria: que valora y promueve los derechos humanos, y es consciente de su responsabilidad social como agente transformador de su contexto.

¿Esto quiere decir que desde aquí en adelante podremos garantizar el acceso universal a la educación superior? No, pero sí se van dando pasos en ese camino. Se debe seguir trabajando para incorporar un enfoque inclusivo como un derecho humano fundamental, es decir, validar y reconocer los derechos de las personas con discapacidad en especial en lo educativo, transformando a nuestra universidad y todas las casas de estudio en instituciones inclusivas.

Resulta también fundamental que no solo nos ocupemos del ingreso, sino también de la permanencia y acompañamiento porque las cifras, otra vez, hablan por sí solas: la deserción de la educación superior de personas en situación de discapacidad es del 47,8%.

Para todos estos desafíos se requiere del trabajo de unidades especializadas con profesionales y docentes del área -en la UMCE se cuenta con la la Central de Recursos Pedagógicos para la Inclusión (CREPPI)- que puedan actuar como mediadores/as, con herramientas que propendan a la disminución de barreras en su trayecto formativo aportando en el desarrollo de su vida universitaria.