¿Una que nos una?

Chile sigue necesitando una nueva Constitución escrita democráticamente. Ad portas de terminar el año, la incapacidad del sistema político sigue malabareando la continuidad del proceso constituyente, mientras la ciudadanía observa desde lejos los encuentros y desencuentros entre quienes semana a semana se reúnen a definir cómo encauzar la crisis político-institucional que estalló en 2019.

Si hay algo claro es que Chile ha cambiado y no es posible un proceso legítimo sin la participación ciudadana por medio de la elección de un órgano democrático 100% electo, paritario, con la presencia de primeras naciones y personas independientes de partidos políticos. Considerar estos aspectos es responder con honestidad y compromiso a la ciudadanía que se ha manifestado frente a los abusos y por derechos sociales, los que solo son aplicables con un nuevo marco constitucional.

Es crucial que tengamos una Constitución a la altura de lo que el país necesita. Esa que en la franja del Rechazo pregonaban como “una que nos una” es aquella que garantice un Chile democratizado, promueva y asegure el respeto por la expresión de diferencias, reconstruya a la sociedad en torno a una política común y, sobre todo, nos permita avanzar hacia un país con derechos sociales.

Para lograr este cometido la ciudadanía debe estar dentro del proceso constituyente, identificarse en el texto, sentirlo propio y empaparse de la construcción, debates y discusiones en torno al mismo.

Por ende, la salida a la inmovilidad actual de la negoción debe ser apostar por una mirada de largo plazo, que recoja las grietas por donde ha crujido y sigue crujiendo Chile, así como los aprendizajes del proceso reciente. Más allá de la sumatoria de votos que supone un acuerdo parlamentario, una Constitución legítima requerirá del involucramiento amplio de la ciudadanía. Eso supone participación y escrutinio popular. Si hay algo que, con todas sus deficiencias, siguen dejando claro las encuestas es la persistencia de la crisis de legitimidad de los partidos y de instituciones como el Congreso, junto con mayor confianza en independientes y en la elección ciudadana. De ahí que trágico sería que, buscando un camino para abrir salidas a la crisis institucional, la profundicen al ceder en democracia.

Las fuerzas políticas han manifestado sus opciones en varias ocasiones; Amarillos en su ímpetu por abrirse paso en el (actualmente en crisis) centro político, abogan por un órgano redactor designado, mientras que en la derecha las posiciones se distribuyen entre quienes no quieren cambios constitucionales y quienes abogan por un órgano mixto, con redactores designados con el argumento de “expertos” y un órgano que no se parezca en nada a la Convención. En el sector oficialista, la posición ha sido la defensa de un órgano 100% electo y abogando por los encuentros, y se suscribió ya el planteamiento de Chile Vamos sobre un proceso con bordes.

Si mantenemos la mirada del proceso que experimentamos como sociedad, y volvemos a las urgencias que sostienen la necesidad de darnos una nueva Constitución (de paso el reciente capítulo de La Polar y las atribuciones del Sernac las actualizan), difícilmente se podría concluir que los aprendizajes nos lleven a tiempos superados de nuestra historia, el temor a la democracia, como bien lo expresa una senadora de Renovación Nacional cuando dice que “un órgano 100% electo ya mostró que no da garantías de moderación ni de prudencia en el país”. ¿Estaba de paso confirmándonos a la ciudadanía la valoración que se tiene de la institución para la que fue electa?

La clave para no repetir el resultado del 4 de septiembre está lejos de ser desconfiar en la ciudadanía. Fue esa ciudadanía la que dio una señal contundente en todas las elecciones recientes. Por eso se debe reabrir un proceso y concentrarse en qué acuerdos constitucionales de fondo sí permiten costear las deudas profundas que arrastra Chile, pensando en el presente, pero también en el Chile de los próximos 30 o 50 años.