El consenso como obstáculo a la defensa de los derechos humanos

En un nuevo aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos, precedida del poco considerado Día internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, resulta indispensable dedicar unas reflexiones sobre “el consenso”. Consenso, entendido en su carácter de erosionante de la política y que como tal se transforma en un obstáculo a la defensa de los derechos humanos, implicando más temprano que tarde vulneraciones a estos.

El consenso, y sus impactos en la defensa de los derechos humanos, se hace aún más evidente con posterioridad a los contextos de graves violaciones a los derechos humanos, donde surge el deber de perseguir y castigar a los responsables, como el reciente contexto sobrevivido por la población chilena. Recordando que entre octubre de 2019 a julio de 2021 surgieron al menos 10.796 denuncias penales por violencia institucional, consistentes en denuncias de homicidio, mutilaciones, torturas, apremios y otros graves ilícitos.

El Chile post dictadura está marcado por la construcción de consensos políticos y una gobernabilidad orientada a la conducción del nuevo escenario democrático, aunque sin afectar las estructuras político-económicas neoliberales. No obstante, ese mismo consenso, traducido a un status quo incuestionado, configuraron, en términos de Jacques Ranciere, un largo periodo ‘post-político’ donde las disputas y diferencias terminan invisibilizadas por la tecnocracia y los acuerdos excluyentes de las élites.

La espiral ascendente de movilizaciones que desencadena el estallido o revuelta social constituyó, al menos temporalmente, un espacio colectivo para el valioso “disenso”. El “Chile Cambió” de alguna manera representó esa disputa radical a las estructuras e institucionalidades vaciadas de “lo político”, que, volcada en las ciudades y sus espacios públicos, buscó de cambios reales frente al abuso y las desigualdades del país. El “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” del 15 de noviembre de 2019 comprendió una respuesta institucional que intentó interpretar parcialmente las demandas, de la mano de la recuperación de una gobernabilidad en jaque, en medio de constantes violaciones a los derechos humanos de quienes protestaban en las calles.

Con el escenario post-pandémico, marcado por problemas económicos, un Parlamento re-empoderado (aunque siempre mal evaluado), y el rechazo a la propuesta constitucional, se reinicia una versión revanchista de la post-política, mediante acuerdos cada vez más alejados de las demandas del 2019, junto a la consolidación de una institución armada y policial que se prometió refundar, utilizando persistentemente instituciones, antes altamente cuestionadas, como los Estados de Excepción constitucional.

En este escenario recordamos que, a poco andar del nuevo gobierno, el 29 de marzo de 2022 la ministra d10el Interior del momento se fotografió con un funcionario de Carabineros imputado de disparar a un joven que se encontraba trabajando, mientras nunca recibió a alguna víctima del estallido social. La legítima defensa de Carabineros se ha transformado en una premisa que parece no necesitar ser acreditada en juicio, y que se plasmó en las palabras de la actual ministra del Interior, quien descartó que un carabinero «que le dispare a un criminal o le pegue un palo a alguien» sea violar «los derechos humanos». Mientras, la ministra Secretaria General de la Presidencia pidió perdón a un diputado del Partido Republicano que se permitió calificar de «presunta» la búsqueda de las y los detenidos desaparecidos.

Finalmente, el propio Presidente de la República nos ofreció una reinterpretación de la reconocida fórmula de la impunidad, expresada en “la justicia en la medida de los posible”, mientras el general Director de Carabineros no ha concurrido a prestar declaración a ninguna de las cuatro citaciones emanadas desde el Ministerio Público, aun cuando él y el gobierno habían comprometido toda la colaboración en el proceso penal seguido contra el Alto Mando institucional.

Lo cierto que es que el derecho internacional de los derechos humanos ha construido estándares destinados a salvaguardar los derechos humanos y que se expresan en afirmar que determinados discursos o pronunciamientos de las más altas autoridades del Estado, pueden coadyuvar a crear un ambiente de intolerancia y polarización social, incompatible con el deber de prevenir violaciones de derechos humanos. En tal sentido, surge como un “medio de prevención razonable” de posibles vulneraciones a los derechos humanos.

Lamentamos la priorización de los llamados consensos, el olvido de procesos de necesarias refundaciones y doloroso escenario de impunidad. Parece ser, sin embargo, este el momento adecuado de enfatizar la importancia de que el Estado retome su rol en la defensa de los derechos humanos,  realizando una clara e inequívoca condena pública a los actos potencialmente atentatorios de la integridad personal y de su población, especialmente en el ejercicio de un derecho como lo constituye el derecho a la protesta, como ejercicio de disenso, asegurando salvaguardas concretas de acceso a la justicia, resguardando el derecho de las víctimas a contar con “instituciones nuevas, reorganizadas y responsables”.