Legitimidad

No hay acuerdo.

Esa ha sido la tónica semana tras semana, durante tres meses, pues los partidos no han podido encontrar una fórmula que deje a todos contentos. El principal nudo se encuentra en la conformación del órgano constitucional, si es mixto con designación de expertos o si es 100% elección popular.

El problema se presenta al cuestionar qué tan legítimo es que el Congreso «nombre a dedo» a quienes deban participar en un nuevo órgano constitucional. Tal cuestionamiento surge debido a la crisis de representación política que enfrentamos y al escaso poder que tiene la ciudadanía para decidir sobre ciertos temas relevantes. Es pertinente hacer notar que lo que está en juego no es ni más ni menos que la redacción de una nueva Carta Magna, el acuerdo de un nuevo pacto social.

Iniciar un nuevo proceso requiere que tengamos en cuenta que el llamado tejido social está destrozado. Hay desconfianza entre las personas y, a la vez, éstas desconfían de las instituciones. Por lo tanto, recuperar estas confianzas -y con ello empezar a reconstruir el tejido social- resulta indispensable para comenzar a construir legitimidad.

Para cimentar tal legitimidad es conveniente que la ciudadanía participe protagónicamente durante el proceso y ejerza su derecho y poder ciudadano para decidir públicamente a quienes quieren que los represente, sean estos expertos o no. De lo contrario se estaría en presencia de una participación simbólica, semivacía, que carece parcialmente de poder para afectar un resultado -el de los expertos designados-. A modo de ejemplo: “Desde los primeros días de la revolución, se había querido que los cabildos fuesen la expresión jenuina de la voluntad popular, i que sus miembros, en vez de ser designados por el gobierno o por los mismos capitulares que cesaban en sus funciones, lo fueran por elección popular”, describía Barros Arana en la Historia Jeneral de Chile en 1897.

Por otro lado, la inclusión de los «Amarillos» en las conversaciones que lleva a cabo el Congreso, deslegitima y desprestigia el proceso, en tanto que estos no se han conformado como partido político y por lo tanto como tal no tienen representación en el Congreso. Nuevamente, lo único que se consigue es mayor desconfianza en las instituciones.

Si se quiere que el Congreso sea valorado por la ciudadanía y sea considerado una institución respetable, entonces se debe apartar de las negociaciones a un movimiento político que no representa a la ciudadanía. O, por el contrario, se debería abrir las puertas todos los movimientos políticos-sociales que deseen participar de la discusión.

Finalmente, la composición de un nuevo órgano constitucional requiere que sus integrantes sean 100% electos. Incluso podría incluir dos listas: una con integrantes «expertos» y otra con integrantes «no expertos». Esto consolidaría la legitimidad del proceso y el poder de la ciudadanía de decidir sobre sus asuntos públicos. Un poder soberano popular no puede ser fragmentario.