Sobre expertos, constituyentes y soberanía popular

Experto según la RAE, en su primera acepción, es “una persona con práctica y experiencia en algo”. En su segunda acepción, es “alguien especializado o con grandes conocimientos en una materia”. Constituyente es, a su vez, según la RAE, “una persona elegida como miembro de una asamblea constituyente”.

Desde hace ya casi tres meses se están llevando a cabo diálogos entre las diversas fuerzas políticas para continuar el proceso iniciado de reemplazo de la actual Constitución. Oferta ésta realizada por la casi totalidad de quienes aprobaron o rechazaron la propuesta de Constitución elaborada por la Convención Constitucional en el plebiscito realizado en septiembre de este año. Hay una palabra empeñada de la casi totalidad de los actores políticos que es imprescindible respetar para preservar la legitimidad y confianza en nuestro sistema político. Los sucesos vividos en la semana que concluye en dos de nuestros países vecinos constituyen una voz que debería alertarnos al respecto. Recordemos asimismo que fue casi un 80% del electorado el que acordó hace ya dos años el mandato de cambiar la Constitución vigente mediante la elección democrática de sus redactores.

Se plantean hoy diversas alternativas: 1) una convención o asamblea compuesta en un 100% por personas elegidas como constituyentes: 2) una convención conformada por constituyentes y por expertos cuyo papel sería asesorar a los constituyentes; y 3) una convención conformada por constituyentes y por expertos constituyentes, esto es constituyentes que cumplirían un doble papel, ya que tendrían derecho a voto. Parece un poco raro, pero cuando se busca reemplazar al pueblo soberano ejerciendo sus derechos como constituyente primario surgen propuestas tan ilógicas como esta última.

Además de las dificultades inherentes a determinar cuál es el tipo de experticia requerida para asesorar a los constituyentes (¿abogados constitucionalistas, especialistas en temáticas específicas, expertos multi o transdisciplinarios?), o ¿quién y cómo se calificaría las experticias requeridas?, surgen de la tercera alternativa en debate problemas aún más complejos. Por ejemplo: ¿cómo se sabría en qué momento el experto constituyente actúa en una u otra condición, o sea como experto o como constituyente?, ¿cómo evitar la superioridad discursiva inherente a esta doble condición?

Parece, por tanto, mucho más sensato una asamblea constituyente elegida en su totalidad por su mandante o agente principal, el pueblo soberano en cuyo nombre actúan. Para evitar los errores ya cometidos, su número debería ser más reducido y los plazos de trabajo también. De modo similar, para evitar la balcanización o fragmentación del sistema político, los requisitos de postulación deberán ser más exigentes.

El poder constituido tendrá que estar dispuesto a pagar hoy costos de popularidad ante sus propios electorados, en función de los intereses de largo plazo de nuestra sociedad, que nos exige capacidad para prepararnos de mejor forma para enfrentar los enormes desafíos derivados del cambio climático, del desplome del modo de producción sustentado en las energías fósiles, del cambio de nuestros estilos de vida y del incierto futuro que se nos avecina como producto de todo ello.