¡Alto al femicidio!

La violencia contra las mujeres y niñas es la violación a los derechos humanos más común, debido a las relaciones de poder desiguales y normas sociales discriminatorias. Matar o asesinar a mujeres y niñas por razón de su género es la forma más brutal y extrema de este tipo de violencia.

En Chile más de 530 mujeres han sido asesinadas, desde que se tipificó el femicidio en 2010, y más de 1.200 han sido víctimas de femicidio frustrado. Cada vez que se le quita la vida a una mujer, muchas personas se apresuran a enumerar las supuestas acciones que podrían justificar tales atrocidades: terminaron una relación, estaban en un lugar solitario o no vestían “adecuadamente”. ¿Cuántos hombres son asesinados por su pareja al terminar una relación?

La violencia machista es generalizada y persistente: solo en 2021 más de 45.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en todo el mundo por sus parejas o familiares (padre, hermano, tío, etc.). Esta perturbadora realidad, arraigada en el patriarcado y la distribución desigual del poder entre mujeres y hombres, forma la base estructural y sistémica de la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad.

Sería un error decir que no estamos progresando. A lo largo de los años, se aprecian mejoras significativas en el fortalecimiento de la legislación contra la violencia de género. Por ejemplo, la Ley N° 21.212, que tipifica el femicidio; la Ley Gabriela, que amplía el marco legal incluyendo todo tipo de relaciones amorosas o sexuales como el pololeo; y la Ley Antonia, recientemente promulgada, que tipifica la inducción al suicidio y el suicidio femicida.

Sin embargo, los números no mienten. La cifra anual de femicidios en nuestro país se mantiene constante, alcanzando su punto máximo en 2020 durante la pandemia. La voluntad política declarada de prevenir la violencia y dar reparación a las víctimas no es suficiente. Aún no hay soluciones efectivas, ya que las iniciativas permanecen dispersas, están mal coordinadas y carecen de financiamiento. Sumado eso a sistemas policiales y de justicia penal defectuosos, que permiten la normalización de la violencia y que sigamos contando muertes evitables.