Lo local, la dimensión olvidada de la reforma policial

Intensa y vertiginosa ha sido la discusión en torno a la reforma a las policías. Desde hablar de refundar a Carabineros de Chile, hoy el gobierno aborda la reforma como una propuesta que viene a perseguir el cumplimiento de 5 objetivos rectores: 1) Subordinación a la autoridad civil; 2) Eficacia policial; 3) Enfoque de género; 4) Enfoque de Derechos Humanos; y 5) Transparencia y probidad. Lo que motiva esta política pública podría resumirse en dos elementos: por un lado, las fallas en la legitimización de Carabineros por casos de transgresión a derechos humanos y por situaciones de corrupción institucional; y, por otro, la necesidad de mejorar eficiencia, eficacia y mejoría en el cumplimiento de los objetivos de prevención, control y persecución policial.

Al mismo tiempo, la equidad territorial ha sido uno de los elementos discursivos y programáticos en que el gobierno del presidente Boric ha sido más enfático. Del mismo modo, el subsecretario Vergara ha insistido en que el problema de la seguridad ciudadana es también un problema de desigualdad. Sin embargo, la discusión en torno a la reforma policial no ha sido realmente específica en abordar qué pasa con lo local, cómo los territorios y sus necesidades se convierten en un insumo relevante para diagnosticar los problemas que esta reforma podría contribuir a superar.

El proceso de descentralización funcional en materias de seguridad ha dado atribuciones nominales a los diferentes niveles de gobierno, sobre todo a las municipalidades. Esta transferencia de potestades, en la práctica, le ha cargado a las municipalidades múltiples expectativas y demandas resolutivas para el abordaje del fenómeno delictual. Evidencia de ello es la proliferación de equipos de patrullaje comunal, de diferentes especies y formatos, en cada municipalidad. Así, se tienen impulsos -al menos virtuales- como las “Policías Municipales” en Calera de Tango y Cerro Navia, y otras fórmulas de relacionamiento entre el gobierno local y las policías, como el recientemente lanzado O.S 14 de Carabineros.

Lo anterior tiene que ver directamente con la gran inquietud sobre la distribución de recursos policiales. ¿Cuántos policías le corresponden a cada unidad territorial? ¿Cómo se decide esta distribución? ¿Cuántos carros policiales corresponden a estas unidades? ¿Qué criterio define esto? Estas son cuestionamientos que se repiten en las comunidades y son canalizadas mediante las autoridades locales y sus equipos. Sin embargo, los campos donde aparece esta información son difusos, y la posibilidad de discutirla es aún más reducida. Esto no tiene que ver sencillamente con el deseo de las autoridades locales en participar en esta área (devenida en urgencia), sino que responde a que los municipios son exigidos en dar respuestas y soluciones a problemas de seguridad pública.

Lo anterior no es descabellado: los trabajos académicos más serios y consensuados han dado en que un elemento para la gestión exitosa en seguridad ciudadana es un liderazgo político potente, que logre ser hábil en coordinar recursos y poder de agencia con las instituciones pertinentes.

Por lo anterior, los 5 objetivos rectores mencionados en el primer párrafo (los que, sin duda, son fundamentales) debiesen estar atravesados por un enfoque territorial que ponga especial énfasis en que estos objetivos, para ser cumplidos, deban atender a las posibilidades de adecuarse a los niveles más focalizados de gobierno.

Asegurar la presencia del Estado en todos los rincones del país debiera ser objetivo de toda política de seguridad. Para ello, una coordinación eficiente en el diseño, implementación y ejecución acercará a las policías chilenas -y a sus contrapartes municipales- en los niveles de las experiencias internacionales mejor evaluadas en la materia.