Crisis climática y recaudación fiscal en Chile

La desigualdad social está profundamente relacionada a la crisis climática.

Reiterados informes internacionales de alto nivel indican que, si la temperatura de la Tierra sobrepasa los 1,5° C, la magnitud de las catástrofes naturales, la pérdida de biodiversidad, la desestabilización de los ecosistemas y la crisis migratorias serán sumamente difíciles de revertir o bien, adaptarnos a esos escenarios, así mismo, parece improbable.

El impacto de estos fenómenos recaerá principalmente en los grupos históricamente más desfavorecidos, agravando las brechas sociales, contribuyendo al aumento de la desigualdad social e incrementando la conflictividad social de nuestras sociedades. Un estudio publicado por el Banco Mundial en 2020 estima que debido a los impactos generados por el cambio climático la pobreza extrema en la región podría triplicarse al mismo tiempo que se podrían perder 2,5 millones de puestos de trabajo.

El pasado 8 de marzo, en la sede de la CEPAL, nos reunimos mujeres jóvenes junto a nuestras organizaciones y tomadores de decisiones para discutir sobre la brecha de género y cómo esta se ve agravada por la crisis climática. Consensuamos que la justicia climática es una dimensión de la justicia social, y es imprescindible combatir la crisis climática para asegurar los derechos sociales en Chile.

Ese mismo día se rechazó en la Cámara de Diputadas y Diputados la idea de legislar la Reforma Tributaria impulsada por el gobierno, la cual llevaba más de 6 meses en consultas a los grandes gremios, Pymes, sesiones en la Comisión de Hacienda, sumado a un amplio respaldo ciudadano demostrado en diferentes encuestas y la positiva evaluación de organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE.

La Reforma Tributaria, entre diversas medidas, apuntaba a un mecanismo de fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos flexibilizando el secreto bancario, estableciendo la posibilidad de denuncias anónimas y el registro de beneficiaros finales para evitar y fiscalizar de mejor manera la evasión. Por otro lado, establecía el incentivo a la innovación, subía rentas personales al 3% más rico del país y proponía un impuesto a los “super ricos” quienes conforman el 0,03% de la población.

En Chile la recaudación de impuestos alcanza alrededor del 21% del PIB, cifra que se encuentra bajo el promedio OCDE. El impuesto a las empresas es de un 25%, pero la evasión de impuestos alcanza un 20%, lo cual corresponde a casi 2% del PIB. El ingreso que podría tener el Estado para financiar bienes públicos, tales como la construcción de escuelas públicas en sectores rurales, hospitales o implementar planes para enfrentar la crisis climática en nuestro país, termina en paraísos fiscales y en bolsillos de evasores.

Para no quedarnos en la desesperanza de que no hay salida a la crisis, el foco debe estar puesto en la mitigación y adaptación. El aumento de la fiscalidad y la fiscalidad progresiva, como por ejemplo el impuesto a las grandes fortunas y patrimonio, posibilitan un camino a una mejor adaptación al cambio climático donde quienes más tienen hoy contribuyen para prepararnos para las crisis venideras.

Al existir mayor recaudación de capital por parte de los Estados, se consolida la posibilidad de financiar derechos sociales, como lo son la educación escolar y superior, la salud, sistemas de pensiones, seguridad social, etc. Generando un escenario que faculta una sociedad más resiliente, inclusiva, educada y por lo tanto más preparada frente a los impactos de un planeta a mayor temperatura. Un Estado de Bienestar permite acelerar la adaptación a la crisis climática como también la mitigación de esta.

Asimismo, es importante recordar que son los sectores con mayores ingresos quienes contribuyen más al cambio climático con emisiones de CO2 más altas respecto a los sectores de medio y bajos ingresos. Estudios de OXFAM estiman que el 1% más rico emitió el doble de emisiones que el 50% más pobre de la población mundial. Esto mismo ocurre en nuestro país: quienes son dueños del sistema productivo, y en muchos casos poseen propiedad sobre el sistema energético contaminante, son también quienes generan mayor contaminación. Por tanto, son quienes deben pagar por contaminar.

La discusión de la Reforma Tributaria en nuestro órgano legislativo era una opción tangible para poner en el debate público la importancia de la recaudación fiscal como una herramienta para combatir la crisis climática, avanzar en materia social, corregir y aumentar los impuestos verdes, gravar los combustibles fósiles y subsidiar la transición a los sectores más dependientes y vulnerables, avanzar en la implementación de las medidas de adaptación y resiliencia, acelerar de manera concreta en la Agenda 2030 y la carbono neutralidad a más tardar al 2050.

La disminución de la brecha social en Chile nos ayudará a ser resilientes frente al cambio climático y tener una sociedad más igualitaria que aportará a no sobrepasar los 1,5° C. Como bien dice Thomas Piketty , “sin una acción decidida para reducir drásticamente las desigualdades socioeconómicas, no existe solución a la crisis medioambiental y climática”.

Por ello resulta indispensable, y casi imperativo, retomar cuanto antes la discusión y buscar amplios consensos para avanzar en un nuevo pacto tributario, por nuestro futuro.