Cuatro derivas y un peligro para el periodismo

El despido reciente de una periodista (Paulina de Allende-Salazar) de connotada trayectoria da para pensar, sobre todo a partir de la cadena de hechos y argumentos que parecen haber justificado esa decisión. Buena parte se explica por el contexto de evidente crispación pública por la seguidilla de tres asesinatos de carabineros en circunstancias del todo deplorables.

Aun cuando se puede discutir sobre la contribución que el lenguaje puede tener para acrecentar estos climas de opinión, lo cierto es que la situación del país hace imposible instalar un debate honesto sobre las responsabilidades, puesto que lo que interesa es privilegiar el bien público superior: el reforzamiento de las medidas de protección para Carabineros. Tanto así que queda la sensación de que la deriva securitaria incluye también la vigilancia de las actitudes de las y los periodistas. ¿Es posible entonces que este debate, propiamente político, inhiba o anule la posición periodística frente a los hechos? Cuatro aristas se abren frente a este caso.

La primera arista se relaciona con las numerosas denuncias que presentaron las personas ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), entidad encargada de regular los contenidos televisivos. Cabe hacer notar que hay un procedimiento para procesar estas denuncias, las que de ser admisibles incluyen por lo general un pronunciamiento del Consejo y esa etapa ni siquiera se ha iniciado. Por lo mismo, usar el número de denuncias como único indicador para juzgar un contenido periodístico, sin considerar el dictamen del propio organismo, es incorrecto. Queda la duda si este recurso no facilita que grupos de interés se manifiestan masivamente por estos canales, desvirtuando con ello el importante rol de fiscalización que cumple CNTV y que está consagrado por ley. El peligro de esta práctica es que este tipo de recursos termine siendo un caldo de cultivo para el linchamiento periodístico.

Una segunda arista, no por ello menos problemática, se abre con las reacciones que ha inspirado este hecho en redes sociales. A estas alturas, tenemos certezas de que estas plataformas no favorecen la discusión pública, sino que, muy por el contrario, son el resumidero de dolores, resentimientos, malos humores y ataques desenfrenados –bajo la sombra del anonimato– de buena parte de la sociedad (conectada habría que decir).

El revuelo que encontró el caso en los medios sociales, con urgencia e inmediatez, se apropió de un clima de opinión que celebró con unanimidad el giro securitario del Gobierno, nublando con ello el juicio que busque contextualizar y comprender la dinámica social y política del momento. La condena a la violencia obliga a que la sociedad se pliegue de forma irreflexiva a consignas no del todo digeridas.

Cabe hacer notar además que no es casual que sea una periodista quien deba experimentar el escarnio público vía redes sociales, pues sabemos además que son ellas quienes sufren mayores niveles de acoso y de violencia digital. Seguir el juego a las redes sociales en este tipo de casos, sin esperar que la contingencia se aleje para ponderar adecuadamente los hechos, resulta particularmente perturbador, toda vez que legitima este tipo de discursos de odio que afectan a nivel global y mayoritariamente a las periodistas que asumen un rol preponderante en el debate público.

Una tercera arista se abre con el comunicado que hace llegar la señal televisiva, sobre el cual dice basar su decisión. Que las acciones de un periodista no estén de acuerdo con la línea editorial del medio parece un argumento razonable, no obstante sea difícil de probar. Si se trata de un alejamiento constante respecto de la línea editorial del canal, sorprende entonces que sea en esta coyuntura especialmente sensible donde se produzca la decisión. Resulta entonces difícil pensar que no sea por el hecho mismo que ha sido criticado –caer en el lapsus, voluntario o no, de nombrar a un funcionario policial como «paco”– que se decide poner término a su contrato.

Todo da para pensar que la evaluación de la profesional –distinguida por sus pares hace poco tiempo con el Premio Lenka Franulic– era bastante positiva hasta antes de este episodio. No resulta entonces descabellado pensar que la decisión del canal pueda ser interpretada como un intento de disciplinar a las y los profesionales que en él trabajan, generando un precedente peligroso tanto para la señal como para las y los profesionales que en ella laboran.

En un país donde la concentración de la propiedad de los medios de comunicación es amplia y remite a una posición editorial situada políticamente, castigar a una periodista es en sí un atentado al pluralismo interno de los medios de comunicación. Por cierto, esta decisión está absolutamente dentro de las competencias del canal. No obstante, demuestra de manera elocuente el poco peso de las estructuras y lógicas periodísticas en estos medios.

La cuarta arista remite irremediablemente a la posición unánime que asumieron los canales de televisión abierta nacional. Sin siquiera tener que convocar una cadena nacional, la necesidad de una radicalización del discurso securitario hizo unanimidad a nivel del gobierno, pero también de sus adversarios políticos. Las fuentes oficiales y el consenso parece ser el único lugar enunciativo aceptable. Ninguna de sus premisas se puede entonces discutir. Este fenómeno, además de ser preocupante debido al clima de crispación, sólo da continuidad a una realidad histórica en Chile: el (ab)uso de fuentes oficiales y un pluralismo externo en un estado deplorable. Una deriva de este tipo no puede sino ser interpretada como un preocupante signo de retroceso hacia el autoritarismo, en un contexto de crisis aguda del sistema político.

En resumen, la autonomía siempre relativa del periodismo frente a los diferentes intereses que tensionan a la profesión –tanto políticos como económicos– es una realidad que se expresa con demasiada elocuencia en este episodio.

[En la redacción de columna también participó Antoine Faure, también académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile]