Enfoque de género en justicia: necesidad de darle rango constitucional

La semana que pasó ha sido ejemplar para quienes promovemos la aplicación del enfoque de género en justicia. Durante estos días comenzó el nuevo juicio a Martín Pradenas y se dictaron las sentencias condenatorias en las causas de Fernanda Maciel y Silvana Garrido, ambos casos emblemáticos de las consecuencias más extremas de la cultura machista y patriarcal que han remecido al país.

Las sentencias conocidas de estos tres casos (incluyendo la que fue anulada en la causa contra Martín Pradenas) son ejemplos virtuosos de cómo el enfoque de género permite orientar todo el proceso penal, desde la investigación a la sentencia y lograr estándares de convicción que permiten probar más allá de toda duda razonable la comisión del delito respetando las garantías procesales de los imputados, la presunción de inocencia y la imparcialidad de los jueces.

Contrario al prejuicio de que el enfoque de género introduciría sesgos, estos casos -en particular el de Antonia Barra, cuya sentencia fue anulada por un comportamiento que ponía en duda la imparcialidad de un juez y no por la aplicación de la perspectiva de género (como se establece claramente en la sentencia anulatoria)- demuestran que no hay colisión entre las reglas del debido proceso y el enfoque de género sino que, al contrario, este enfoque es garantía de imparcialidad, de igualdad ante la ley y acceso efectivo a la justicia. 

Considerando sus efectos virtuosos, la perspectiva de género en justicia es un avance que hay que cuidar ante las arremetidas conservadoras que están a la vuelta de la esquina.

Una forma de hacerlo es darle rango constitucional para así mandatar a las instituciones a aplicar esta metodología, a formar profesionales técnicamente preparados para hacerlo y a crear una cultura institucional comprometida con la justicia de género. Esto también elevaría los niveles de confianza de las mujeres en el sistema de justicia.

Una Constitución es un texto en el que definimos la sociedad que queremos construir. Si queremos una sociedad que erradique, prevenga y sancione la violencia de género, un paso necesario es otorgarle el más alto rango a este valor.