Biodiversidad: 9 años en deuda con los compromisos climáticos

El Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) está en su recta final. Fue despachado el lunes 24 de abril de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, y fue aprobado en Sala el 26 de abril, terminando así su tercer trámite legislativo.

Siendo el Senado la cámara de origen, la comisión revisó todos los cambios que hizo la Cámara de Diputados al texto del proyecto de ley. Esta cámara modificó un total de 142 artículos, de los cuales 78 tenían modificaciones de fondo y los demás eran de numeración y referencia. Todos ellos fueron aprobados por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, excepto 9 artículos que fueron rechazados y deberán pasar a una Comisión Mixta. Dicha comisión, conformada por 5 senadores y 5 diputados, deberá proponer nuevos textos que deben ser aprobados por ambas cámaras.

De los 9 artículos que fueron rechazados, hay 3 de ellos que constituyen temas muy relevantes, relativos a concesiones sectoriales y sitios prioritarios; el resto se refiere a completar o mejorar textos.

En cuanto a concesiones sectoriales (Artículo 93), primero se debe aclarar que el proyecto de ley solo permite concesiones para educación, investigación científica y turismo de baja escala dentro de áreas protegidas, lo cual es de beneficio para el sistema. Sin embargo, incluye además otro tipo de concesiones llamadas concesiones sectoriales, que permiten realizar actividades industriales dentro de áreas protegidas (salmonicultura, minería, proyectos hidroeléctricos, etc.).

Durante toda la tramitación del proyecto, se mantuvo una fuerte divergencia de opinión en este tema, que se vio reflejado en las distintas versiones del proyecto de ley. El Senado las permitió en su primer trámite, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara las eliminó y después la Comisión de Agricultura las repuso.

Finalmente, la Sala de la Cámara aprobó textos contradictorios, que por un lado permiten dichas concesiones (Artículo 92) y por otro lado solo permite concesiones sectoriales para usos sustentables, servicios básicos y conectividad de comunidades locales e indígenas (Artículo 93). Esperemos que la Comisión Mixta pueda resolver esta contradicción y excluir toda actividad industrial dentro de áreas protegidas, dado que destruyen la biodiversidad.

El segundo tema relevante son los sitios prioritarios en los artículos 29 y 8° transitorio. Recordemos que existen 334 sitios prioritarios anteriores a esta ley, 68 de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y 266 de las Estrategias Regionales de Biodiversidad.

Todos ellos fueron establecidos por las regiones en procesos participativos hace 20 años atrás y se han incluido en las Estrategias Regionales de Conservación. La versión del Senado solo reconocía los 68 sitios prioritarios de la Estrategia Nacional de Biodiversidad.

La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados extendió este reconocimiento a todos los sitios prioritarios de la Estratega Nacional y de las Estrategias Regionales de Biodiversidad, pero luego la Comisión de Agricultura de la misma cámara dejó fuera el reconocimiento de todos los sitios prioritarios preexistente, lo que fue un grave retroceso y la Sala de la Cámara dejó textos contradictorios. Por un lado, el Artículo 29 no reconoce los 334 sitios prioritarios establecidos antes de esta ley y, por otro, el 8° transitorio sí los reconoce e incorpora. Esperamos que la Comisión Mixta pueda reconocer la existencia de todos los sitios prioritarios anteriores a esta ley en virtud del principio de no regresión.

Como mencionamos, han persistido durante toda la tramitación dos visiones de la conservación de la biodiversidad en el país: una que desea protegerla y excluir actividades productivas en áreas protegidas y otra que desea seguir utilizando el territorio protegido para actividades industriales, como la salmonicultura, a través de las concesiones sectoriales. Esta divergencia sigue vigente y por eso el proyecto ha tardado tanto en promulgarse. En junio del presente cumple 9 años de discusión.

Esperamos que la Comisión Mixta y los parlamentarios de ambas cámaras puedan finalmente apostar por proteger el patrimonio natural del país que está sumamente amenazado, no por un tema de romanticismo, sino porque la extinción es irreversible y porque estamos en un país que es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, donde se prevé un aumento de las temperaturas, de la frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos y sequias prolongadas.

Para que Chile pueda enfrentar mejor la crisis climática es importante que avance un marco legal y una institucionalidad robusta y así dar mayor protección a toda su biodiversidad.