Más allá de multas y perdonazos: que la salud no sea un negocio

La semana pasada el gobierno ingresó su proyecto de ley corta de isapres, con la que busca dar una salida intermedia al fallo que el año pasado emitiera la Corte Suprema, donde ordena a las isapres a devolver cobros en exceso que alcanzan casi los US$ 1.400 millones.

Según datos de la Superintendencia de Salud, son ​​725.878 los contratos que deben recibir devoluciones lo que equivale al 39% del total de contratos con el sistema privado. De ellos, 436.668 corresponden a mujeres y los cobros en exceso serían restituidos vía excedentes o prestaciones.

Esto es visto por las isapres como el fin del sistema. De hecho, han levantado una campaña que por meses ha instalado que si se pagan los excedentes “se van a la quiebra” y no han tenido empacho en pedir -entre líneas- que el gobierno les lance un salvavidas.

Pero, ya con el proyecto de ley ingresado, han llegado a decir que “es un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal”.

Así las cosas, estamos en una suerte de trampa, un bloqueo. Mientras el gobierno busca mantener los equilibrios a través de este proyecto, sigue sin dar luces claras de buscar avanzar hacia un nuevo modelo de Salud. Mientras que las isapres, aprovechando la asonada de la ultraderecha, insisten en que el Ejecutivo busca destruir al sector privado en general, sin asumir ninguna culpa del actual momento que viven.

No se ve mucho interés de las isapres en los millones de chilenos que se encuentran en el sistema privado de aseguradoras de salud o en quienes seguimos en Fonasa en realidad. Tampoco se percibe la voluntad de mejorar las condiciones de trabajo de los miles de funcionarios de la salud que, a lo largo del país, y a pesar de los insuficientes recursos para realizar su trabajo, siguen dando la vida por mejor la atención y tratamientos de los usuarios del sistema público de salud.

Es una tarea pendiente que la autoridad de gobierno considere la inversión necesaria y adecuada que requiere el sistema de salud pública, que esta sea la prioridad y que en la urgencia de dar respuesta a las isapres no se oculte lo importante.

Ahí se centra nuestra preocupación y levantamos la alerta: no vemos disposición de avanzar en un nuevo modelo de Salud, cuyo horizonte sea efectivamente la garantía de cobertura, acceso y tratamiento a los usuarios y pacientes a lo largo y ancho del país. Y evidentemente se deben tomar cartas en el asunto.

No podemos terminar atados de manos por solucionar el problema de las isapres, que por años se han dedicado a vender un servicio -mal evaluado por lo general- y a recibir enormes beneficios en utilidades por décadas.

Debemos, por lo mismo, avanzar en una reforma al Sistema de Salud que ponga las bases de un Nuevo Modelo de Salud donde sean las y los usuarios quienes estén en el centro de las preocupaciones.

Son las y los usuarios del país a quienes nos debemos y, por lo mismo, debemos dar garantías reales de que en las diferentes ciudades del país existirá la cobertura, profesionales, medicamentos y logística para los tratamientos.

Así, el gobierno debería profundizar su reforma al sistema de salud apuntando a cumplir una de las aspiraciones más profundas de la ciudadanía: garantizar la salud de las personas. A esta altura del partido es lo único que nos debiera importar, más allá de multas o perdonazos.