El incordio del gas

Se argumenta que el proyecto “Gas a Precio Justo” ilumina, a todos los chilenos, a favor del Estado “subsidiario”. Profusamente lo vocean los medios, el empresariado conservador y, por cierto, la derecha por cercanía a incumbentes y por ideología extremista. Opino lo contrario.

Ese carácter subsidiario no tiene nada que ver con el libre mercado. Circulan dos acepciones de “subsidiario”, una que dice que el Estado sólo se puede meter en aquello que los privados no puedan (es decir en las áreas no rentables), y otra que dice que el Estado debe subsidiar a los privados cuando están en problemas.

Es decir, primero: las empresas del Estado sólo pueden incorporarse al mercado si el negocio no flota ni tiene utilidades, (si hay posibilidades de ganancias, es espacio exclusivo para el privado); y segundo:  cuando los privados tienen ganancias es de ellos, pero cuando tienen pérdidas el Estado deben asumirla, sea poniéndose con la plata o sea financiándolas a largo plazo; o los clientes en el caso de las AFP y otras industrias. Simple, si gano es mía, si pierdo paga MOYA.

Una parte de los empresarios no lo reconoce, pero lo han usado con bastante frecuencia desde hace 50 años. Esto está establecido en la Constitución de Pinochet, salvo el cobre que le generaba entonces a las FFAA enormes recursos.

Se ha “subsidiado” a los bancos, al transporte público, a las AFP, a las inversiones privadas en el mercado de capitales y diversas otras industrias. Las ISAPRES, le deben, en promedio, a cada usuario, un millón de pesos, ¡1.400 millones de dólares!; fueron condenadas por la Corte suprema e insisten que el Estado pague, les subsidie su fraude.

Otro subsidio de los dueños de las grandes empresas sucede con la integración tributaria, inédita en países civilizados y se agrega la tolerancia inexplicable de sus escandalosas evasiones. Mientras, los empresarios honestos y patriotas pagan puntualmente sus impuestos. A las PYMES se les ha subsidiado adecuadamente hoy, dado que en difícil momento económico, deben asumir los nuevos costos que trae el sueldo mínimo, este subsidio está bien justificado.

Veamos ahora en un análisis, con evidencia en números, todos informados en la prensa. Es un ejercicio más técnico que ideológico, que requiere referirse a cifras concretas y los criterios de la contabilidad, generalmente aceptados en todo el planeta.

Las cifras básicas: ENAP vendió el llenado de 15 kilos de gas a $8.340 ($556 por kilo) y los privados a $21.495 ($1.433 por kilo). En julio de 2022, cuando se inició el plan piloto, los privados vendían a $23.500 y ahora a $18.600; un claro impacto de aquel plan en el mercado del gas que beneficia a los consumidores.

Dijo la prensa y los políticos de derecha que vender a $15.000 a un costo de $117.000 es la evidencia de la mala gestión de ENAP y por ende de toda gestión empresarial del Estado. Si así fuera es mala gestión de ENAP. Sin embargo, la prensa informa que ese costo lo asumió el Ministerio de Energía con cargo a cuentas fiscales, o sea, no tiene nada que ver con los EERR de ENAP. No se aplicaron las normas básicas de la contabilidad.

El costo para ENAP de $117.00 por balón, no es verdad, es una fake news. Clásico de la derecha para instalar que todas las Empresas del Estado son ineficientes. La evidencia es la siguiente: el balón de gas vacío ¿lo compra el beneficiado o lo subsidia ENAP? Si lo subsidia, es una inversión que cuesta en el mercado $45.000 y se amortiza a 30 años, es decir a cada balón vacío costaría $1.500, lo compra el usuario por una vez. El relleno inicial y las reposiciones del gas tiene un costo de $8.340 para ENAP.

Si se agrega el despacho a sucursales ENAP en las regiones beneficiadas (San Fernando) sería de $12.367, según informa la prensa. Los datos técnicos dicen que sería de $9.840. Se deben agregar otros costos menores como las amortizaciones y gastos generales de administración. En ambos casos en los EERR de ENAP, en esta partida del gas saldría positivo.

El costo para ENAP aparece menor a su precio de venta de $15.500, supongo haciendo algún margen de utilidad, para reinvertirlo en el negocio. No se perdió un peso, salvo que ENAP indicase lo contrario y cuales serían los antecedentes.

Hay otra inversión en infraestructura. La prensa ha informado un monto de $174.000.000 en compra y construcciones de un recinto de acopio central que como toda inversión se amortiza a largo plazo (en este caso a 50 años). ¿Es inversión de la empresa que acopia y distribuye o de ENAP que se la subvenciona? Cualquiera sea, la amortización es de $290.000 al mes, ya sea de dividendo, arriendo o de concesión reajustables. Esta inversión no es un costo en los EERR ENAP, salvo la amortización.

Hay otro costo relevante, el de distribución, al parecer a minoristas. La prensa informa que es asumido por el Ministerio de Energía, con cargo a las cuentas fiscales. No es costo de ENAP, de acuerdo a los principios contables.

La prensa también informa que el costo de distribución que pagó el Fisco es de $84.564 por cilindro. ¿El Estado subsidió la entrega a los usuarios para no cargarles ese costo? ¿Por qué si el costo de distribución en las 3 privadas oligopólicas parece estar en el precio de venta del relleno que en junio 2022 era $23.500 y hoy, $18.600, el Estado pagó $84.564?

Esta es una brecha demasiado grande que necesita ser aclarada, con peras y manzanas. Se requiere para enfrentar la campaña derechista contra ENAP y toda empresa del Estado, con la verdad, con los hechos, y con argumentos fundados en hechos, no desde posiciones ideológicas.

Esto tiene mucha importancia hoy. La derecha y algunos empresarios llevan años haciendo campaña con que el Estado es de suyo mal empresario. En los países civilizados este debate está superado, en Francia, dos grandes empresas de energía, una privada y una estatal, hoy en el hidrógeno verde, compiten – y colaboran – sin problemas en el mercado mundial. Este debate chileno del gas lo trasciende: apunta a rechazar la digna política del litio. Incluso algunos extremistas han planteado privatizar el cobre.

La derecha también lo extrapola a limitar la gestión estatal de los derechos sociales. En el caso de las AFP a este falso argumento se agrega el otro falso argumento de la “propiedad” de los fondos. La destacada jurista Paulina Veloso señala “Los fondos previsionales no son “propiedad” del cotizante. Este no tiene el derecho de disposición, que constituye básicamente la propiedad. Decirlo es un eufemismo. Se dice para generar adhesión al sistema”.

Ricardo Lagos agrega en reciente entrevista del 28 de mayo 2023 en El Mercurio: “incluso Bismark, el más conservador de los cancilleres alemanes, se dio cuenta que había que hacer un sistema de reparto”. Los que estaban trabajando deben financiar a los que estaban jubilados. Punto. Así es la cosa.

Es preciso que el progresismo informe bien a la población, realice consistentes campañas contra la desinformación y por la verdad, a través de todos los medios que le faciliten la comunicación con l@s ciudadan@s. Los partidos de derecha suman hoy alrededor 60%, el progresismo alrededor del 40%. Es indispensable, para cambiar la correlación de fuerzas, plenamente posible, levantar con perseverancia y fuerza la denuncia de las mentiras derechistas e ir al debate práctico e ideológico con decisión y perseverancia.