Guatemala, la esperanza rota

Falta menos de un mes para las presidenciales en Guatemala. Y aquí la fragmentación de la política es la norma.

Los partidos no echan raíces; ninguno ha ganado dos elecciones seguidas y lo común es que duren poco tiempo. Hay 23 postulantes a la Presidencia y, por lo visto, casi todos anodinos. Este número no refleja la diversidad del país. Más bien delata los muchos interesados que hay en hacerse con el control de las arcas fiscales.

Desde los Acuerdos de la Paz (1996), que pusieron fin a las dictaduras militares, la clase política lleva las riendas del poder gracias a la estrategia de la confusión.

El paisaje electoral luce así porque, en realidad, compiten empresas que están permeadas por dineros ilegales. En los villorrios alejados, donde no se asoma la mano del Estado, uno puede contemplar las frágiles viviendas tapizadas con propagandas de uno u otro de los aspirantes. Es sabido que los financistas invierten en campañas para que sus patrocinados, una vez en sus cargos, les devuelvan los favores mediante contratos onerosos.

Si en el pasado la ideología anticomunista unificó a los militares, hoy la lealtad de los políticos civiles se funda en los negocios que comparten a trastiendas.

El panorama es desalentador, aunque hace poco se abrió una ventana de esperanza. Provino del trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En 2015, esta institución reveló que el presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, dirigieron una trama de defraudación fiscal. Una intensa agitación social los forzó a dimitir, y sin dilación alguna ingresaron a prisión.

La CICIG se había creado en 2007, fruto de un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno. La idea era apoyar a desbaratar al crimen organizado que tenía a Guatemala hundida. Sin embargo, a medida que avanzaban en sus investigaciones, más quedaba al descubierto que las tramas delictivas están bien afincadas en el Estado. Altos funcionarios estaban envueltos: diputados, ministros y jueces; lo mismo que grandes empresarios.

Luego del descalabro de 2015, ganó la Presidencia Jimmy Morales. Comediante de profesión, alcanzó un alto porcentaje de votos con su eslogan “Ni corrupto ni ladrón”. Sin embargo, tan pronto la CICIG comenzó a investigarlo a él, no demoró en revelar su verdadera cara. En 2018, expulsó del país a su director, el comisionado colombiano Iván Vázquez, y no contento con eso, revocó al año siguiente el mandato de la CICIG para operar.

Es claro que la élite dirigente firmó un “pacto de corruptos”. Su objetivo: salir impunes. Fabricaron entonces una defensa ad hoc. Los perseguidos ahora eran víctimas de una conspiración extranjera; la CICIG, una agresión a la soberanía; sus procesos, por ende, viciados. Por supuesto, se valieron de herramientas poderosas para esparcir el relato. Y es que, entre los investigados, figuraba un tal Remigio Ángel González. Este señor (conocido en Chile por ser dueño del canal La Red) concentra el monopolio de las emisoras de televisión en el Guatemala.

Desde 2020, se intensificaron las represalias, con la asunción de Alejandro Giammattei a la Presidencia. Los fiscales que colaboraron con la CICIG, en su mayoría, escaparon al exilio.

Triste es el caso de José Rubén Zamora, aclamado periodista y director de elPeriódico. El gobierno se ensañó en su contra por destapar casos de corrupción de los poderes públicos. Hoy arriesga 40 años de cárcel por presuntos delitos financieros. Congeladas sus cuentas de banco, y requisada su imprenta, elPeriódico acaba de cerrar, en mayo de 2023, tras 27 años. Su última editorial, publicada en formato digital, es un manifiesto por la libertad de expresión que, de seguro, dará que hablar a los historiadores del futuro.

Para qué decir el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en vez de árbitro es el jugador más agresivo. Esta entidad se ha encargado de impedir que prosperen las candidaturas presidenciales que resultan incómodas. En 2019, desautorizó la inscripción de Thelma Aldana, ex fiscal general y colaboradora de la CICIG (hoy en el exilio). En el actual proceso, dejó fuera a Thelma Cabrera, líder maya que en la anterior elección bordeó el 10%. Y, hace muy poco, prohibió la participación de Carlos Pineda, el outsider que lideraba los sondeos. El TSE se ampara en razones técnicas que casi nadie entiende.

La ley es un martillo que machaca a la disidencia. Y uno se pregunta cuánto más es posible aguantar.

Sin embargo, en Guatemala no es tan fácil organizar un movimiento social. Es que el concepto guatemalteco de nación se edificó sobre la distinción entre indígenas y ladinos. En contraste con países como México, donde predominó el discurso del mestizaje, aquí la taxonomía colonial, en vez de relajarse, se profundizó durante los últimos dos siglos.

De hecho, es la ideología que justificó el asesinato y desaparición de cerca de 100.000 personas mayas entre 1981 y 1983, de manos del Ejército. Hoy se habla con propiedad de genocidio. Estas cifras de muerte, qué duda cabe, ejercen todavía su influjo en mujeres y hombres guatemaltecos.

*La esperanza rota es el título del libro de Piero Gleijese, donde analiza la intervención de Estados Unidos para derrocar al gobierno guatemalteco de Jacobo Árbenz, en 1954.