¿Quiénes serán los Guardianes de nuestra Biodiversidad?

Actualmente distintos ministerios tutelan nuestras áreas protegidas, con prioridades y objetivos diferentes al cuidado de la naturaleza. Es por ello que reformas ambientales de gran alcance impactan en distintos intereses y el SBAP no ha sido la excepción.

Debido a su trascendencia, este proyecto de ley enfrentó campañas de desinformación y retrasos intencionados. Se intentó, incluso, segmentarlo en un Servicio de Parques Nacionales y otro de Biodiversidad, alterando su naturaleza original.

En este contexto adverso la participación ciudadana fue imprescindible.

En efecto más de 100 personas se involucraron, entre asesores parlamentarios, científicos, guardaparques, representantes de sindicatos, de gremios empresariales, de ONGs y la sociedad civil. Su tramitación se extendió por tres gobiernos y ha visto el paso de seis ministros de Medio Ambiente, mientras afloraban miles de indicaciones y campañas de desinformación. Pero, contra viento y marea, primó la verdad y se logró su avance.

En la ley se mantuvo el espíritu inicial del SBAP de entender la biodiversidad como un concepto que trasciende las áreas protegidas designadas por el Estado. Y destaca la concepción de la biodiversidad como algo que se encuentra en todas partes, incluyendo las ciudades y zonas rurales. Se crea un sistema unificado de áreas públicas y privadas, marinas y terrestres, bajo una sola visión integrada de conservación a largo plazo, con un cuerpo de guardaparques, con reforzadas facultades de fiscalización.

Por ello, ahora que se ha aprobado el SBAP, su implementación no debe demorar. La ley dice que tan solo a tres años de creado el Servicio se le traspasarán las áreas protegidas para que las administre. Eso quiere decir que recién en el año 2026 el SBAP podrá realmente entrar en tutela sobre todos nuestros bienes naturales. Por mientras, deberá crearse la dotación de personal e instalar oficinas a lo largo de Chile.

Pero aún cuando la aprobación del SBAP es un avance, el país debe acelerar la tramitación de las políticas públicas en materia ambiental. No podemos tardar una década en concretar reformas de esta magnitud. En los últimos 10 años, solo se han dictado alrededor de tres reformas ambientales importantes que han podido entrar en vigor, otras se han estancado. Por ejemplo, la ley de aguas grises lleva 5 años sin poder entrar en ejecución porque los gobiernos de turno no dictan un reglamento para que ésta entre en operación.

A este ritmo, la crisis de la biodiversidad y del agua agravaran la pobreza de nuestro país.

Hay que entender que la emergencia ambiental y la pobreza son dos caras de la misma moneda. La pérdida de biodiversidad conlleva enfermedades. Un ejemplo sencillo de esto es que la disminución de aves rapaces genera brotes de virus hanta.

Es por esto que la ciudadanía debe involucrarse y supervigilar a las autoridades. Hoy, el Acuerdo de Escazú formaliza el derecho a participar de la toma de decisiones ambientales y el acceso a la información ambiental. Hemos obligado por ley a la autoridad a televisar el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, máxima instancia de toma de decisión de política ambiental en el país, para que todo ciudadano y ciudadana pueda ver cómo se toman decisiones. Además, en tiempos digitales, la incidencia en temas ambientales es cada vez más accesible y urgente.

Una maratón ambiental concluye, pero no podemos comenzar otra.

Cuidar la biodiversidad, como cualquier otra crisis ambiental, son los cien metros planos que solo ganaremos con una ciudadanía activa y vigilante.