¿En manos de quién está nuestra seguridad?

“Tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes”. Ricardo Martínez, Excomandante en jefe del Ejército

En la última década la prensa chilena ha dado cuenta del robo o extravío de aproximadamente 370 armas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Además de pistolas, revólveres y escopetas; destaca la desaparición de armas de alto poder de fuego: cinco subametralladoras UZI, tres fusiles AK-47, dos fusiles SIG y un fusil Galil, que han sido sustraídos o “perdidos”. Incluso, se registra la pérdida de una granada del Ejército en Quillota el año 2012.

Carabineros lidera la cuenta, con 150 armas robadas o extraviadas. Luego asoma la Policía de Investigaciones, con 73, seguida de cerca por el Ejército, con 68 armas desaparecidas. En otro orden de proporciones, Gendarmería registra el robo de 3 revólveres y la Fuerza Aérea, por su parte, la sustracción de un fusil Galil.

De acuerdo a Resumen (2023), El detalle respecto a Carabineros de Chile, que cuenta con 150 armas perdidas o extraviadas en distintos lugares del país en la última década, incluiría 63 revólveres, 76 pistolas, 6 escopetas y 5 pistolas ametralladoras robadas. En cuanto al desglose por año, el 2017 fue el momento en que más armas habrían desaparecido: una pistola ametralladora, una escopeta, 13 pistolas y 15 revólveres. 30 armas en total.

Luego siguen los hechos ocurridos el año 2015, 2016 y 2018, todos con 18 armas desaparecidas. Y más atrás quedan el año 2019 con 17 armas; el 2014 con 14 armas; el 2013 con 10; 2021 con 9 armas; el 2020 y 2022 7 armas; y este 2023 que hasta marzo registraba 2 armas.

En cuanto a las regiones, 79 de las armas desaparecidas fueron informadas en la Región Metropolitana, seguida por la región de Valparaíso (17); la Araucanía (15); Bío Bío (9); Coquimbo (7); O’Higgins (5); Maule (4); Los Ríos (4); Tarapacá (3); Atacama (2) y Chiloé (2); y Antofagasta (1), Aysén (1) y Los Lagos (1).

Cabe destacar que, entre el 2012 y 2022 la Corte Marcial de Santiago (con jurisdicción sobre el Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros) y la Corte Marcial de la Armada (ubicada en Valparaíso) registraron al menos 38 casos de robo de armamento -y de materiales afines, como chalecos antibalas, uniformes y otros- perpetrados por militares o carabineros, los que culminaron con condenas para 54 uniformados. Además, en al menos 15 de estos casos hay pruebas o indicios de que las armas sustraídas estaban destinadas a delincuentes, incluyendo narcotraficantes.

En seis de estos quince casos las investigaciones de la justicia militar consiguieron registrar de manera fehaciente el nexo entre los uniformados involucrados y los delincuentes. En otros nueve, aunque no se describe de forma taxativa el vínculo con criminales, se incluyen detalles que apuntan en esa dirección.

En la revisión de estos procesos, se encontraron 14 sentencias condenatorias de la justicia militar en que alguno de los involucrados confesó el monto que recibió o que pretendía pedir por el armamento, debido a que en algunos casos no se alcanzó a concretar la compraventa. En varias de estas causas se presentaron los avalúos del armamento, encargados por los mismos tribunales o efectuados por armeros de las instituciones de la defensa. De esta manera, es posible identificar el alto sobreprecio que en la mayoría de los casos se pagó o se iba a pagar en el mercado negro por estas especies.

Fusiles avaluados entre $1.300.000 y $2 millones por unidad, granadas a $30 mil, pistolas vendidas en $300 mil y revólveres a $100 mil, visores nocturnos a $200 mil la unidad, son algunos de los precios que se pusieron a armas robadas desde los cuarteles. Así se desprende de las sentencias dictadas entre 2012 y 2022 por la Corte Marcial de Santiago y la Corte Marcial de la Armada. Asimismo, en varias sentencias se constataron precios que sobrepasaban el 100%, y en algunos casos hasta el 200% del valor original.

En cuanto a las municiones “extraviadas”, en mayo de 2019 un operativo encabezado por la Unidad de Análisis de Focos Investigativos de la Fiscalía de O’Higgins, permitió decomisar más de 50 mil municiones, además de granadas y armas de fuego, que estaban en cajas rotuladas como Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE). Sin olvidar que, en 2022, en este último lugar, Juan Osorio de 70 años de edad, suboficial (r) y guardia del Instituto de Investigaciones y Control de Ejército en Santiago, tranquilamente sustrajo un total de 82 armas durante una madrugada de marzo. Se trataba de 78 pistolas CZ y cuatro Taurus y FAMAE, estas últimas pertenecientes al director del instituto, el coronel Francisco Silva Mestre. Osorio se tomó tres horas para cometer el ilícito, forzó dos puertas y activó una alarma.

Siguiendo el hilo conductor temático de las municiones, en 2021 Carabineros fue la institución que acumuló más casos de este tipo para armas de fuego cortas y largas, en especial proyectiles para fusiles, que han sido robadas o extraviadas en los últimos dos años. De acuerdo a los antecedentes entregados por el ahora General Claudio Pizarro Valencia, la policía uniformada acumuló el año en cuestión 15 casos, sumando 195 municiones con paradero desconocido, en su mayoría calibre .38 y 9 milímetros.

Llama la atención el caso ocurrido -por ejemplo- en la 3ª Comisaría Norte de Valparaíso, donde se extraviaron 50 municiones calibre .38 en un solo episodio. Le siguen la 6ª Comisaría de Recoleta (27 municiones), 1ª Comisaría La Ligua (23) y la 45ª Comisaría Cerro Navia (21), quienes registran más de un caso. En el listado aparecen también la Escuela de Suboficiales y el Grupo de Caballería, donde se reportaron 12 municiones calibre .38, cuyo destino aún se desconoce.

Respecto de las Fuerzas Armadas, la institución con más pérdidas o robos de munición es el Ejército, con 8 casos y 112 municiones involucradas, entre tiros de escopeta y de fogueo. De acuerdo a lo informado por la Brigada de Inteligencia del Ejército, conforme a los antecedentes recopilados desde el Sistema de Comunicación de Incidentes de la Institución, destaca lo sucedido en la Brigada Motorizada N°1 Calama, donde se extraviaron 41 tiros de una sola pasada. Le siguen el Regimiento de Infantería N°1 Buin, que suma 42 municiones en dos episodios, y el Destacamento de Montaña N°8 Tucapel, con 15 tiros.

En el 2021, el medio La Voz De Los Que Sobran, a través de solicitudes por Ley de Transparencia, constató que la PDI había «perdido» 57 armas de servicio en tres años. 30 en 2019, 25 en 2020 y dos hasta julio de 2021.

En el mismo periodo, Carabineros reportó el extravío de 10 pistolas, 7 revólveres y dos escopetas; el Ejército dos fusiles -los del Regimiento Chacabuco- y una pistola, y la Fuerza Aérea el extravío del ya citado fusil Galil. La Armada, en tanto, aseguró tener sus inventarios en orden. Pero en febrero de 2023 cuatro sujetos ingresaron a un contenedor de la Armada de Chile en Cochamó -región de Los Lagos- y robaron cuatro pistolas y 300 tiros de guerra.

En febrero de 2017 ocurrió el robo de tres revólveres a Gendarmería, por parte de un grupo de encapuchados. Tres meses después, uno de los mayores escándalos de ‘extravío’ de armas salió a la luz cuando, tras seguir la pista de un grupo de ladrones de autos, la policía se encontró con armas UZI que debían haber estado en la Escuela de Formación Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro (Esfocar). Tras esta sorpresa, una investigación en la Escuela definió que eran 24 las armas extraviadas en la Esfocar: 22 revólveres y 2 UZI. Pero aquel no iba a ser el “extravío” más grande ese año. En octubre, 28 armas “desaparecieron” de la Primera Comisaría de Iquique.

El año siguiente, el 2018, la suma por extravío y robo en instituciones armadas, según registró la prensa, cumplió un récord, con 142 armas “extraviadas”, aunque la cifra pudo haber sido mayor, ya que en uno de los casos no hay registro del número total de armamento perdido.

En septiembre de aquel año, 16 armas de propiedad de la Policía de Investigaciones fueron robadas, lo que salió a la luz luego de que un reportaje de Chilevisión mostrara que una de estas pistolas fue encontrada en manos de un narcotraficante. Aunque la PDI no quiso dar su versión en esa investigación, afirmó que las armas extraviadas estaban en desuso, y que había un sumario para investigar el caso.

Poco después, en octubre de 2018, se dio a conocer un caso de tráfico de armas al interior de la 23ª comisaría de Carabineros de Talagante. Allí, se habrían traficado 118 pistolas y una cantidad indeterminada de revólveres y escopetas. Asimismo, entre enero de 2022 y abril de 2023, 19 funcionarios de la Policía de Investigaciones extraviaron sus armas de servicio. En específico, se perdieron 16 pistolas, una subametralladora y 19 cargadores con sus tiros.

Ahora, en junio de 2023, el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al sargento segundo del Ejército Víctor Gabriel Roa Alburquenque a la pena única de 12 años de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor de los delitos consumados de tráfico de municiones, tráfico de arma prohibida y tenencia ilegal de arma de fuego. Ilícitos perpetrados en junio de 2018, en las comunas de San Miguel, Maipú y Lo Espejo.

Junto a Roa Alburquenque, en fallo unánime (causa rol 347-2021), el tribunal –integrado por las magistradas Andrea González Araya (presidenta), Paula de la Barra van Treek (redactora) y Mariela Hernández Beiza– condenó, a Jonathan Joan Olave Ahumada a la pena única de 13 años de presidio, más accesorias legales, en calidad de autor de los delitos consumados de tráfico ilícito de municiones, tráfico de arma prohibida y tenencia ilegal de arma de fuego. Ilícitos perpetrados en junio de 2018, en la comuna de Lo Espejo. Quien además deberá pasar otros 541 días de reclusión, y pagar una multa de 40 UTM más la accesoria de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena, esto como autor del delito consumado de tráfico ilícito de drogas.

Tras todas estas consideraciones, actualmente es más que válido preguntarse ¿en manos de quién está nuestra seguridad? y ¿por qué las bandas de narcotraficantes poseen tan alto poder de fuego?