Verdad oficial, negacionismo y cancelación

En un programa político emitido por televisión, la diputada del Partido Republicano, Gloria Naveillán dijo que no considera a Augusto Pinochet un dictador sino un presidente, como Salvador Allende. También rechazó hablar de “golpe de Estado” porque “para mí es pronunciamiento militar”. En el mismo sentido, el diputado UDI Jorge Alessandri declaró en un programa de radio: “yo justifico el golpe militar”.

El “para mí” de Naveillán y el “yo justifico” de Alessandri son fórmulas que buscan validar las interpretaciones que suscriben, prescindiendo del debate público. Sus discursos quitan todo valor al debate razonado y argumentado, reemplazandolo por “lo que vale para mí” y “lo que vale para nosotros”, reservándose ese “nosotros” el derecho a intervenir y expropiar con las armas los poderes del Estado democrático cuando un orden social determinado se encuentra en disputa.

Fue lo que sostuvo Johannes Kaiser cuando existía la posibilidad de que la propuesta constitucional de la Convención fuera aprobada.

Naveillán y Alessandri han sincerado y explicitado la perspectiva que, por lo general, asume la derecha chilena sobre este punto. Al sustituir su compromiso con un régimen democrático por la defensa de un orden oligárquico, les parece justificado hablar de “pronunciamiento militar”. Consideran que, en determinadas circunstancias, las FFAA están facultadas para “pronunciarse” militarmente sobre la situación política del país, empleando las armas contra el propio Estado democrático. Los comportamientos golpistas serían funciones institucionales informales de las FFAA para defender, restaurar o imponer un determinado orden social, con independencia de la opinión de las mayorías democráticas.

Evelin Matthei, por ejemplo, señaló el año 2019 que votó “sí” en el plebiscito de 1988 -es decir, votó por la continuidad del dictador- estando segura de que ganaría el “no”. Dijo que “estaba votando para que la diferencia no fuera tan grande que después arrasaran”.

Es decir, la principal candidata presidencial que tiene la derecha en las encuestas, se permite votar contra la restauración democrática para mejorar el posicionamiento político de su sector en una democracia que se instala. Concebida de ese modo, la democracia no es considerada valiosa por principio, sino sólo por eficacia contextual.

Me recordó el famoso diálogo de Alicia y Humpty Dumpty sobre significado, validez y facticidad en «Alicia a través del espejo»:

La cuestión -insistió Alicia- es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
La cuestión -zanjó Humpty Dumpty- es saber quién es el que manda…, eso es todo.

En una entrevista reciente con Mirna Schindler, el sociólogo Manuel Antonio Garretón sostuvo que Chile necesita de una “verdad oficial”: “pase lo que pase, haya la circunstancia que haya, nunca, bajo ninguna condición, los militares pueden tomar el poder, romper la constitución y bombardear La Moneda. Nunca”.

Garretón sabe que hablar de “verdad oficial” es un asunto controvertido. Lo sabe y lo explicita. Sin embargo, también tiene claro que no está hablando de censurar opiniones, cerrar conversaciones o detener la investigación de los complejos procesos sociales que convergen en el golpe de Estado. Tampoco está hablando de penalizar conductas negacionistas que se aparten de una determinada interpretación de la historia del país. Lo que está diciendo es que sin esa declaración fundante, sin ese “consenso ético”, no puede existir el entendimiento mínimo que necesitamos para constituirnos en una comunidad histórica, construida sobre principios comunes.

La “verdad oficial” es la validación consensuada de un juicio ético por todos los actores políticos. Es una declaración que valida el sistema democrático por sobre cualquier otra circunstancia, condenando por principio a quienes atenten contra el mismo. En este sentido, no se trata de la imposición de una o más opiniones controvertibles a quienes sustentan una alternativa. No constituye un procedimiento de cancelación.

La verdad oficial será aquello que se enseñe en los colegios y demás instituciones educativas y se repita en las ceremonias políticas oficiales, declarando los principios a los que deberán subordinarse quienes viven en el país, sus autoridades incluidas. De este modo, se evita la paradoja presente en declaraciones de autoridades democráticas que justifican la interrupción del régimen político del que forman parte cuando sus decisiones no les gustan, como ocurrió con la diputada Naveillán y el diputado Alessandri.

El planteamiento de Manuel Antonio Garretón resuelve el problema planteado a propósito del golpe de Estado de 1973. Podemos discutir amplia e indefinidamente sobre sus determinantes directos e indirectos y sobre sus causas decisionales y contextuales. Nadie debe ser cancelado por opinar de cualquier manera en esa conversación. Pero esto no justifica la relativización del sistema democrático en ninguna circunstancia. Actuar contra el mismo en cualquier contexto y desde el lugar que sea, debe ser considerado un crimen y abordado en consecuencia.

Nadie tiene derecho a suspender la democracia para resolver los problemas que ella plantea.

Desde el punto de vista de los demócratas comprometidos con la declaración ética que la funda, los problemas de la democracia sólo pueden resolverse con más y mejor democracia. Es el consenso sobre esta declaración lo que nos permitirá contar con una comunidad histórica, sustentada en principios comunes, que den a todos los actores sociales y políticos la misma posibilidad de actuar y decidir en la sociedad democrática de la que forman parte.