¿Candado nuevo o candado viejo?

Tras semanas de expectación sobre el camino que tomaría la derecha en el Consejo Constitucional, este lunes se presentaron las enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta. Si bien todas las bancadas presentaron sus propuestas de norma para suprimir, agregar, sustituir o modificar artículos, del total de 1069 enmiendas hay cuatro firmadas en conjunto por Chile Vamos y el Partido Republicano. En lugar de respetar los consensos alcanzados con la izquierda en el anteproyecto, las enmiendas de la derecha anticipan una tendencia a imponer su mayoría absoluta en el consejo.

Además de proponer un capítulo exclusivo sobre fuerzas armadas, las enmiendas referidas se entrometen en materias especialmente relacionadas a las causas del estallido social de 2019 como son la administración de los fondos de pensiones, el sistema educativo y el derecho a la salud. Basta con analizar estas dos últimas para entender la jugada.

Si en educación el anteproyecto señalaba “el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos, atendiendo a su interés superior”, ahora la derecha busca mantener la disposición de la Constitución de 1980 que establece que los padres tienen “el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos”, alojando toda la responsabilidad del proceso educativo en la familia. Más allá del impacto que esto tendría en las importantes reformas en los gobiernos de Bachelet y Piñera, se trata de la introducción de literales que podrían perjudicar gravemente la educación pública.

Por otra parte, la enmienda de la derecha en salud propone garantizar la “libertad de elección” en los prestadores y en quienes den cobertura a las prestaciones de salud. Con ello, se profundizaría lo dispuesto en la Constitución de 1980, al llevar a rango constitucional no solo las clínicas, sino que también las ISAPRE. Seguiríamos en la lógica de garantizar la salud mediante una supuesta “libertad” que solo es posible para el pequeño porcentaje de la población que puede costearla.

No es necesario redundar en los históricos fallos de la Corte Suprema en contra del modelo de cobro que tienen dichas instituciones, contrario a los principios básicos de la seguridad social.

Faltando menos de cinco meses para el plebiscito de salida, es difícil que el nuevo borrador constitucional logre concertar el apoyo necesario para cambiar la Constitución, tal y como fue planificado en diciembre por todos los sectores políticos representados en el Congreso Nacional. El problema es que con las enmiendas dicha posibilidad asoma como imposible.

Con todo, la derecha pareciera no advertir los costos de desconocer la promesa que le hicieron a Chile durante la campaña por el Rechazo en el plebiscito de salida de 2022. Atrás quedaron las declaraciones del presidente de la UDI, Javier Macaya, que hablaba de “tener un texto que uniera a Chile”, o las palabras de la presidenta Evópoli, la consejera Hutt, que reconoció que teníamos “una segunda oportunidad para escucharnos (…) y generar acuerdos por el bien del país”.

Hoy, si sus enmiendas son aprobadas, le propondrán al país la decisión de elegir entre un candado viejo, la Constitución de 1980, o un candado nuevo, la Constitución de las nuevas derechas. Aunque las enmiendas aún no se votan y hay tiempo para enmendar el camino, nadie sabe quién tiene la llave de los candados.