Justicia tributaria: El imperativo que las élites económicas se niegan a entender

En el último Foro Económico realizado en Davos, Suiza, realizado en enero de este año, el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampos, hizo un llamado a los líderes mundiales a impulsar con sentido de urgencia reformas fiscales que graven las principales riquezas de sus países y los capitales globales.

Este emplazamiento fue extensivo a la región de Latinoamérica y el Caribe, una de las que más retraso tiene en materia de justicia tributaria. “Gravar a los más ricos ya no es una opción, es una obligación”, planteaba Ocampo en este foro donde se discutió la forma de afrontar la gran crisis económica y social que se arrastra mundialmente luego de la pandemia de la Covid -19 y que se ha agudizado producto de la incertidumbre generada por la actual guerra en Ucrania.

Este llamado urgente tenía como fundamento las cifras entregadas por Oxfam International en su informe titulado: “La ley del más rico” (2023), que entregó datos demoledores en cuánto a la concentración de la riqueza y el aumento de las desigualdades a nivel mundial.

La principal conclusión de dicho informe fue: el 1% de la población mundial posterior al año 2020 había acumulado el 63% de la riqueza total, dejando solo un 37% de la misma, en manos del 99% restante de la población del planeta.

A nivel latinoamericano, las conclusiones de dicho informe no fueron más auspiciosas. Entre marzo de 2020 y noviembre de 2022, la riqueza de los milmillonarios (o billonarios) de la región había aumentado un 21% y el crecimiento de las ganancias del pequeño grupo de los más ricos de América Latina aumentó 5 veces más rápido que el crecimiento del PIB de los países de la región durante el mismo período (+3,9 %).

Así, el 2022 América Latina y el Caribe terminaba con 30 milmillonarios más que en los años anteriores y quedaba con un total de 91 milmillonarios (81 de ellos hombres) que ahora mismo son un 21% más ricos que antes de la pandemia de la Covid-19.

Pero Oxfam entregaba dos apuntes más relevantes para esta discusión, el primero: 17 de estos milmillonarios viven en la actualidad en países donde no se aplica ningún impuesto a las herencias, donaciones o sucesiones.

Y el segundo, que Brasil lidera la lista de concentración de milmillonarios en América Latina, seguido por México, aunque fue Chile el país en donde más creció la riqueza de los milmillonarios durante los últimos años, un 57% por ciento, para ser exactos.

¿Cuáles son los sectores económicos que generan esta riqueza en América Latina y el mundo? la minería, el sector energético, los servicios de salud y las finanzas, el entretenimiento. A estos sectores podemos agregar uno particularmente relevante en los últimos meses: el alimentario, rubro que ha sufrido sucesivas alzas producto de la incertidumbre que genera la guerra.

En resumen, nunca antes los ricos de nuestro continente fueron tan ricos como en este momento, y nunca hubo tanta gente viviendo en la pobreza y la miseria. Sin embargo, a los perdedores de siempre, los de todas las crisis, esta vez se sumaron sectores de clase media, aquellos más educados, que en el pasado gozaron de cierto nivel de vida, pero que producto del largo encierro y la pérdida de su empleo o negocio, pasaron a ser parte de los grandes bolsones de pobreza y precariedad en la que se sumió América Latina durante y posterior a la pandemia.

Según datos proporcionados por la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, entramos al año 2023 con más de 200 millones de personas viviendo en la pobreza a las que se suman 82 millones de personas más viviendo en la pobreza extrema.

La inseguridad alimentaria pasó a afectar a 4 de 10 habitantes de este continente; es decir el 40% de la población no tiene en este momento, acceso a la alimentación mínima para asegurar su vida. Las consecuencias de este panorama también las vivimos en la tragedia humana de la migración y los desplazamientos forzados que están agotando las capacidades económicas y de seguridad de los estados receptores de migrantes irregulares.

La desigualdad, histórica y estructural en nuestra región, se acrecentó a niveles nunca antes vistos, mientras el patrimonio y las ganancias del 10% más rico nunca tuvo mejores dividendos. Todo dentro de un escenario de inflación que aún golpea con fuerza al 90% de la población económicamente activa del mercado formal que ha visto disminuir en al menos un 10% sus salarios.

A esto habría que agregar también, las perdidas sufridas por los trabajadores de los sectores informales, que en el continente está compuesto por aproximadamente el 50% de la población económicamente activa, siendo la mayoría de ella mujeres, indígenas o trabajadores rurales de los cuáles ni siquiera es posible obtener estadísticas certeras que hablen de su extrema precariedad.

De otro lado de la vereda, las élites y sobre todo la económica, este pequeño grupo de empresarios dueños de grandes capitales no solo nos demuestra que son impermeables a las crisis económicas y sanitarias e imbatibles frente a la inflación, sino que han mostrado salir más ricos y fortalecidos de esta crisis económica global.

¿Razones? muchas, ventajas comparativas para negociar precios e inversiones, influencias políticas para bloquear reformas que nos les favorecen, capacidad de cooptación del sistema político para diseñar leyes a su medida, monopolio en la explotación de los recursos naturales, y un largo etc. Aunque existe otra razón de peso: la baja tasa de tributación sobre su patrimonio, sus transacciones en el mercado financiero y especulativo.

Frente a este panorama, es urgente poner en el centro del debate a la justicia tributaria, que en palabras simples no es más que poner en práctica el imperativo de que cada persona pague un impuesto justo de acuerdo a su nivel de ingreso y patrimonio. La necesidad de que cada uno aporte lo que corresponde a los ingresos de la nación, es ahora mismo una de las principales herramientas para asegurar la atención de las necesidades urgentes de la población, invertir en educación y salud, pero también en protección social.

Sin embargo la justicia tributaria, hasta ahora, no interpela al pequeño grupo de súper ricos que en nuestro continente no solo maneja la economía, sino que también la política. Con dinero se compran influencias y se financian campañas electorales que llevan a sus representantes, o más bien a sus “soldados”, a promover en el congreso las leyes que los benefician.

De esto sabemos bastante en América Latina y en Chile donde las garantías y fórmulas para evitar o derechamente evadir impuestos por parte de las corporaciones, empresas y privados con altos ingresos son pan de cada día, delitos que por lo demás, no tienen en la práctica ninguna consecuencia.

Así el imperativo de la justicia tributaria, aquel principio que parece funcionar más en otras latitudes (sobre todo europeas) a las que muchos empresarios y políticos “dicen admirar”, puestas en un contexto local parecen simplemente una locura de un grupo de fanáticos.

Para nuestros empresarios nunca es tiempo de subir impuestos, ya sea porque hay crisis y no conviene “ahogar” con más impuestos a quienes en teoría generan empleos, pero que tampoco se muestran abiertos a gravar sus ganancias cuando la economía marcha bien. Así la crisis económica, la siguen pagando las clases medias y bajas con alzas de precios e inflación, mientras que el gasto público y las políticas sociales siguen financiándose con impuestos a la renta y al consumo de la población que solo tiene lo necesario para compra alimentos, ropa o electrodomésticos, en el mejor de los casos.

La estadística está ahí, a la vista de quien la necesite y nos recuerda que los pactos tributarios con justicia no pueden seguir esperando. Sin embargo, el mayor obstáculo para avanzar sigue siendo el pequeño grupo de privilegiados que se opone sistemáticamente a pagar lo que le corresponde, no solo porque sus ganancias son gracias a la explotación de recursos naturales que pertenecen a la sociedad en su conjunto, sino que porque gran parte de su riqueza proviene de evasiones fiscales y de la apropiación desmedida de las ganancias que se generan a costa del trabajo de millones de trabajadores que no pueden sostener sus vidas con dignidad.

En esta hora en que muchos países de Latinoamérica quieren avanzar en la generación de pactos fiscales que, coordinadamente, recojan más impuestos de las grandes ganancias, que luchen contra la evasión, los paraísos fiscales y que generen mejores políticas públicas para todos, los gremios de empresarios y sus soldados puestos en la política, vuelven a oponerse a la búsqueda de acuerdos.

Una muestra es el portazo a la reforma tributaria impulsada por el gobierno chileno, que sigue en búsqueda de un acuerdo a través de un pacto tributario donde las propuestas, con seguridad, saldrán de la negociación bastante más escuálidas de lo que entraron.

Esto demuestra que en Chile, como en muchos lugares de América Latina, nuestras élites son al menos temerarias al querer mantenerse ciegas y sordas frente las demandas de la ciudadanía por mejores jubilaciones, una mejor salud o por salarios decentes, que deben ser financiadas en gran parte con una reforma tributaria.

La historia de las revueltas sociales de los últimos años parece no haber generado alguna lección entre ellas. Pronto han olvidado por ejemplo que, en el Chile de 2019, esta postura obtusa y soberbia no los mantuvo a salvo del conflicto, del desprestigio y de la impugnación.

Sin embargo, ahí siguen, alimentando la rabia. Moviendo sus piezas en el tablero político, “estirando el elástico” lo más que se pueda con tal de no pagar lo que les corresponde, amenazando con retirar inversiones y chantajeando al gobierno de turno que se atreva a fustigarlos. Esto hasta que el descontento se apodere nuevamente de las calles, y ahí seguramente tendrán el mismo argumento que en el Chile de 2019: “no lo vimos venir”, solo que esta vez la élite y sus soldados ya no podrán decir que no fueron advertidos.