Comisión contra la Desinformación: Mitos y realidad

En los últimos días, han surgido diversas voces de preocupación alrededor de la Comisión Asesora contra la Desinformación, particularmente centradas en la supuesta amenaza que ella representaría para las libertades de expresión e información. No obstante, en mi trabajo en terreno junto a organizaciones sociales y en visitas a medios de comunicación, he podido observar cómo las legítimas dudas de la ciudadanía se despejan cuando revisamos los hechos concretos que han marcado la instalación de la Comisión. Por eso, es bueno y necesario volver a recapitular el camino recorrido en esta materia.

El decreto de creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación, publicado el martes 20 de junio en el Diario oficial, señaló explícitamente que esta instancia asesorará al Gobierno en el estudio del fenómeno de la desinformación en plataformas digitales y el desarrollo de propuestas para abordar este fenómeno, con especial énfasis en alfabetización digital. Asimismo, el texto señala que se trata de un órgano temporal y que sus funciones “son de naturaleza consultiva y en ningún caso pueden importar el desarrollo de acciones de carácter ejecutivo por parte de la Comisión Asesora”.

En segundo lugar, el pasado 5 de julio, se anunciaron los nombres de las y los integrantes de la comisión. La nómina está conformada por académicos y profesionales de reconocida trayectoria en el mundo de las comunicaciones y la tecnología, pertenecientes a casas de estudio y organizaciones que representan un amplio arco de sensibilidades presentes en nuestra sociedad.

Finalmente, la propia comisión reafirmó, en su sesión inaugural, que su trabajo se concentrará en la desinformación en las plataformas digitales y no abordará la labor de los medios de prensa.

Así, los hechos respaldan lo que hemos manifestado como Gobierno en distintas instancias: la Comisión Asesora contra la Desinformación es una instancia de carácter temporal y consultivo, compuesta por un conjunto diverso de expertos y expertas que representan visiones que van más allá de la postura del Gobierno y que su trabajo se limita a las plataformas digitales. En consecuencia, no tiene ni tendrá facultades para modificar disposiciones constitucionales sobre la libertad de expresión e información, así como tampoco para revisar los contenidos de los medios de comunicación ni recibirá denuncias ciudadanas en esta materia.

En consecuencia, la invitación es a dar el espacio para que los expertos y expertas puedan realizar la labor que se les ha encomendado. La desinformación en plataformas digitales es un problema que debería preocuparnos a todos, porque daña la confianza en las instituciones públicas y entorpece la correcta implementación de políticas públicas.

Como Gobierno estamos comprometidos en abordar este fenómeno con altura de miras, incorporando las diversas visiones presentes en la sociedad, afrontando los desafíos que plantea el cambio tecnológico y respetando las libertades de expresión e información tan valoradas por todos y todas.