Transición Energética ¿Justa?

El mes pasado, el Ministerio de Energía ingresó en el Senado el proyecto de ley “Transición Energética”, cuyo objetivo es promover un sector eléctrico habilitante para ser un país carbono neutral al 2050, ajustándose a la ley Marco de Cambio Climático, que tiene como principio la “Equidad y Justicia Climática” y que impone el deber del Estado de procurar una justa asignación de cargas, costos y beneficios.

Este proyecto ha sido catalogado por múltiples actores del sector como un “Salvataje a las Renovables”, “Salvataje Eléctrico” o “Rescate Regulatorio”, cuestión que el ministro Pardow se ha esforzado en negar, pero fácilmente se puede demostrar que los grandes favorecidos con el proyecto de ley son la industria de las energías renovables, y que, además, el proyecto de ley de “justo” y “equitativo” no tiene nada pues, todos los cambios regulatorios y nuevas inversiones que propone, los pagamos quienes consumimos la electricidad, entre ellos; la ciudadanía.

En Chile, desde hace un tiempo se han generado importantes problemas con las generadoras renovables, a propósito de que en poco tiempo se instalaron muchas generadoras en varios lugares de Chile, especialmente en el norte, sin tener la capacidad de poder «evacuar» su energía, llegando incluso a perder esa energía generada. Eso ha generado grandes complicaciones con algunas, llevando incluso a un par al camino de la quiebra. De esta forma, el gobierno, a través del proyecto de ley “Transición Energética” ha encontrado una forma de “dar un alivio” a la industria renovables.

El proyecto plantea incluir el necesario criterio de la sostenibilidad en la operación del sistema eléctrico, cuestión que naturalmente beneficia a las renovables, pero a costa del aumento del precio de la electricidad a los usuarios. Luego, plantea aumentar y acelerar las obras de transmisión, necesidad imperante de las renovables, pero la transmisión por ley la pagamos en un 100% los usuarios, nuevamente aumento de costos. Tercero, plantea licitaciones públicas de sistemas de baterías para almacenar la energía de las renovables, y adivinen quién paga, nuevamente los usuarios.

Y, por último, el proyecto nos quita a los usuarios uno de los pocos ingresos, o descuentos, que tenemos por el hecho de pagar por completo la transmisión, traspasando dichos ingresos a algunas de las generadoras renovables. Solo sobre este último punto el ministro ha entregado costos, indicando que sería de $1 por kWh, para ningún punto del proyecto se han indicado beneficios reales en términos monetarios.

Como se observa, en cada punto del proyecto sabemos quienes pagan y quienes se benefician, pero para poder tener algunos números y hacer un balance más realista, la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor), que agrupa a los grandes consumidores de electricidad, tan afectados como la ciudadanía, ha realizado estimaciones que indica que el costo del total del proyecto es de $11 por kWh. O sea, si una familia en un mes consume normalmente 200 kWh, comenzaría a pagar $2.200 extra cada mes. O, si en una vivienda donde habitan varios núcleos familiares, por tanto, viven más personas y de esa forma, naturalmente, consumen más, por ejemplo 500 kWh, el aumento sería de $5.500 mensual.

Dicho todo esto, nos podemos dar cuenta que por “justo” no se caracteriza el proyecto, pues todo lo pagan los consumidores. Pero, además, el valor de la “equidad” tampoco identifica al proyecto, por una razón muy simple, son las personas más pobres del país las que, en relación a su sueldo, pagan más por la electricidad, de hecho, según el informe de CEPAL “Análisis de las Tarifas del Sector Eléctrico” (2020), el quintil más pobre del país gasta más de 3 veces más, respecto de su sueldo, que el quintil más rico. En términos muy simples, cada peso que aumenta en el costo de la energía eléctrica es a los pobres a quienes más golpea, pues disminuye en mayor proporción su disponibilidad de recursos.

Por último, el proyecto de ley se propone y difunde en nombre del cambio climático, bien, pero ¿qué pasa con el consumo de combustibles fósiles y contaminantes en el hogar? Es obvio que si la “cuenta de la luz” es más cara, es más difícil aún promover que la población abandone el uso de gas, parafina o la leña en sus casas, y transite a sistemas eléctricos que son mucho más saludables. Si la electricidad es más cara, más difícil será descontaminar las ciudades del sur de Chile. Como ven, hay una contradicción, avanzar hacia un sistema eléctrico más renovable, a costa de dificultar el abandono de los combustibles fósiles en los hogares.

Pero bueno, como todas las iniciativas del proyecto de ley apoyan a las energías renovables, muy necesarias para Chile y nuestros objetivos climáticos, pero van en directo desmedro del bolsillo de la población, yo digo “OK, echémosle una mano a las renovables, pero ¿cuál es la ganada de vuelta? ¿qué y cuánto ganamos los ciudadanos? ¿qué le ofrece el gobierno a la ciudadanía para que no solo pague los costos y tenga beneficios?”.

Sería muy interesante tener estás respuesta, o al menos saber si hay voluntad de responder estás preguntas y considerar a la ciudadanía, y sus dolores, en el proyecto de ley, ofreciéndoles una compensación producto de los aumentos de costos, en este nuevo cambio en las reglas del juego a la hora de pagar “la cuenta de la luz”.