22 de agosto de 1973

Hoy, 22 de agosto de 2023, se cumplen 50 años de uno de los hechos más vergonzosos de la historia del Congreso Nacional y, en particular, de la Cámara de Diputados. Un día como hoy, hace 50 años, la Cámara aprobó un acuerdo que -sin tener facultades para aquello- declaraba el quebramiento del orden constitucional.

¿Por qué fue tan grave la aprobación de este acuerdo para nuestra democracia? y lo más importante: ¿por qué es tan grave que hoy la derecha completa lo reivindique?

En agosto de 1973 llevaba pocos meses instalada la Cámara de Diputados que había sido elegida en marzo del mismo año, en unas elecciones donde la Unidad Popular, a pesar del paro de camioneros y el boicot incesante a su gobierno, obtuvo el 43% de los votos, lo que significó para la CODE -alianza entre la derecha y la Democracia Cristiana- estar lejos de llegar a los ⅔ que requerían para acusar constitucionalmente al presidente Salvador Allende, mecanismo que la Constitución de 1925 contemplaba.

En un acto de irresponsabilidad con la patria, la CODE presenta un proyecto de acuerdo, es decir, lo que en la actual Cámara se conoce como proyecto de resolución, en que se le suele pedir al gobierno que considere patrocinar un proyecto de ley, que se pueda pavimentar un camino, que el Ministerio de Salud tome una medida en particular u otras solicitudes. Pero que no son vinculantes de ninguna manera.

Ese fue el instrumento que utilizó la Cámara para declarar fuera de la ley al gobierno de la Unidad Popular. Sin tener las facultades constitucionales para hacerlo, y solamente como una forma de manifestar la frustración que les generaba no poder destituir al presidente por las vías constitucionales.

Ese acuerdo generó una conmoción en la opinión pública, y hasta hoy, sigue siendo citado para cuestionar la legitimidad democrática del gobierno del presidente Allende, así como para vestir de juridicidad el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, tanto así, que en el Bando número 5, del 11 de septiembre de 1973, se repiten varios de los argumentos de este proyecto de acuerdo que utilizó la Cámara para declarar fuera de la ley al gobierno de la Unidad Popular.

Para ponerlo en términos actuales, esto es tan grave como si la oposición al ex presidente Piñera, luego de fracasar en su intento de acusarlo constitucionalmente, hubiese presentado un proyecto de resolución que declaraba a su gobierno fuera de la ley. Jamás la oposición a los gobiernos de derecha ha caído en algo así, porque es una vergüenza para lo que significa el Congreso Nacional, pero la oposición al presidente Allende sí lo hizo.

El acuerdo del 22 de agosto de 1973 fue enviado solamente a los ministros militares del gabinete de Seguridad Nacional. En otras palabras, una inducción directa para pedir un golpe militar.

La Democracia Cristiana tuvo muchas dudas sobre si apoyar o no este acuerdo y finalmente lo hicieron, pero rápidamente se dieron cuenta que este fue utilizado por la derecha para justificar un golpe de Estado.

Así se puede revisar en entrevistas que la Biblioteca del Congreso Nacional ha realizado a ex parlamentarios de ese momento. Mariano Ruiz-Esquide señalaba que terminó siendo una “Acusación Constitucional, pero que ellos jamás lo consideraron así”, y que “es un paso que no se debió dar”.

El ex diputado Sergio Páez, señalaba que la Democracia Cristiana votó a favor, pero que esto se “distorsionó para producir el golpe, y no era el objetivo”, y más aún, Páez señala que las autoridades de la DC estaban conversando con Allende para dar viabilidad a un plebiscito, y que el Golpe de Estado se adelantó cuando se supo que el gobierno de la Unidad Popular ya tenía redactado por el ministro Briones un documento de convocatoria que iba a firmar el Presidente Allende.

Para hablar en contra del acuerdo intervinieron Luis Maira, Camilo Salvo y Jorge Insunza, diputados de la Unidad Popular, el diputado Insunza señaló: “Estamos en presencia de una agudización extrema de la embestida de los sectores que pretenden en nuestra patria desencadenar un golpe de Estado”.

El presidente Salvador Allende, dos días después de este acuerdo, respondió con un manifiesto a La Nación, señalando que la oposición buscaba “crear confusión interna” y  “facilitar la intención sediciosa de determinados sectores”. Cuánta razón tenía.

El presidente Allende señaló también “Reitero solemnemente mi decisión de desarrollar la democracia y el Estado de Derecho hasta sus últimas consecuencias”, y así lo hizo, incluso pagando con su vida el precio de defender la legalidad hasta el final.

Allende además indicó en su respuesta que “el inédito acuerdo aprobado no tiene validez jurídica alguna para el fin perseguido, ni vincula a nadie. Pero contiene el símbolo de la renuncia por parte de algunos sectores a los valores cívicos más esenciales de nuestra democracia” y puede ser comprensible que diputados de ese momento se hayan equivocado y hayan reconocido su error.

Como también lo señaló el ex presidente Aylwin en su libro recién publicado, dice que “jamás tuvieron en su mente la idea de incitar a un golpe de Estado, ni de que su texto… pudiera servir de pretexto para destruir ese orden”. Lo que fue ratificado, 50 años después, por el actual presidente de la Cámara, el demócratacristiano Ricardo Cifuentes, quién al asumir la presidencia de la Cámara señaló: “La declaración de la Cámara del 73 fue la luz verde del Golpe, en lo personal, no tengo problema en hacer un mea culpa”.

Lo que no es comprensible, es que a 50 años del quiebre de la democracia, cuando el Poder Ejecutivo ha pedido perdón, y el Poder Judicial ha reconocido sus omisiones durante la dictadura, sea el Poder Legislativo, y en particular, la Cámara, la que no solamente desconozca su error y omisión, sino que sea la derecha completa la que busque reivindicar y darle validez “política y jurídica” a un acuerdo que no solamente carece de ambas, sino que es en sí mismo, una apología al golpismo.

Hoy, 22 de agosto de 2023, en la misma institución que cometió esta grave acción, se ha reivindicado esta ilegalidad, y lamentablemente, ha sido con la unanimidad de los partidos de derecha. Una situación grave y decepcionante, ya que nos señalan de alguna manera que sí, lo volverían a hacer.