Subsidiariedad del Estado en Chile, ¿un modelo eficiente?

En las últimas décadas, el concepto de subsidiariedad ha sido fundamental en la configuración del rol del Estado en Chile. Esta idea, que aboga por la transferencia de responsabilidades a actores privados con o sin fines de lucro (ONG’s y fundaciones), ha reconfigurado la forma en que se llevan a cabo diversas funciones gubernamentales, y por ende en cómo se entiende el rol del Estado para con la sociedad. Sin embargo, surge un cuestionamiento crucial: ¿hasta qué punto este modelo es eficiente y beneficioso para la sociedad chilena?

Se supone que la subsidiariedad busca maximizar la eficiencia y la innovación al permitir que diferentes actores desempeñen roles en áreas donde puedan aportar más efectivamente. No obstante, en la práctica, esta transferencia de funciones por parte del Estado ha llevado a una disminución del rol del mismo en la ejecución de servicios y políticas públicas clave. ¿Es acaso este traspaso de funciones una respuesta a una verdadera limitación estatal o simplemente una reducción de responsabilidades gubernamentales?.

Ejemplificaré este traspaso con el caso fundaciones que ha estado en la palestra el último tiempo; sabemos los múltiples cuestionamientos a la forma en la cual se traspasaron recursos por parte de una Seremi de vivienda a una fundación con nulo conocimiento para ejecutar políticas sociales en relación a una problemática tan importante como la vivienda.

Pero, más allá de la falta a la probidad y el tráfico de influencias que ha envuelto el caso, la pregunta de fondo que se debe plantear, es que incluso si la fundación en cuestión hubiera hecho todo de manera legal, y hubieran estado capacitados administrativamente para ejecutar un programa de esta envergadura, ¿puede efectivamente un privado o una ONG coordinar una acción más eficiente que el Estado en materia de campamentos?

Uno de los principales argumentos a favor de la subsidiariedad es la supuesta eficiencia que aportan los actores privados. Sin embargo, esta eficiencia puede verse empañada por la falta de coordinación y supervisión efectiva. El Estado, al contar con una visión integral de las necesidades y prioridades de la sociedad, podría gestionar de manera más coordinada y coherente las políticas y servicios que afectan directamente a los ciudadanos. Caso concreto de esto, es el programa campamentos, el cual “es el único programa estatal del país enfocado en el mejoramiento de calidad de vida de residentes en campamentos” (Minvu, 2019).

Así, el traspaso de recursos para fundaciones que ejecutan programas específicos para emergencias habitacionales, podría ser reemplazado por ejemplo, por el mejoramiento de programas ya existentes como el “Programa Campamentos” que se constituye como el único programa del Estado destinado exclusivamente a esta temática y que, hoy por hoy tiene asignado tan sólo un 2,2% del presupuesto total del Minvu, cuando las familias viviendo en campamentos representan un 9% del déficit habitacional del país.

Hoy el programa cuenta con evaluaciones donde dejan al descubierto sus falencias, en parte derivadas de los pocos recursos con los que cuenta actualmente. Parte de las falencias es la inexistencia de un acompañamiento a las familias para vislumbrar si efectivamente estas mejoran sus condiciones de vida una vez obtienen la vivienda social.

Así, podemos proponer a lo menos que, hoy los programas con falencias, como este, pueden ser mejorados con mayores recursos gracias a que el Estado cuenta con una evaluación de los programas y puede subsanar las falencias, en vez de ser traspasadas estas funciones a entes externos sujetos a casi nula fiscalización en la práctica y que puede que actúen con programas experimentales que fallen en los objetivos que se proponen.

Finalmente, podemos afirmar que el debate sobre la subsidiariedad del Estado en Chile es complejo y multifacético, y está en plena disputa. Si bien es cierto que la participación del sector privado puede aportar beneficios en términos de eficiencia e innovación, es necesario evaluar cuidadosamente los impactos a largo plazo en la calidad de los servicios, la equidad y la rendición de cuentas.

El desafío radica en encontrar un equilibrio que permita aprovechar las fortalezas de ambos sectores, sin perder de vista el bienestar y la igualdad de toda la sociedad chilena; es decir, encontrar un equilibrio en donde se pueda aprovechar al máximo la capacidad de coordinación del Estado y sus funciones, y donde el rol del privado sea efectivamente relegado a aquello que el Estado, por sí sólo, no pueda ejecutar de la mejor manera.

El llamado es a ser realistas, no caer en fanatismos ni en lugares en donde la ideología le gane a lo práctico. Para eso faltan nuevos consensos sobre el rol del Estado en materia de políticas públicas y revisar si se ha estado actuando de la mejor manera traspasando recursos a terceros. Esto, especialmente en tiempos constitucionales en donde algunos proponen la reducción del Estado como la solución a casi todos los problemas de nuestro país.